Si bien el Ejecutivo cerró el capítulo de tensión con el Ministerio Público tras el compromiso de readecuar la rebaja presupuestaria de 7 mil millones de pesos, las críticas por la implementación del recorte no cesan para el Gobierno, menos luego de que se diera a conocer un nuevo decreto del Ministerio de Hacienda que establece una disminución presupuestaria de casi $3 mil millones a las policías en el apartado 29 sobre adquisición de artículos no financieros.
Según el acuerdo al que llegó la Comisión Mixta de Presupuestos en noviembre pasado para el recorte del gasto público, dichas instituciones -que tienen a cargo la seguridad del país- están exentas de la afectación, junto a servicios de salud y otros esenciales.
Desde el Gobierno han defendido que esto corresponde a un “efecto rebote”. Se trataría de transferencias consolidables, es decir, recursos que en este caso pertenecen y salen desde el Ministerio del Interior hacia las policías para la ejecución de un determinado programa, y que sería la misma cartera la que tiene la posibilidad de revertir la afectación. Por tanto, no se estaría incumpliendo el acuerdo .
La ministra Carolina Tohá explicó que: “El acuerdo que se tomó tenía recortes, como tienen todos los ministerios, recortes en el Ministerio del Interior que se reflejan en el presupuesto de los policías porque son parte de ciertos recursos que se llaman consolidables, parten en un ministerio y después se tienen que transferir a otro, y terminan impactando en cómo se refleja el presupuesto de cada institución”.
En una pauta de entrega de vehículos en la Región de O’Higgins, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, fue consultado por la perspectiva de las policías que, en este caso, se verían directamente afectadas. Sin embargo, Araya evitó polemizar con la ministra Tohá -que estaba a su lado- y respondió que “lo que nos corresponde a nosotros y lo que estamos realizando, es trabajar cada día optimizando nuestros recursos“.
Este decreto sorprendió nuevamente al Congreso Nacional. Parlamentarios de distintas bancadas sostienen que se trata innegablemente de un incumplimiento del acuerdo, y que pudo ser evitado por la jefa de Interior, figura a la que apuntan los dardos junto a Marcel.
El diputado Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, sostuvo que “la ministra del Interior da una muy mala excusa, porque finalmente la rebaja presupuestaria termina afectando a las Policías de Investigaciones y Carabineros. La ministra debe dejar de justificar lo injustificable, acá falta a la palabra, falta a un acuerdo, y eso revela que esto es lo peor o lo más bajo que hemos visto en materia de acuerdo acá en el Congreso Nacional”.
“Si el ministro de Hacienda es capaz de incumplir un acuerdo suscrito por escrito, quiere decir que es capaz de cualquier cosa, y lamentablemente esto sigue deteriorando la política y la capacidad de llegar a acuerdos con un gobierno que es incapaz de cumplirlos. Esto es un engaño y una ofensa al Congreso Nacional y a los chilenos, en la mayor crisis de seguridad que vive la historia de nuestro país”, añadió.
El diputado de la UDI, Felipe Donoso, en tanto, le dio un plazo de horas a la secretaría de Estado para que rectifique su “error”.
“Si la ministra del Interior no es capaz de administrar su presupuesto y hacer valer este acuerdo, creemos que está en un grave error. Por lo tanto, le damos este día o las próximas horas para que enmiende su error y nos diga cómo va a corregir su presupuesto sin afectar a las policías, porque es su deber no solo cumplir con la Ley de Presupuestos, sino también cautelar la seguridad de los chilenos”, afirmó.
Cabe señalar que ya está citada la ministra Tohá a Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. También la Comisión de Seguridad del Senado elevó una solicitud para pedir a los ministerios del Interior y Hacienda que “reviertan el efecto rebote en las policías”.
El presidente de esta instancia, el senador Iván Flores (DC), señaló que “se enciende de inmediato una alerta pues el fortalecimiento de las policías es clave en el combate de la delincuencia y el crimen organizado y va en sentido contrario a lo acordado en Ley de Presupuesto, priorizando tanto a Carabineros como a la PDI”.