Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, fecha que se estableció en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en la localidad argentina de San Bernardo. 

No obstante, 34 años más tarde sólo se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin causales en tres países del Cono Sur: Colombia, Uruguay y Argentina.

Si bien en Chile existe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (Ley 21.030), según la militante de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Mena Muñoz, esta normativa cubre una cantidad “bajísima” de abortos, siendo la mayoría de ellos realizados en la clandestinidad.

“Es imposible conocer la cifra exacta, pero se calcula que se llevan a cabo entre 30 y 150 mil abortos al año. Es decir, cuando en Chile las personas deciden no llevar adelante su embarazo, se enfrentan a la falta de acompañamiento médico, a la clandestinidad y al peligro del mercado de negro para acceder a los medicamentos. Sabemos, al igual que mucha gente, que en nuestro país quien tiene dinero sí puede acceder a hacerse un aborto, por ello, nuestra exigencia es contar con una ley que comprenda que el aborto es nuestro derecho a decidir, es una cuestión de justicia social“, afirma.

La coordinadora de la Asamblea Permanente de Legalización del Aborto, Siomara Molina, coincide con Javiera Mena Muñoz, y señala que: “La realidad es que las mujeres y las personas que abortan lo hacen por muchísimos más motivos que las tres causales, los que tienen que ver la vida que uno planea tener o con las condiciones de vida que uno tiene, entonces, los abortos que ocurren fuera del marco de la ley, son miles, muchísimos más”.

“No conocemos una cifra exacta porque la clandestinidad hace que no podamos conocer la dimensión final, pero más allá de las causales, existe una realidad abrumadora que no podemos evitar de otro modo (…) Cuando prohíbes el aborto lo que se hace básicamente es inducir a las mujeres y a las personas que deciden abortar a que lo hagan en condiciones inseguras y pongan en riesgo su salud, su vida y su libertad “, asevera.

Asimismo, una de las voceras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González, asegura que “la legislación actual en nuestro país obliga a las mujeres a abortar en la clandestinidad, que se expongan a estafas en el mercado informal y que tengan un aborto con complicaciones. Todo eso pasa alrededor de una situación en la que el aborto se encuentra penalizado y las tres causales que tenemos, si bien nos parecen importantes, en ningún caso es el paso definitivo. Nosotras tenemos que apuntar a una legislación que otorgue condiciones para que podamos decidir y ellas tienen  que incluir la posibilidad de un aborto legal, seguro y ojalá gratuito“.

Cabe señalar que según la encuesta Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio y julio de este año, un 38% de las personas consultadas en ese periodo están de acuerdo con que las mujeres puedan optar al aborto libre, mientras que un 45% apoya la interrupción del embarazo en situaciones especiales.

“Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”: el futuro proyecto de ley de aborto del Gobierno

En su tercera Cuenta Pública el Presidente Gabriel Boric anunció la presentación de una iniciativa que consagre el aborto libre en Chile, la que de acuerdo a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sería ingresada al Congreso en diciembre de 2024.

Al respecto, la militante de la Coordinadora Feminista 8M sostiene que desde su organización esperan que el Gobierno cumpla con su compromiso y presente el proyecto a fin de año, iniciativa que debería estar acorde con “lo que pensamos e imaginamos desde el movimiento feminista, desde las mujeres y de las distintas organizaciones que defendemos los derechos sexuales y reproductivos”. 

“Nosotras estamos en un proceso de dialogo entre organizaciones sociales y territoriales, precisamente a partir de la pregunta de cómo nos imaginamos una ley de aborto legal en Chile. Para nosotras implica que se aborde esta problemática con la amplitud de miras que requiere una cuestión social tan importante, que incide en la salud reproductiva, en los proyectos de vida y en no aumentar el empobrecimiento de mujeres, de personas gestantes y de niñas“, añade.

De esta forma, Javiera Mena también destaca que desde la organización “nos interesa que la ley tenga un enfoque que incluya la atención primaria de salud y a las comunidades, a lo largo de todo el ciclo de la política pública, desde su gestión, implementación, ejecución y evaluación, para así poder avanzar en la despenalización social que tiene el aborto en Chile, además de terminar con la consignación de un delito que jamás debió existir”.

Para Siomara Molina de la Asamblea Permanente de Legalización del Aborto el proyecto de ley debe estar conforme a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.

En ese sentido, la coordinadora de la asamblea también espera sobre la futura tramitación legislativa que “los parlamentarios de nuestro país estén a la altura de las circunstancias y que logremos dar un debate informado, con base científica, una discusión donde primen elementos sanitarios y se pongan en un lugar importante la experiencia y recomendaciones que surgen desde los organismos internacionales que son especialistas en la materia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia”, añade.

A su vez, la vocera de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres subraya que “la discusión de este proyecto de ley tiene llevarse a cabo en profundidad y con enfoque de derechos humanos, además de las perspectivas feministas que aportamos distintas visiones al debate”.

“Entonces, tenemos que tener ciertos consensos básicos para la discusión, debatir conforme a la evidencia científica, testimonial de las mujeres que han estado en situaciones de aborto clandestino, para entender que con un poco de voluntad política y empatía hacia la mitad de la población, se podrían poner de acuerdo para acordar una legislación que sea acorde a estándares de derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser los que guíen el actuar de todo el Estado“, argumenta.

A siete años de la Ley IVE

Desde su promulgación en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en 2017, más de 4 mil 500 mujeres y niñas se acogieron a la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo.

Sin embargo, para las organizaciones feministas su implementación ha sido accidentada y la objeción de conciencia uno de sus principales obstáculos.

“Casi el 50% de los obstetras del sector público son objetores de conciencia y en cinco hospitales públicos tienen un 100% de profesionales médicos objetores. Esto genera que en regiones completas las personas no tengan donde acudir para ejercer su derecho legal en los casos extremos que contempla la ley, incluso niñas. Las organizaciones feministas articuladas por nuestros derechos sexuales y reproductivos hemos trabajado por exigir un reglamento que aborde estos otros problemas y que también ponga fin a la objeción de conciencia institucional“, explica Javiera Mena de la Coordinadora Feminista 8M.

En la misma línea, la coordinadora de la Asamblea Permanente de Legalización del Aborto además recalca sobre la objeción de conciencia que ésta “se ha vuelto un mecanismo de obstrucción frente al acceso, es decir, dificulta a quienes puedan optar a la ley a hacerlo de forma libre, oportuna, expedita y sin maltrato“.

“También hay otros elementos que continúan siendo deficitarios, hemos visto como en términos de técnicas de aborto, no se ha implementado lo que corresponde  a los últimos avances de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, se continúan haciendo legrados en Chile”, agrega Siomara Molina.

Asimismo, Priscila Gonzales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres enfatiza que la objeción de conciencia a terminado ser más relevante en los hechos, en los resultados y en el mediano y largo plazo.

“Desde nuestro punto de vista, no puede ser que existan regiones completas que solamente tengan equipos que sean objetores de consciencia. Alguna solución hay que encontrar a esto, los territorios no pueden quedar desatendidos. Cuando hablamos de que la política tiene que ser territorial, estamos hablando de esto también”, resalta.