Las declaraciones cruzadas entre el ministro de Educación, Felipe Bulnes, y el rector de la Universidad de Chile, profesor Víctor Pérez Vera, no paran.
El domingo, la máxima autoridad de nuestra casa de estudios volvió a manifestar su rechazo al proyecto de ley de Presupuesto, en el área de Educación, afirmando que no considera los compromisos adquiridos por el Gobierno en relación a las universidades estatales, al contrario de lo que manifestó el titular de Educación en diversas entrevistas durante el fin de semana.
“El presupuesto 2012 enviado por el Gobierno, y que conocimos posteriormente por la prensa, no aumenta el aporte basal del Estado a la Universidad de Chile y las ayudas estudiantiles para asegurar gratuidad hasta al menos el séptimo decil de ingresos de sus estudiantes, pese a que el Presidente de la República se comprometió con la política del Nuevo Trato y aportes basales a las universidades estatales”, señaló el rector en una Carta al Director publicada en el diario El Mercurio.
Pérez precisó, además, que el 2011 el Estado entregó a la Universidad de Chile un aporte menor a los $40.000 millones, mientras que el plantel “le dio docencia, formación, investigación, extensión, ayuda a la comunidad y políticas públicas que requirieron recursos por cerca de $400.000 millones. Es decir, nuestro dueño nos entregó cerca del 9% de lo que hicimos. En América Latina y Europa, las universidades estatales de calidad internacional reciben de sus estados sobre el 60 o 70% de sus presupuestos totales”.
Asimismo, el rector aclaró que “todos los recursos de la Universidad son fiscalizados por la Contraloría General de la República”.
“El Estado no puede seguir improvisando y que la reforma a la educación superior tiene que ser asumida como una política de Estado que sea compartida. Por lo mismo, los recursos públicos deben apuntar directamente a mejorar la calidad y equidad de la educación superior, lo que es contradictorio con un presupuesto 2012, que busca perjudicar a la Universidad de Chile y promover la entrega indiscriminada de recursos públicos sin fiscalización de la Contraloría y a instituciones que no cumplen con estándares internacionales de calidad”, enfatizó Pérez.
