A exactamente un año del derrumbe de la mina San José, donde 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad, exigiendo una operación de excelencia que elevó la imagen de Chile en el escenario internacional. No obstante, el aniversario de la operación ha suscitado distintas reflexiones respecto al cumplimiento de Gobierno hacia las condiciones laborales, además de la situación de los rescatados, muchos de los cuales están cesantes, endeudados o con cuadros de depresión.

Mientras algunos mineros han viajado por el mundo y justamente hoy, cuatro de ellos encabezan una ceremonia en Estados Unidos, otros han tenido graves problemas de recuperación. El minero y ex futbolista Franklin Lobos, señaló que quizá sea el único con contrato y solicitó al Gobierno una pensión para los mineros más afectados.

“El tema es súper complicado. De los 33, pienso que el único que tiene contrato de trabajo soy yo, con la plata que regaló Leonardo Farkas algunos se compraron camiones y venden fruta en la feria, otros tienen colectivo, pero hay otros que siguen con licencia sicológica, entonces no sé qué pasará más adelante. Ojalá que el gobierno nos dé otra manito y dé una pensión vitalicia a quienes no pueden volver a trabajar, porque aquí en Chile pasados los 35 años somos viejos, tanto para el fútbol como para el trabajo laboral”, declaró el ex minero, quien actualmente se desempeña en el mundo del deporte.

Las autoridades de la zona y dirigentes mineros han manifestado su disconformidad frente a las medidas implementadas. Afirman que el número de fiscalizadores en Sernageomin sigue siendo insuficiente, lo que impide detectar situaciones de pequeña minería y pirquineros, que son los trabajadores con mayores riesgos de accidentes, los que se desempeñan en solitario y al margen de los grandes salarios que hay en el rubro.

Es por ello que la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, decidió marginarse de las actividades conmemorativas del accidente. La alcaldesa apuntó a la enorme disconformidad que existe en el norte del país por el manejo del actual gobierno.

González declaró que “el tema del día 5 de agosto es un tema de tragedia y no de orgullo nacional. Sentimos que hay un aprovechamiento tácito, al igual que como ocurrió después del rescate. Sobre todo cuando tenemos tanto descontento y tantas desigualdades en educación que han levantado un gran movimiento social. Se está utilizando esto para que venga un Presidente a una región que tiene grandes disconformidades con él, en este gobierno se acaba de aprobar la termoeléctrica más grande de Sudamérica como Castilla, por lo tanto, la presencia del Presidente es un insulto a una región que está tan dolida con todos los temas que han pasado”.

Por otro lado, el Congreso sigue trabajando en optimizar la legislación respecto a condiciones laborales en la minería. El senador Carlos Cantero exigió que Chile suscriba el Tratado 176 de la OIT, el que demanda mayor control sobre faenas mineras. No obstante, el parlamentario advirtió que subir las exigencias se ha traducido en mayores despidos.

“Si bien es cierto hay avances cada vez que se impulsan cambios, hay situaciones controversiales, porque después del rescate en San José y el Sernageomin comenzó un control estricto en las faenas mineras, fueron los propios trabajadores que pidieron flexibilización de las normas, ya que esto bajaba la producción y estaban quedando desempleados” indicó Cantero.

A pesar del rescate, el año 2010 superó con creces el promedio de muertes por accidentes mineros, con 45 casos que siguen en investigación. El primer semestre de 2011 registra una baja con 13 casos de accidentes con resultado fatal. Por otro lado, los 240 mineros de la mina San Esteban, lugar donde se originó la tragedia, aún no reciben el 100 por ciento del finiquito luego del cierre de su fuente laboral. A un año del accidente, son muchas las deudas del Gobierno, más allá de las utilidades que le significó un milagroso rescate.