Suprimir la figura del delegado presidencial fue parte de las promesas de campaña para avanzar en descentralización del -en ese entonces- candidato Gabriel Boric. Sin embargo, en el marco de la segunda elección de gobernadores regionales, dicha promesa sigue sin ser cumplida. De hecho, el Gobierno echó pie atrás a esta idea.

La autoridad regional fue creada por una reforma constitucional en el año 2017 que dividió el cargo de intendente, separando el ejercicio de las funciones de gobierno de las de la administración regional. De esta forma, se creó el delegado presidencial y el gobernador, este último elegido vía sufragio universal.

Fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quién sostuvo, en el Tercer Congreso de Descentralización, que “administrando el Gobierno se llegó a la conclusión de que no tener delegados presidenciales en las regiones no era una buena idea” porque “el gobierno iba a quedar sin orientación”, especialmente, en materia de seguridad y orden público.

Consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, el gobernador electo de la Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), sostuvo que, contrario a lo comprometido por el Presidente Boric y tras casi tres años de administración, hoy incluso el gobierno central tiene mayores atribuciones sobre las regiones que antes.

Óscar Crisóstomo, gobernador de Ñuble. Foto: Aton.

“Estamos viendo una profundización del nivel central en nuestras regiones. Esto lo vemos claramente expresado en la creación del Ministerio de Seguridad que actualmente está en trámite en el Congreso, donde se genera una seremi nueva de seguridad pública con más competencia, más dotación, más burocracia”, cuestionó.

En ese sentido, dijo no comprender “cómo un compromiso inicial en el cual se decía que el Presidente quería terminar con menos atribuciones de cuando llegó, y lamentablemente hoy lo que estamos viendo es que, al final de su periodo, el nivel central va a ser mucho más poderoso de lo que teníamos hace tres años atrás“.

Para el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, el caso Convenios y la competencia política que advirtieron -en el camino- senadores sobre la figura de los gobernadores, son factores que influyeron en la posibilidad de traspasar mayores atribuciones hacia las autoridades regionales.

“(El caso Convenios) desprestigió tempranamente la figura de los gobernadores. No obstante, hasta ahora no hay ninguno condenado, pero sí generó mucho ruido. Obviamente hubo aprovechamiento político de quienes nunca les ha gustado la descentralización y, lo otro, es que hay un conjunto importante de parlamentarios que al ver al gobernador desplegado se pusieron menos descentralizadores porque sintieron que perdieron protagonismo. Especialmente senadores que antes movían a su amaño a los gobernadores provinciales o a los intendentes, y hoy día lo hacen con los seremis”, argumentó.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Foto: Aton.

En esa línea, señaló que “obviamente autoridades hoy día ven en el gobernador una competencia y también han ido perdiendo apoyo de algunos de ellos, pero más bien por celos políticos que por razones de fondo. También es efectivo que a los regionalistas, quienes queremos avanzar más en la descentralización, se nos ha puesto la cancha más dura“.

Para Mulet, la figura bicéfala en los gobiernos regionales debe entenderse como “transitoria” ya que en sus orígenes, por razones políticas, ante la falta de una mayoría adecuada, se negoció una especie de transición donde iba a haber un gobernador elegido por voluntad popular y un delegado presidencial regional. “Y esa transición podía ser más larga o más corta”, explicó.

“El candidato Boric se comprometió durante su campaña a avanzar rápidamente en eso y a terminar con la figura del delegado presidencial regional, o sea, a focalizar todas las atribuciones en la persona elegida por voluntad popular, pero eso no se ha cumplido de manera que hay una deuda ahí“, afirmó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Universidad Austral de Chile y ex intendente de la Región de Los Ríos, Egon Montecinos, indicó que, producto de una reforma que quedó al debe, la separación de las intendencias en delegados y gobernadores impactó directamente en la coordinación de servicios públicos en las regiones.

“Descoordinaciones, conflictos entre autoridades muchas veces, roces, y los que pierden no son otros que la ciudadanía. Las políticas públicas muchas veces se retrasan, se provoca algún tipo de desilusión respecto de la autoridad que la ciudadanía elige a nivel regional porque también hay un problema de desinformación respecto de qué roles son los que cumple cada uno. Entonces, para mí el hecho de tener dos autoridades regionales no le hace bien al proceso de descentralización“, señaló.

Egon Montecinos, académico de la Universidad Austral y ex intendente de la Región de Los Ríos. Foto: U. Austral de Chile.

Parte de las explicaciones que se dan desde el mundo político para no eliminar la figura del delegado presidencial, responde a que el gobierno central no puede quedar fuera del control en orden público y dejarlo sobre un “gobernador político”, Montecinos calificó dicho argumento como “mañoso“.

“Es efectivo que a las policías o estas funciones de seguridad interior no se las deben entregar a un gobernador político, pero eso también es relativamente discutible”, defendió.

Lo último, considerando que “hay países donde sobre las policías existe una coordinación nacional y las autoridades regionales electas tienen una relación administrativa nada más con las policías. Colombia como país, por ejemplo, no se caracteriza por estar sin situaciones de conflicto a nivel territorial”.

Sobre si se debe eliminar el delegado o llegar a una instancia intermedia de coordinación, Montecinos sostuvo que “más que eliminar, dado que no hay piso político para esto, es reducir la función de coordinación del delegado presidencial regional sobre servicios que tengan directa incidencia en el desarrollo regional y económico y social de las regiones”.

“Cuando yo hablo de coordinar servicios públicos desconcentrados, no estoy hablando de que el gobernador designe al seremi de Obras Públicas. Estoy hablando que el gobernador regional es quién coordina la inversión de ese servicio en la región, la ejecución de presupuesto, la priorización de proyectos, la discusión de lo que en lenguaje de servicio público significa el ARI, el Anteproyecto Regional de Inversiones o el programa de inversión regional”, explicó.

Lo anterior, porque los gobernadores tienen una participación que no es vinculante. “Si un gobernador dice, ‘yo quiero fortalecer el agua potable rural’. ¿Quién tiene los recursos para el agua potable rural? El Ministerio de Obras Públicas a través de su programa de APR -Agua Potable Rural-. ¿Quién prioriza? El ministerio a nivel nacional“, dijo.

“¿Puede el gobernador decir, no necesito agua potable rural en la región y quiero que se dé prioridad a una caleta de pescadores? Hoy día el gobernador lo puede decir, pero no se decide en la región. La prioridad de ese sector no es vinculante, sino que un ministro puede decir ‘no, sabe que el Ministerio de Obras Públicas a nivel país tiene una meta que cumplir y su región tiene que tener cuatro APR -Agua Potable Rural- y ninguna caleta de pescadores”, finalizó.