Este viernes, las organizaciones que componen la Mesa del Sector Público iniciarán el proceso de negociación con el Gobierno para analizar los puntos del pliego, entre los cuales se encuentra el reajuste real de un 3% para todos los funcionarios. Si bien este es el tema central, como cada año, esta vez se suman otras peticiones a discutir con el Ejecutivo, representado por los ministros de Hacienda y Trabajo.

El reajuste salarial es el punto primordial y en esta ocasión la propuesta de la Mesa del Sector Público es de un 7,5% nominal que incluye un 3% real, es decir, sobre la inflación acumulada entre noviembre del 2023 y noviembre del 2024.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público y dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), explicó en qué se basa la demanda respecto de este reajuste salarial.

“Estamos haciendo una demanda de reajuste real. La señal que le estamos dando al Gobierno es que no es posible que se discuta un reajuste general que en los hechos signifique una pérdida de poder adquisitivo. Las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras del Estado no pueden ser consideradas como elementos de las políticas de gobierno o las políticas de restricción fiscal o de ajuste económico”, comentó Insunza sobre la demanda.

En particular, sostuvo sobre la cifra propuesta que se ha “planteado sobre la base de las propias proyecciones que el Ejecutivo ha planteado para el debate del presupuesto que todavía está en curso”.

“Se ha planteado una proyección de crecimiento del país que está levemente por debajo del rango que nosotros estamos demandando. Un incremento del presupuesto que también está en ese rango. Pero las cifras de las que estamos hablando están plenamente vinculadas a las proyecciones económicas que el propio ministro de Hacienda expuso”, defendió el dirigente.

Esta propuesta no ha dejado indiferente a nadie, incluyendo a parlamentarios que conforman la Comisión de Hacienda. Desde la oposición sobre todo consideran que estas cifras no están en concordancia con la realidad nacional y el escenario económico actual.

Incluso, han llamado a la moderación a los funcionarios públicos y le han pedido al Gobierno negociar razonablemente.

En respuesta a esta postura, Carlos Insunza opinó que es “impropio que desde el Congreso se esté buscando condicionar un proceso de negociación que se lleva adelante con el Ejecutivo”.

“Los parlamentarios tendrán la oportunidad de evaluar los acuerdos a los que se llegue y los proyectos de ley que se presenten. Pero esta lógica, particularmente de las bancadas de derecha y ultraderecha, que busca pautear el desarrollo del ámbito nacional como si tuviéramos un sistema parlamentario de gobierno es poco razonable”, argumentó Insunza, agregando que se escuchará a los parlamentarios cuando se ingrese la propuesta discutida con el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y no antes.

La agenda de estabilidad laboral

Por otro lado, el reajuste no es el único tema a discutir, sino que también las llamadas propuestas de “estabilidad laboral y trabajo decente”. El segundo punto importante presentado por la Mesa del Sector Público es el que tiene relación con el dictamen de la Contraloría General de la República respecto de la reinterpretación de la confianza legítima, el cuál ha generado rechazo transversal en las organizaciones del sector público.

Al respecto, Insunza sostuvo que la postura del Gobierno al respecto era “una falta de compromiso y de poca responsabilidad”.

“Si bien entendemos que la Contraloría General de la República es un órgano autónomo constitucionalmente, al mismo tiempo, a propósito de los hechos recientes, queda claro que es el propio Ejecutivo quien ha propuesto a la contralora Dorothy Pérez, entonces no resulta razonable que el Gobierno observe esto desde una vereda de espectador”, señaló.

Sobre lo mismo, denuncia que “se ha dado una señal nefasta a los trabajadores del Estado en términos de que la tutela de sus derechos se ha visto disminuida”. Por ello, esperan discutir “con el Ejecutivo fórmulas para resolver esta crisis que se ha generado en el ámbito del empleo público”.

Insunza recuerda en ese sentido que en los últimos años junto al Gobierno se han llegado a acuerdos como “evaluar las situaciones de funcionarios a contrata, de funcionarios a honorarios”. “Una serie de materias que están vinculadas a temas de empleo y que nos interesa seguir desarrollando, porque entendemos que, si bien parece poco probable que haya condiciones en el debate legislativo para abordar una reforma integral del empleo público, si tenemos la convicción de que hay materias que llevan demasiado tiempo arrastrándose”, apuntó.

Y en tercer lugar, desde la Mesa del Sector Público se insistirá en la agenda laboral, la cuál se viene desarrollando desde el 2022, y que esperan que se materialice en correlación con legislaciones recientes como la de 40 Horas.

“Hemos puesto un énfasis muy particular respecto de la reducción de jornada a 40 horas que ha tenido un retraso en su implementación. Le hemos expresado al Gobierno que es indispensable que se ratifique ese compromiso”, cerró Insunza.