Corte de Apelaciones de Temuco mantuvo prisión preventiva del diputado Ojeda

El parlamentario está privado de libertad desde el 3 de enero, en el marco de la investigación por el destino de más de $730 millones de pesos que el Gobierno Regional de La Araucanía destinó a las fundaciones Folab y Educc.

El parlamentario está privado de libertad desde el 3 de enero, en el marco de la investigación por el destino de más de $730 millones de pesos que el Gobierno Regional de La Araucanía destinó a las fundaciones Folab y Educc.

La Corte de Apelaciones de Temuco nuevamente resolvió mantener en prisión preventiva al desaforado diputado Mauricio Ojeda, investigado por fraude al Fisco en la arista “Manicure” del caso Convenios en la Región de La Araucanía.

En fallo unánime, los miembros de la Tercera Sala del tribunal de alzada temuquense resolvieron que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que mantuvieron la medida cautelar más gravosa.

El 13 de enero pasado, el tribunal rechazó un recurso de la defensa de Ojeda, y en esta oportunidad la audiencia consistió en una revisión de cautelares que culminó con la ratificación de la prisión preventiva del desaforado.

Ojeda deberá continuar recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco mientras se desarrolla la investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad.

El diputado está privado de libertad desde el 3 de enero, en el marco de la investigación por el destino de más de $730 millones de pesos que el Gobierno Regional de La Araucanía destinó a las fundaciones Folab y Educc.

En el marco de los convenios firmados, los dueños de las fundaciones recibieron estos recursos desde la gobernación regional de La Araucanía y tenían como destino financiar cursos de peluquería, manicura y pedicura para mujeres vulnerables provenientes de Temuco y Padre Las Casas, lo cual nunca ocurrió.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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