La discusión de la sociedad sobre el aborto, más que oportuna o inoportuna, es inevitable. Como ocurre en general en democracia con las tensiones entre los sectores legítimamente conservadores y quienes legítimamente promueven cambios, avanzan transformaciones socioculturales, como parte de procesos mundiales, con independencia de lo que el sistema político chileno quisiera o no. En ese contexto, el debate sobre el aborto no es, como estiman algunos, solo una cuestión moral o religiosa, sino un punto de inflexión en las luchas que ya acumulan décadas por la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos reproductivos. Las nuevas generaciones –especialmente las mujeres- han alzado la voz y se han organizado en todo el mundo para exigir coherencia en la institucionalidad: si por un lado esta demanda es parte de los derechos sexuales y reproductivos, es paradójico que por otro su ejercicio sea sancionado penalmente.

Organismos como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la OMS han reiterado que la penalización total o parcial del aborto viola tratados internacionales firmados por la mayoría de los países, incluyendo Chile. Así las cosas, no se puede hablar de una mera discusión valórica cuando nuestro país, como integrante pleno de la comunidad internacional, además de deberes tiene obligaciones.

En relación a este tema, ha habido sucesivos pronunciamientos de la institucionalidad política del mundo sobre Chile. Por citar solo uno entre los últimos, el año pasado la relatora especial de la ONU para el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, instó al Congreso de Chile a modificar lo que llamó una restrictiva ley del aborto, en alusión a que solo permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: el riesgo para la vida de la madre, la inviabilidad del feto o el embarazo por violación.

Aprovechó, también, de señalar la ley que permite la objeción de conciencia de profesionales de la salud a título individual e incluso permite que hospitales y centros de salud completos se declaren con el “estatus de objetor de conciencia”, lo que hace que los servicios de aborto sean a veces, literalmente, inaccesibles. Sobre este punto, y como señalaba ayer la ministra Antonia Orellana, el aborto incluso bajo las tres causales se hace impracticable cuando las mujeres no encuentran en toda su propia región, y siquiera en las aledañas, un solo centro y un solo equipo médico disponible para practicar la interrupción del embarazo. 

Al respecto un último punto, de carácter general, es que el rol de la institucionalidad democrática es precisamente canalizar y asumir los debates sociales. Es legítimo estar a favor o en contra, pero no parece razonable la apelación de algunos parlamentarios a que esto no se discuta, como si se pretendiera con ello que la demanda dejara de existir. Cuando nuestro sistema político evade temas sensibles como el aborto, no los eliminan, al revés, debilita sus instituciones ante los ojos de la ciudadanía, especialmente cuando al mismo tiempo se promueven proyectos de ley insulsos o iniciativas que solo hacen perder tiempo, como por ejemplo la mayoría de las acusaciones constitucionales que hemos conocido en los últimos años.