La Cámara aprobó recientemente un proyecto que establece mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización en torno al uso del agua, perfeccionando la legislación vigente, puesto que actualmente, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces.
El texto legal establece, además, que los derechos de aprovechamiento y su ejercicio deberán ser informados por su titular a la Dirección General de Aguas (DGA) e inscritos en el Catastro Público de Aguas.
Felipe Martin, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, valoró esta aprobación como una gran oportunidad para la agricultura y para evitar los abusos de parte de quienes no cuenten con los derechos correspondientes.
Junto con valorar el alza en las multas, que pasarán del techo actual de 400 mil pesos a 200 millones de pesos en el caso de la reincidencia, Martin recalcó la importancia de avanzar en la autofiscalización.
“Nosotros estamos en este minuto trabajando, más de 900 millones de pesos, de empoderar y organizar a las organizaciones de usuarios, juntas de vigilancias, comunidades de agua, porque ellas son justamente las que se autofiscalizan. Las comunidades de agua son la organización de agricultores o usuarios del agua que revisan en terreno que se ocupe bien y se coordinan entre ellos mismos. Al estar empoderados, estas organizaciones, obviamente hacen una fiscalización mucho más potente”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.
La diputada del PPD Cristina Girardi, integrante de la Bancada Transversal del Agua, recordó que hay cuencas agotadas donde se siguen entregando derechos de aguas y hay empresarios que roban el recurso hídrico en sectores como La Ligua y Petorca, lo que fue constatado incluso por una comisión investigadora en la Cámara Baja.
Si bien valoró que las multas aumenten, la parlamentaria advirtió que el problema puede persistir. “Hoy no vamos a solucionar un problema donde las grandes empresas prefieren pagar la multa por robar agua. Aquí debieran haber penas de cárcel y todos esos tipos debieran terminar presos, pero aquí se aumentan las multas. Obviamente, cuando tú aumentas las multas perjudicas, finalmente, a los que tienen menos recursos, los que tienen grandes recursos, los tipos van a seguir pagando la multa y van a seguir robando agua, porque les conviene mucho más que pagar la producción, y seguir agotando las cuencas de agua que es el problema que tenemos”, aseguró la parlamentaria.
Según Cristina Girardi, aún es necesario mejorar la gestión y evitar la corrupción, junto con legislar sobre la propiedad privada del agua, aunque manifestó que no hay voluntad del Gobierno en nacionalizar el recurso.
Por su parte Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), valoró el proyecto como un avance pero sostuvo que hay temas pendientes.
“El aumento de la penalidad al delito de usurpación de agua debería ir de la mano de aquellas reformas que son de fondo, en particular, nos parecía que si existía el consenso en la Cámara de Diputados de aumentar la penalidad también debería existir el consenso acerca de la gravedad del delito de la usurpación del agua y cómo este delito atenta contra la vida de las personas. En ese escenario también nos parecía indispensable abordar derechamente el problema relacionado con la privatización de recursos hídricos nacionales”, indicó Mundaca.
El texto fue enviado al Senado para su segundo trámite constitucional.
La Cámara aprobó recientemente un proyecto que establece mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización en torno al uso del agua, perfeccionando la legislación vigente, puesto que actualmente, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces.
El texto legal establece, además, que los derechos de aprovechamiento y su ejercicio deberán ser informados por su titular a la Dirección General de Aguas (DGA) e inscritos en el Catastro Público de Aguas.
Felipe Martin, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, valoró esta aprobación como una gran oportunidad para la agricultura y para evitar los abusos de parte de quienes no cuenten con los derechos correspondientes.
Junto con valorar el alza en las multas, que pasarán del techo actual de 400 mil pesos a 200 millones de pesos en el caso de la reincidencia, Martin recalcó la importancia de avanzar en la autofiscalización.
“Nosotros estamos en este minuto trabajando, más de 900 millones de pesos, de empoderar y organizar a las organizaciones de usuarios, juntas de vigilancias, comunidades de agua, porque ellas son justamente las que se autofiscalizan. Las comunidades de agua son la organización de agricultores o usuarios del agua que revisan en terreno que se ocupe bien y se coordinan entre ellos mismos. Al estar empoderados, estas organizaciones, obviamente hacen una fiscalización mucho más potente”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.
La diputada del PPD Cristina Girardi, integrante de la Bancada Transversal del Agua, recordó que hay cuencas agotadas donde se siguen entregando derechos de aguas y hay empresarios que roban el recurso hídrico en sectores como La Ligua y Petorca, lo que fue constatado incluso por una comisión investigadora en la Cámara Baja.
