A raíz de la apertura del cuaderno de remoción en contra de la magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso Hermosilla, hace pocos días el máximo tribunal amplió la investigación y ahora se le indaga a la ex vocera por irregularidades en una serie de causas. Entre ellas, unas vinculadas a la empresa SQM (Sociedad Química y Minera) y el ex presidente de su directorio, Julio Ponce Lerou.

En concreto, se trata de un fallo que le habría costado al fisco aproximadamente 61 mil 536 millones de pesos, sentencia que derivó de una de las aristas del caso Cascadas.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado Mauricio Daza, afirmó que “estamos frente a una trama derechamente de corrupción e impunidad que parece que es de nunca acabar con SQM“.

“La verdad es que es una impunidad bastante grotesca, porque hay que considerar que SQM lejos de ser sancionado por esto y Ponce Lerou menos, al final son premiados, tanto son gratificados, que incluso este Gobierno le garantizó la explotación del Salar de Atacama hasta 2060 en un proceso que no tuvo ningún tipo de transparencia, sin licitación y en condiciones que son desfavorables para el fisco. En la practica parece que Julio Ponce Lerou y SQM en Chile son intocables“.

Así, el también querellante del caso Cascadas relató que la estructura que utilizó Ponce Lerou para acceder a financiamiento y créditos fue analizada en ese entonces por la Superintendencia de Valores y Seguros, la que llegó a la conclusión de que tenía un esquema que le permitía llevar a cabo hechos fraudulentos en la materia.

“A partir de esto nacen varias aristas, una que se denomina administrativa que tiene que ver básicamente con el pago de multas. Ahora esto es singular, porque el monto a partir del cual se habría obtenido ganancias de parte de Julio Ponce por este esquema fraudulento superan los cien millones de dólares por mucho y eso que solamente se investigó un periodo muy acotado, porque por temas de prescripción no se pudo investigar todo completamente. Finalmente, se le aplicó una sanción que era de cerca de 70 millones de dólares, lo que da cuenta de que esto era un gran negocio”, detalló.

El abogado Daza afirmó que “ni siquiera se pagó esa multa“, pues “los abogados de Ponce fueron primero al Tribunal Constitucional, que es un tribunal que ha operado bajo una clave política y ahí obtuvo un fallo favorable, pero después esto lo tenía que resolver la Corte Suprema, la que en un fallo bastante insólito le baja la multa de aproximadamente 70 millones de dólares a tres millones de dólares. Por tanto, fue un tremendo negocio vulnerar las normas de mercado de valores en Chile, vale la pena si uno lo ve desde esa perspectiva”.

“El perdonazo que hizo la Corte Suprema deja esto en el ridículo. El fallo fue 3-2, una sala de cinco miembros de la Corte Suprema analizó el caso y estuvo por bajar esta multa y uno de los votos claves fue el de ministra Angela Vivanco, o sea, sin su voto esto no se habría concretado y la rebaja no se habría producido“, destacó.

En esa misma línea, el también exconstituyente hizo hincapié en que este “es un caso bien singular, a diferencia de los otros en donde se le esta imputado a Vivanco también la posible intervención indebida en determinado fallos, pero en muchos de ellos, si uno prescinde de su votación igual se llega a un mismo resultado”.

“En el caso Cascada no. Entonces, por eso es tan importante, porque hay un perjuicio que es relevante, considerando además que Luis Hermosilla, que es la persona respecto a la cual se le esta sindicando vínculos indebidos, era uno de los abogados que participó en algún momento en la defensa de SQM“, aseguró.

Respecto a la crisis en el Poder Judicial, Mauricio Daza, sostuvo que: “Es clave resguardar la credibilidad de nuestras instituciones, de eso se trata, y si ya se pierde la credibilidad respecto de la labor del Poder Judicial y de la Corte Suprema, la verdad es que se pone en riesgo las bases de nuestra democracia, esto en un contexto en el que lamentablemente la credibilidad del sistema de justicia en Chile, dentro de los países de la OCDE es de los peores índices que existe dentro de ese grupo, creo que estamos últimos o penúltimos”.

“Entonces, espero que esto se siga investigando. Hay que señalar que no todo acto de corrupción es delito, pero sí todo acto de corrupción va en contra de la probidad y todo acto en contra de la probidad debiese ser sancionado ejemplarmente, ninguna persona que atente contra ella debiese ser parte del máximo tribunal de la Republica y de esa perspectiva hay que ver y observar como avanzan las acusaciones constitucionales“, destacó.

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