El pasado jueves el Congreso despachó a ley el proyecto de Ingreso Ético Familiar, que ahora lleva el nombre de “Establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer”, en una referencia literal a su contenido.

La nueva ley tiene objetivo entregar una serie de transferencias monetarias directas de recursos públicos para complementar los ingresos autónomos de las familias más pobres, previa calificación del Ministerio del Desarrollo y la suscripción de un compromiso para cumplir con las exigencias del programa.

La normativa entenderá como situación de pobreza extrema a las personas y familias cuyo ingreso per cápita sea menos del necesario por persona para satisfacer las necesidades alimenticias.

Además se crea un subsidio al Empleo de de la Mujer, destinado a trabajadoras dependientes e independientes de 25 a 60 años, que pertenezcan al 40 por ciento de la población más vulnerable, así como sus respectivos empleadores, el que será percibido durante cuatro años.

La aprobación de la iniciativa fue destacada por el diputado y presidente de la UDI, Patricio Melero, quien afirmó que este rol subsidiario del Estado se suma a los altos índices de crecimiento y desarrollo y a las reformas tributarias, que “van generando un eje virtuoso que promueve en el país mayor justicia social, mayor equidad social y mayor crecimiento de la disminución de la  pobreza extrema en el país, que es algo que a todos nos compromete”.

Aunque el economista Juan Carlos Scapinni, que formó parte de la Comisión de Salario Mínimo del Ministerio de Hacienda en 2010, reconoció que esta nueva ley será un aporte, planteó que este tipo de iniciativas deberían apuntar a mejorar a las condiciones económicas a través de las remuneraciones de los trabajadores más que a través de subsidios.

“Lo que uno debería intentar es que las personas ganen más a través del trabajo que están desempeñando, y en función de eso sean bien remuneradas, y esta ley apunta a situaciones que van por el lado como un aporte extraordinario a los ingresos normales que tienen las personas a través de su trabajo realizado. Las personas serían mucho más dignas si pudieran reforzar su trabajo con un trabajo bien remunerado y no estar dependiendo de subsidios”, aseguró el experto.

En este sentido, el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, indicó que la separación entre el sueldo mínimo ético planteado por la Iglesia Católica y este ingreso ético, planteado como un programa de recursos para que las familias tengan un funcionamiento básico, se produjo “porque no hubo consenso ni el Consejo de Equidad que creó la Presidenta Bachelet ni en los conglomerados políticos” sobre el sueldo ético.

“Este Gobierno lo llamó ‘ético’ no por el sueldo ético planteado por la Iglesia, sino porque considera la ´ética’, ya que las personas que reciben el subsidio tienen que cumplir con ciertas condiciones para que se les entregue”, agregó.

Moreno, también saludó la nueva ley, pero indicó que la dimensión de la pobreza no solo se caracteriza por el tener o recibir más ingresos, sino con una serie de variables que las políticas públicas también deben considerar.“Estamos hablando de lo que significa el ser, la invisibilidad, exclusión social,  la desintegración que tenemos en nuestro país producto de la pobreza. Nosotros hemos planteado la necesidad de instrumentos que sean integrales y miren la pobreza de manera multidimensional. La pobreza hoy no está asociada exclusivamente en el tener”, aseguró el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Además, Leonardo Moreno también planteó que la política podría transformarse en algo meramente asistencialista, “si solo se basa en los subsidios y no se terminan de armar los programas e intervenciones que van por el lado sociolaboral y apoyo de las familias”

Según el Ministerio de Desarrollo la nueva política beneficiará a 640 mil personas de 170 grupos familiares y se estima que luego de tres meses de su entrada en vigencia se comenzarán a entregar los pagos a la población más vulnerable del país.