Si bien valoró que las multas aumenten, la parlamentaria advirtió que el problema puede persistir. “Hoy no vamos a solucionar un problema donde las grandes empresas prefieren pagar la multa por robar agua. Aquí debieran haber penas de cárcel y todos esos tipos debieran terminar presos, pero aquí se aumentan las multas. Obviamente, cuando tú aumentas las multas perjudicas, finalmente, a los que tienen menos recursos, los que tienen grandes recursos, los tipos van a seguir pagando la multa y van a seguir robando agua, porque les conviene mucho más que pagar la producción, y seguir agotando las cuencas de agua que es el problema que tenemos”, aseguró la parlamentaria.
Según Cristina Girardi, aún es necesario mejorar la gestión y evitar la corrupción, junto con legislar sobre la propiedad privada del agua, aunque manifestó que no hay voluntad del Gobierno en nacionalizar el recurso.
Por su parte Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), valoró el proyecto como un avance pero sostuvo que hay temas pendientes.
“El aumento de la penalidad al delito de usurpación de agua debería ir de la mano de aquellas reformas que son de fondo, en particular, nos parecía que si existía el consenso en la Cámara de Diputados de aumentar la penalidad también debería existir el consenso acerca de la gravedad del delito de la usurpación del agua y cómo este delito atenta contra la vida de las personas. En ese escenario también nos parecía indispensable abordar derechamente el problema relacionado con la privatización de recursos hídricos nacionales”, indicó Mundaca.
El texto fue enviado al Senado para su segundo trámite constitucional.
La Cámara aprobó recientemente un proyecto que establece mayores sanciones y nuevas herramientas de fiscalización en torno al uso del agua, perfeccionando la legislación vigente, puesto que actualmente, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas, el diagnóstico común es que estas medidas no han resultado eficaces.
El texto legal establece, además, que los derechos de aprovechamiento y su ejercicio deberán ser informados por su titular a la Dirección General de Aguas (DGA) e inscritos en el Catastro Público de Aguas.
Felipe Martin, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, valoró esta aprobación como una gran oportunidad para la agricultura y para evitar los abusos de parte de quienes no cuenten con los derechos correspondientes.
Junto con valorar el alza en las multas, que pasarán del techo actual de 400 mil pesos a 200 millones de pesos en el caso de la reincidencia, Martin recalcó la importancia de avanzar en la autofiscalización.
“Nosotros estamos en este minuto trabajando, más de 900 millones de pesos, de empoderar y organizar a las organizaciones de usuarios, juntas de vigilancias, comunidades de agua, porque ellas son justamente las que se autofiscalizan. Las comunidades de agua son la organización de agricultores o usuarios del agua que revisan en terreno que se ocupe bien y se coordinan entre ellos mismos. Al estar empoderados, estas organizaciones, obviamente hacen una fiscalización mucho más potente”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.
La diputada del PPD Cristina Girardi, integrante de la Bancada Transversal del Agua, recordó que hay cuencas agotadas donde se siguen entregando derechos de aguas y hay empresarios que roban el recurso hídrico en sectores como La Ligua y Petorca, lo que fue constatado incluso por una comisión investigadora en la Cámara Baja.
Si bien valoró que las multas aumenten, la parlamentaria advirtió que el problema puede persistir. “Hoy no vamos a solucionar un problema donde las grandes empresas prefieren pagar la multa por robar agua. Aquí debieran haber penas de cárcel y todos esos tipos debieran terminar presos, pero aquí se aumentan las multas. Obviamente, cuando tú aumentas las multas perjudicas, finalmente, a los que tienen menos recursos, los que tienen grandes recursos, los tipos van a seguir pagando la multa y van a seguir robando agua, porque les conviene mucho más que pagar la producción, y seguir agotando las cuencas de agua que es el problema que tenemos”, aseguró la parlamentaria.
Según Cristina Girardi, aún es necesario mejorar la gestión y evitar la corrupción, junto con legislar sobre la propiedad privada del agua, aunque manifestó que no hay voluntad del Gobierno en nacionalizar el recurso.
Por su parte Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), valoró el proyecto como un avance pero sostuvo que hay temas pendientes.
“El aumento de la penalidad al delito de usurpación de agua debería ir de la mano de aquellas reformas que son de fondo, en particular, nos parecía que si existía el consenso en la Cámara de Diputados de aumentar la penalidad también debería existir el consenso acerca de la gravedad del delito de la usurpación del agua y cómo este delito atenta contra la vida de las personas. En ese escenario también nos parecía indispensable abordar derechamente el problema relacionado con la privatización de recursos hídricos nacionales”, indicó Mundaca.
El texto fue enviado al Senado para su segundo trámite constitucional.
