Durante la semana pasada, y luego de extensas jornadas de debate en la Comisión Mixta Especial, quedó listo el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. No obstante, este logro no estuvo exento de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, dentro los que se destaca principalmente un recorte de gasto de US$612 millones, una cifra que propiciará que el gasto público del próximo año pase de crecer 2,7% a 2%.

Y si bien dentro de la oposición se trata de un acuerdo celebrado por parlamentarios integrantes de la comisión especial, como es el caso de Felipe Fast y Juan Antonio Coloma, parte del oficialismo tampoco ve del todo descabellada esta reducción y valora el poder avanzar en el trámite del proyecto.

Así, por ejemplo, para el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, pese a reconocer que la discusión partió de forma confrontacional, terminó con “un espíritu de colaboración y de acuerdo”.

“Lo más importante es que este acuerdo en nada afecta a los sectores más sensibles donde el país todavía tiene una deuda social, como es el ministerio de Salud, Educación, Vivienda, Seguridad. De tal manera que los recortes que se van a hacer alrededor de 543 mil millones de pesos, van a poder distribuirse equitativamente y no van a afectar el pago de la deuda social que tiene el país”, dijo Naranjo en conversación con nuestro medio.

De hecho, respecto de la focalización del reajuste, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha mencionado que excluirá a los servicios de salud, las policías de Carabineros e Investigaciones, Gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda, áreas claves que fueron parte del debate, pero que dejan abierta otras dudas respecto de en dónde finalmente repercutirá como mayor fuerza esta medida.

Sobre esto se pronunció precisamente la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, quien criticó el rol de la derecha puesto que, en sus palabras, “le está negando la sal y el agua no al Gobierno, sino que principalmente a la gente”.

“Todo este tiempo han estado en contra de recaudar mayores ingresos y ahora impulsaron un recorte fiscal de 500 millones de dólares. Para hacerse una idea, esto equivale a cincuenta colegios, dos hospitales o a 180 buses eléctricos; y si bien logran este recorte, nosotros, en conjunto con el Gobierno y con acuerdos de la derecha incluida, nos concentramos en que el recorte no pueda incluir ni los fondos de vivienda, ni de educación, ni de salud, ni de seguridad”, explicó.

Sector social y cultural serían los más afectados

Por supuesto, las críticas y cuestionamientos a esta medida también incluyen la mirada de especialistas que, de partida, reconocen anomalías en el trámite del proyecto principalmente por adelantarse a los recortes en plena discusión legislativa.

No obstante, para el economista Andrés Solimano, el problema principal de esta reducción tiene que ver con qué gastos se van a tener que ajustar para equilibrar las cuentas. Y, en tal sentido, el experto proyectó que el sector cultural y social serán las grandes “víctimas” de este acuerdo.

“¿Qué se va a sacrificar? Seguramente las prioridades sociales y las culturales, así como un presupuesto con menos impulso fiscal que va a traer un crecimiento económico modesto, y se entra en un círculo vicioso de menos impulso fiscal y menor crecimiento. Menor impulso fiscal porque el crecimiento, como es débil, entrega poca recaudación. Por eso hay que evaluar las metas de una economía, no es solamente la cuadratura de los libros fiscales”, advirtió.

Asimismo, sobre el rol del ministerio de Hacienda en esta negociación, Solimano aseguró que “ha mantenido un criterio bastante restrictivo en la política fiscal de todos estos años en la actual administración. Y bueno, ahí estamos viendo que el crecimiento económico está bastante anémico. Entonces se produce un costo en el crecimiento económico”.

“Creo que estos recortes en el Presupuesto 2025, producto de una desaceleración del mismo crecimiento económico, hay que evaluarlos en términos de qué se va a sacrificar”, recalcó.