Luego de las críticas transversales al recorte presupuestario de 7 mil millones de pesos al Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda estableció un compromiso con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para reajustar esta disminución de recursos para permitir la continuidad operativa del organismo público.

Durante la mañana de este martes, los máximos representantes se reunieron en las dependencias de Interior en el Palacio de La Moneda. Tras el encuentro, Valencia señaló que “fue una reunión muy provechosa, tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público, la Fiscalía, planteamos con mucha franqueza, creo que de manera bastante clara, cuáles son nuestras necesidades y el contexto actual, pero creo que hemos iniciado, acordado, un camino muy concreto que va a permitir que la continuidad operativa de la Fiscalía no se vea afectada desde el punto de vista del presupuesto”.

“Nos vamos muy conformes, muy optimistas, tenemos la certeza de que hemos sido escuchados, de que hay claridad respecto de nuestras necesidades y que, en definitiva, vamos a contar con los recursos necesarios para funcionar“, afirmó.

La readecuación de los recursos (el compromiso) se puede ejecutar porque la Ley de Administración Financiera del Estado permite que Hacienda realice ajustes presupuestarios durante el año. En definitiva, no es que quede sin efecto el acuerdo establecido entre el Congreso y la Dirección de Presupuesto en noviembre pasado para una rebaja preventiva del gasto público por un total de 544 mil millones de pesos.

Así, ambas partes darán inicio a una breve “fase técnica” para delinear que sectores de Fiscalía no podrán verse afectados por la rebaja al gasto público. Se espera que durante la próxima semana se obtengan resultados.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “habiendo entendido bien la forma en que se había aplicado esto y que no tiene que ver con dirigirse a ninguna institución en particular, sino que era un ajuste de carácter parejo, lo que vamos a usar son facultades de flexibilidades presupuestarias para asegurar que el Ministerio Público tenga la continuidad operacional que requiere para el cumplimiento de sus importantes labores”.

En esa línea, aseguró que estas acciones se ejecutarán “siempre manteniendo lo que fue el ajuste agregado del gasto, el hecho de que sea un ajuste compartido a lo largo de todo el sector público, pero siempre, tanto respecto del Ministerio Público como respecto de otras instituciones permitiendo las recomposiciones, los ajustes que sean necesarios, para que puedan operar adecuadamente”.

Respecto al recorte de casi 3 mil millones de pesos, por efecto rebote, al presupuesto de las policías, Marcel explicó que “en el presupuesto hay lo que se llama transferencias consolidables ¿Qué significa eso? Significa que son recursos que salen de una institución pero que se van a otro servicio público para la ejecución de un determinado programa, por ejemplo, en seguridad ciudadana, hay programas del Ministerio del Interior que se ejecutan a través de las policías para lo cual el ministerio le transfiere unos recursos”.

“Al ajustar los recursos, como parte de este ajuste parejo, en los ministerios de origen eventualmente podía ocurrir que se ajustara algo en el Ministerio o la institución que recibía los recursos, pero dado que a los ministerios de origen se les dio la facultad para, dentro del marco ajustado de presupuesto generar una composición distinta, entonces, en esas circunstancias, el propio Ministerio del Interior va a tener la posibilidad de decir ‘en lugar de acá, donde está afectando unos recursos de Carabineros, vamos a hacerlo en esta otra parte de nuestro presupuesto‘ institucional”, zanjó Marcel.