Un paso importante en el Congreso Nacional dio el proyecto de convivencia escolar tras su aprobación en la Cámara de Diputados y despacho al Senado. Esta iniciativa cobró urgencia luego de casos como el de la profesora Katherine Yoma, quién se suicidó tras enfrentar acoso y violencia en el establecimiento donde impartía clases.

Dicha iniciativa busca prevenir y erradicar el acoso escolar y la violencia en establecimientos educacionales. Éste modifica la Política Nacional de Convivencia Educativa, y establece lineamientos sobre seguridad y convivencia que implementarán el equipo directivo y el coordinador de Convivencia Educativa.

“Buscamos responder una sentida demanda que han levantado las comunidades educativas”, expresó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en su intervención durante la discusión en la Cámara Baja. La iniciativa, además, establece que los reglamentos internos de los colegios deben tener medidas de prevención y protocolos de protección, investigación y sanción.

Así, Cataldo apuntó al “deber del establecimiento de adoptar medidas de prevención, de protección, como primera actuación frente a un hecho de acoso, violencia o discriminación contra cualquier integrante”. Respecto de los procedimientos disciplinarios, el secretario de Estado mencionó que deben consagrarse los principios de “imparcialidad, la privacidad, la propia personalidad y la celeridad”.

Visiones encontradas

De la norma aprobada se han desprendido diversas reacciones. Desde el Colegio de Profesores y Profesoras, mediante su presidente Mario Aguilar, si bien apuntaron a que “no es un proyecto perfecto” aseguraron estar conformes, pues lo ven como “un avance que entregará herramientas importantes para enfrentar los graves problemas de violencia, acoso y maltrato en las comunidades educativas”.

Sin embargo, el sector más crítico fue Renovación Nacional. La diputada Marcia Raphael, integrante de la Comisión de Educación, cuestionó la creación de equipos de convivencia escolar y la implementación de planes de gestión de convivencia educativa, liderados por un coordinador especializado en cada escuela, asegurando que habrá colegios que no podrán implementar esta medida.

“Si bien este proyecto busca mejorar la convivencia escolar, carece de los recursos y del apoyo necesario para ser efectivo. La falta de profesionales calificados, sobre todo en las zonas rurales, y la creciente violencia en los colegios hacen que esta propuesta sea insuficiente”, afirmó la parlamentaria de oposición.

“Es difícil implementar este tipo de medidas cuando muchos colegios no tienen acceso a personal calificado y el proyecto no contempla los recursos para contratarlo”, prosiguió con su crítica la diputada.

Una postura que encontró respuesta en el oficialismo. La también miembro de la Comisión de Educación, Daniela Serrano (PC), aseguró que desde la derecha “hubo mucha resistencia”.

La parlamentaria defendió que el proyecto “viene a resguardar la integridad de niños y niñas, a resguardar que no sean discriminados”. Por ello, aseguró que la derecha montó una estrategia para “decir ‘acá los proyectos de educación no se van a despachar de una manera fácil’ y así lo hicieron ver”.

Desde el Colegio de Profesores y Profesoras también criticaron el planteamiento de la oposición sobre el proyecto. Mario Aguilar calificó de “deplorables” los argumentos postulados en la Sala.

“¿Les da lo mismo los estudiantes que han muerto apuñalados o que han sufrido graves lesiones en riñas? ¿Les da lo mismo las altas tasas de licencias médicas de las y los trabajadores de la educación? ¿Les da lo mismo los graves hechos de violencia entre apoderados? ¿Les da lo mismo, son indiferentes o sólo es un gallito político, una pugna Gobierno-oposición?”, cuestionó el dirigente del Magisterio.

A pesar de la aprobación general del proyecto, algunas normas fueron rechazadas al no alcanzar el quórum de votos. Entre ellas, la que consideraba como objetivo de la educación media desarrollar habilidades para la resolución de conflictos personales e interpersonales. Ésto, a través de talleres en las horas de orientación y consejo de curso. También se rechazó que la Superintendencia de Educación realice capacitaciones a los colegios.

Por ello, el llamado del gremio de profesores fue que “el Senado tenga una actitud adecuada y reponga los artículos importantes que no fueron aprobados”. Asimismo, pidieron que “le den celeridad a esta ley, porque es urgente contar con herramientas para enfrentar la violencia”.