Hasta el Palacio de La Moneda, llegaron representantes de la Mesa del Sector Público (MSP) para entregar formalmente el petitorio de demandas al Gobierno iniciando, de esta forma, la negociación sectorial para la Ley de Reajuste General y mejoramiento de las condiciones laborales, período de diciembre 2024 – noviembre 2025.

Entre las demandas de materia económica, los gremios proponen un reajuste nominal de un 7,5% que impactaría en los salarios de funcionarios pertenecientes a organismos públicos dependientes del Estado como son ministerios, hospitales, consultorios, municipalidades, colegios, universidades estatales, entre otras instancias fiscales.

En el documento, desde la Mesa del Sector Público invitan en este periodo “al Ejecutivo a desarrollar una negociación que no especule respecto del porcentaje de pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las y los trabajadores del Sector Público, producto de la inflación acumulada en doce meses”, y para ello solicitan discutir sobre el incremento real que se trata de un 3%.

“Nosotros estamos haciendo una propuesta que en el análisis de las organizaciones tiene absoluta sustentabilidad. Estamos en un momento en el que, tanto desde el punto de vista de las proyecciones de IPC pasado e IPC futuro, hemos superado los últimos años en que efectivamente las escaladas de IPC imponían un peso muy grande a esta negociación y, respecto de avanzar, en un reajuste real nos parece que es absolutamente indispensable estos últimos dos años, básicamente por el IPC hemos tenido reajustes que han sido negativos, levemente negativos pero negativos, y no es razonable en nuestra opinión de que esto siga así”, sostuvo Carlos Insunza, coordinador de la MSP.

La reducción de la jornada laboral en el sector público a 40 horas, la reactivación de incentivos al retiros para mayores de 65 años, remuneraciones mínimas del sector público y otras medidas, son también parte de las demandas que contiene este pliego.

Preocupación por dictamen sobre “confianza legítima”

Los gremios, además, reconocen que la discusión de este año estará marcada por el polémico dictamen de la contralora Dorothy Pérez sobre “confianza legítima”.

Hay que recordar que, la nueva jefa de dicho órgano estableció que la “confianza legítima” de funcionarios públicos a contrata debe ser decidida por tribunales y no por la Contraloría.

Así, en el documento señalan que: “Más allá de las consideraciones jurídicas y de las vías de corrección e impugnación del mismo, venimos a representar al gobierno que se ha dilatado, por demasiado tiempo, la imperiosa necesidad de ajustar los marcos estatutarios que rigen al Empleo Público, para terminar con los despidos arbitrarios, con la precarización de los honorarios o el subterfugio de la compra de servicios, perfeccionar los mecanismos de ingreso a la administración, regular al personal de confianza política, así como la vacancia por salud incompatible e incorporar a los/as trabajadores/as del Estado al Seguro de Cesantía”.

Insunza, en esa línea, emplazó al Gobierno, señalando que “lo que ocurre es que es que es el propio Gobierno quien ha propuesto a la contralora Dorothy Pérez para que ejerza el cargo y entendemos que por tanto no puede pasar de largo respecto de los efectos que este nombramiento está teniendo. Nuestra evaluacion es que no se trata solo de este dictamen, estamos ante una contraloría que, desde que asumió la subrogancia, ha venido desarrollando y publicando dictámenes que sistemáticamente retiran a la Contraloría General de la República del control respecto de las arbitrariedades”.

El Colegio de Profesores, la Confusam, Anef, la Fenats, la Confedeprus, Confemuch y la CUT, son algunas de las organizaciones que suscribieron el pliego. Desde la MSP esperan que en lo inmediato el Gobierno instale la mesa de negociación para que la ley de reajuste este publicada, a más tardar, el 31 de diciembre.