En el marco de la reforma de pensiones, los controladores de las aseguradoras de fondos de pensiones de Estados Unidos enviaron una carta de alerta al Presidente Gabriel Boric señalando que la propuesta “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio“. El gremio agrupa a las compañías Principal (AFP Cuprum), Metlife (AFP Provida), y Prudential (AFP Habitat).

Por medio de la misiva, firmada por David Chavern, presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), indican: “Escribimos para compartir nuestras preocupaciones sobre la reforma de pensiones que ahora está frente a la legislatura chilena, y su impacto en los trabajadores chilenos, en la economía chilena y en la forma en que las disposiciones clave de la reforma violarán los derechos de inversión de los inversores estadounidenses en el sector de pensiones“.

“Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile. Sin embargo, la reforma de pensiones propuesta no solo socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera. A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”, añaden.

En esa línea, indican que “la propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones constituiría una expropiación de inversiones significativas de EEUU en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional. Además, la propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”.

“La medida otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión. Además, el reciente anuncio de la ministra del Trabajo de incluir a un inversor público, financiado por el Estado, afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas”, sostienen.

De esta forma y entre otras declaraciones, señalan que “tales violaciones de los derechos de los inversores de larga data perjudicarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura, que ha sido un motor vital de crecimiento y estabilidad económica. Las empresas que han realizado, y continúan realizando, inversiones significativas en Chile, confían en contar con un marco regulatorio de normas y derechos, muchos de los cuales están codificados en los diversos tratados que Chile se ha comprometido soberanamente a honrar”.

Ministra Jara: “Los afiliados no son propiedad de nadie”

En conversación con CNN Chile Radio, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue consultada por el contenido de esta misiva y defendió que el “debate democrático” al respecto radica en el Congreso Nacional.

“Los afiliados no son propiedad de nadie, son personas (…) Hay que recordar que en Chile ya existe la licitación de los nuevos afiliados, entonces la propuesta que ha hecho el Gobierno es consistente con lo que considera correcto, no solamente de fondo, sino que también dentro del marco legal”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que “el debate hoy día no está puesto ni con las AFP, ni con las administradoras estadounidenses que son dueñas de tres AFP o tienen propiedad en tres AFP en Chile, sino que está puesto precisamente en lo que está en discusión en el Congreso Nacional, allá se da el debate democrático porque allá están las personas que los chilenos y chilenas eligieron para estos cargos”.