Este jueves, a tres días de iniciarse la 69° Asamblea plenaria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en Lima, Perú, el gobierno de Chile finalmente pagó la deuda que mantenía desde hace dos años con el organismo mundial encargado de la conservación y manejo de las poblaciones de cetáceos, luego de una fuerte campaña impulsada por organizaciones socioambientales nacionales e internacionales.
Desde el 27 de agosto, el Centro de Conservación Cetácea, el Centro Ecocéanos y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) estuvieron solicitando al gobierno del Presidente Gabriel Boric el pago de casi $32 millones de pesos de manera urgente.
A este llamado se sumaron más de 65 organizaciones de 16 países que veían con incredulidad la falta de acción por parte de las autoridades locales frente a la conservación de la biodiversidad marina.
Según fuentes del gobierno chileno, se efectuó el pago a la CBI, por lo que tendrá derecho a voto en el foro mundial a realizarse desde el 22 al 27 de septiembre en Lima, donde se teme que el bloque ballenero podría impulsar una propuesta para terminar con la moratoria global sobre la caza comercial de ballenas que ha protegido a estas especies de la matanza durante más de 40 años.
Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea, sostuvo que “nos satisface saber que, gracias al contundente llamado de la sociedad civil, las autoridades finalmente han respondido de manera positiva. Chile podrá llegar a la asamblea plenaria de la CBI con derecho a voto. Esto es decisivo porque podrá defender a las ballenas de propuestas que buscarán eliminar la moratoria sobre la caza comercial que serán presentadas en Perú, y que son impulsadas por el gobierno de Japón, a pesar de que esta nación ya no es miembro de este organismo internacional”.
Cabrera afirmó que espera que “esta situación no se repita en el futuro, y que las autoridades mantengan al día la cuota de membresía para representar cabalmente nuestra política de estado comprometida permanentemente con la defensa de la moratoria, el uso no letal de los cetáceos y la protección de estas especies en aguas nacionales e internacionales”.
Para Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, “que el gobierno chileno haya superado su inacción, asegurando su plena participación con derecho a voto en la 69° Asamblea plenaria de la CBI en Perú, demuestra el papel clave que tiene el control de la ciudadanía sobre el accionar del Estado y sus instituciones, así como el rol de las redes sociales y la presión coordinada de más de 65 organizaciones socioambientales chilenas e internacionales, para continuar impulsando la voluntad política de los países conservacionistas de manera de mantener la actual moratoria ballenera y continuar resistiendo los intentos de Japón de reabrir la caza comercial de ballenas en aguas internacionales”.
Cárdenas hizo un llamado a “fortalecer la unidad de las organizaciones defensoras de los océanos y su biodiversidad, a estar alerta con esta nueva etapa expansionista de Japón, que está utilizando la ‘diplomacia geopolítica del arpón’, para volver a expandir su presencia a través de la caza comercial de ballenas en los océanos Pacífico y Austral y aguas antárticas”.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, aseguró que “sin duda es una buena noticia que el gobierno finalmente pague y ponga al día la membresía de Chile en la CBI, y asista a este evento mundial con derecho a voto. Rescatamos muy positivamente el rol decisivo de las organizaciones socioambientales, tanto en hacer visible esta situación y también generar las acciones que empujaron al gobierno a actualizar su participación con derecho a voto”.
“Ante este incidente, que puso en duda el compromiso histórico de Chile en la protección de las ballenas y genera una inquietud legítima en la ciudadanía, nos parece que se debe transparentar con antelación las posiciones (votos) que el gobierno hará en la próxima reunión del 22 al 27 de septiembre en Lima de la CBI. El llamado es a no aceptar las presiones de Japón y jugarse por mantener la moratoria y protección de ballenas en territorio marítimo nacional como internacional”, precisó Cuenca.
