El dictamen fue celebrado por las asociaciones de trabajadores del Servicio Nacional de la Discapacidad, quienes acusaron una persecución política en contra de los empleados recientemente restituidos.

Se trata de Cecilia Calderón, Félix Manterola, Jonathan Muñoz y Roberto Pavez, quienes, además de ser reintegrados a su trabajo, recibirán el pago íntegro de las remuneraciones de diciembre y enero.

La Asociación de Funcionarios del Fondo Nacional de la Discapacidad afirmó que los despidos se debieron a discriminación política y sindical.

El presidente de la organización, Yuri Gahona, señaló que las prácticas antisindicales y persecución política son una práctica común por parte de la administración del Presidente Sebastián Piñera: “Se le señaló a algunos de ellos que estaban siendo despedidos porque no tenían sintonía con el Gobierno del Presidente Piñera. Creemos que ahí se configura la persecución política. Hemos tenido periodos larguísimos en que la autoridad no ha querido conversar con nosotros y ha tenido injerencia en los asuntos propios de la asociación. Por lo tanto, vemos en estos despidos la cristalización de esa política sostenida y firme de molestar y hostigar a esta asociación por lo que ha venido haciendo por la política en discapacidad, pero además porque tenemos que cautelar el bienestar de nuestros funcionarios”, dijo.

Una situación que, según el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, es una constante durante los últimos dos años, por lo que han tenido que recurrir en varias ocasiones a tribunales de justicia.

El dirigente fue enfático en señalar que a los funcionarios públicos se les debe respetar sin importar su posición política, aun más cuando tienen un buen desempeño:  “Creemos que han sido despidos políticos que no se justifican. Los funcionarios públicos no estamos dispuestos a ser el botín de los gobiernos que ganan las elecciones. Los funcionarios y ciudadanos se merecen un buen servicio público y para eso es necesario que permanezcan los funcionarios que lo han hecho bien. Gana la ciudadanía y ganamos los trabajadores”, explicó.

Palabras que fueron reafirmadas por el José Ona, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, quien llamó a defender a los buenos empleados: “Nuestra pelea no es por mantener malos funcionarios. Nuestra pelea es por mantener la excelente calidad de las políticas sociales que hemos venido haciendo. Se puede hacer mucho más, pero con personas que sepan hacerlo, con personas que sepan cómo debemos proceder dentro del Estado, cómo cuidamos los recursos para que se ocupen adecuadamente y peleando como todo este tiempo para que no intervengan actores políticos en las decisiones técnicas que tenemos que tomar”, indicó.

Finalmente, los dirigentes sindicales llamaron al Gobierno a tomar el fallo del Juzgado del Trabajo con humildad y remordimiento y que comprendan que no es justo, correcto, ni ético vulnerar el derecho de los trabajadores, sostuvieron.