El martes, la Operación Tokio desarticuló una red de lavado de activos del Tren de Aragua que movió cerca de 80 millones de dólares a través del sistema financiero chileno. Entre los detenidos hay ejecutivos bancarios. El miércoles, el Senado empató dos veces en la norma que habría permitido seguir esa ruta del dinero con mayor velocidad. El jueves, el ministro de Hacienda anunció un proyecto paralelo que mantiene el control judicial como requisito. El viernes, el debate seguía exactamente donde estaba antes de la Operación Tokio: ¿con o sin autorización judicial?

Lo que mostró la Operación Tokio es que dentro de los bancos había personas que facilitaban activamente el movimiento de dinero ilícito. Es decir, estamos hablando de un sistema financiero que tiene cómplices adentro. Pero el debate político, con notable disciplina, eligió no hablar de eso.

El secreto bancario se defiende en Chile con un argumento que tiene algo de verdad y mucho de conveniencia: protege la privacidad financiera del ciudadano frente al Estado. El argumento es legítimo en su formulación abstracta. Un Estado con acceso irrestricto a la información financiera de sus ciudadanos puede abusar de ese acceso: persecución política, espionaje fiscal selectivo, uso de datos para fines distintos a los declarados.

Pero ese argumento, aplicado al debate de esta semana, tiene un problema de escala. La norma que el Senado empató no permitía al Estado espiar las cuentas de los ciudadanos. Permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitar directamente a los bancos información sobre operaciones sospechosas previamente reportadas, vinculadas a personas jurídicas o funcionarios públicos, sin esperar autorización judicial. Para nada es vigilancia masiva al ciudadano indefenso. Muy por el contrario, es seguimiento focalizado de flujos que los propios bancos ya habían marcado como irregulares.

Cuando se defiende el secreto bancario en ese contexto apelando a la privacidad del ciudadano, se está usando al ciudadano como escudo para proteger algo distinto: la opacidad operacional de la institución financiera. El ciudadano común no tiene operaciones sospechosas reportadas por su banco. El ciudadano común no mueve 80 millones de dólares a través del sistema financiero ni necesita que la UAF no pueda actuar rápido. Ahí estamos hablando de otros actores.

El empate en el Senado no es neutro. En términos prácticos, mantener el statu quo significa que la UAF sigue dependiendo de un trámite judicial para acceder a información que los bancos ya tienen identificada como sospechosa. En Chile, ese trámite puede tomar días o semanas. El dinero del crimen organizado cruza fronteras en minutos. Esa asimetría de velocidad es estructural y el empate la conserva intacta.

Coherente con su doctrina, la derecha votó en bloque en contra apelando a garantías constitucionales; coherente con los intereses del sector financiero, que históricamente ha resistido cualquier ampliación de las facultades fiscalizadoras del Estado sobre sus operaciones. Que ambas coherencias coincidan no prueba mala fe, pero sí obliga a nombrar la coincidencia.

Desde 2022 los bancos reportan al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuentas con movimientos sobre 1.500 UF mensuales. Todo lo que está bajo ese umbral permanece opaco. El crimen organizado, que conoce los umbrales, opera por debajo de ellos con la sistematicidad que documentó la Operación Tokio. El sistema está diseñado con las ventanas abiertas donde conviene y cerradas donde también conviene.

La Operación Tokio tiene un dato que el debate político procesó mal. Mostró que el crimen organizado había resuelto el problema de la información de otra manera: comprando a quienes la tenían. Ejecutivos bancarios que no solo no reportaron operaciones sospechosas sino que las facilitaron.

La pregunta que el proyecto de Hacienda no responde —y que ningún parlamentario formuló con claridad esta semana— es qué consecuencias tienen las instituciones financieras que facilitan operaciones ilícitas. No sus ejecutivos individuales, que enfrentan el proceso penal que corresponde. Las instituciones. Sus directorios. Sus sistemas de compliance que fallaron o que fueron diseñados para fallar. Mientras esa pregunta no tenga respuesta legislativa, el debate sobre el secreto bancario está discutiendo el cerrojo de la puerta trasera mientras el portón principal sigue sin cierre.

Los países que han resuelto con más eficacia el problema del lavado de activos no lo hicieron eliminando el secreto bancario ni tampoco manteniéndolo intacto. Lo hicieron con fiscalización proporcional al riesgo, trazabilidad de flujos en tiempo real y consecuencias institucionales severas para los bancos que fallen en sus obligaciones de reporte. En Estados Unidos, los bancos pagan multas de miles de millones de dólares por fallas de compliance en materia de lavado. En Europa, la regulación AML (Anti Money Laundering) impone obligaciones de reporte automático que no requieren autorización judicial para flujos que superan ciertos parámetros.

Chile tiene la UAF, el SII y Aduanas. Lo que no tiene es un marco legal que les permita coordinarse con la velocidad que el crimen organizado opera, ni un régimen de responsabilidad institucional para los bancos que fallen en sus obligaciones. Y el proyecto paralelo de Hacienda, según lo que se conoce hasta ahora, tampoco.

La privacidad financiera es un bien público legítimo. Las personas tienen derecho a que sus transacciones no sean visibles por defecto para el Estado ni para terceros. El problema no es el principio, sino que en Chile ese principio se ha operacionalizado de una manera que beneficia desproporcionadamente a los actores con mayor capacidad de moverse en la opacidad: el crimen organizado, los grandes evasores tributarios y las instituciones financieras que prefieren no ser fiscalizadas.

Cuando el secreto bancario protege al ciudadano que tiene sus ahorros en una cuenta corriente, cumple su función. Cuando protege a la red que movió 80 millones de dólares del Tren de Aragua porque el trámite judicial llegó tarde, está sirviendo a otro propósito. El debate político que no hace esa distinción no está defendiendo garantías ciudadanas.

La Operación Tokio fue un éxito policial y judicial. También fue una radiografía. Lo que mostró no es que el sistema no funciona. Es que funciona exactamente como está diseñado para funcionar: lento donde conviene que sea lento, opaco donde conviene que sea opaco, con rendición de cuentas donde es inevitable y sin ella donde es evitable.