La Universidad Católica informó este martes que nueve estudiantes de la casa de estudios serán suspendidos por participar de la funa al homenaje del senador de la UDI y fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, ocurrida en el Campus Oriente durante el 15 de diciembre de 2011.

La decisión fue comunicada por el prosecretario de la PUC, Rodrigo Urzúa, a través de un comunicado, donde se detalló que seis alumnos serán sancionados con la suspensión de un semestre, mientras otros tres serán suspendidos por dos semestres. De la misma manera, quince estudiantes que también participaron en la protesta recibirán una amonestación.

Urzúa explicó que la decisión se basó en “un proceso de responsabilidad que requirió una exhaustiva investigación, puesto que incluyó el análisis de hechos en los que intervinieron más de 120 personas”, añadiendo que “existió un período destinado a recopilar todos los antecedentes; una etapa de formulación de cargos; otra donde los alumnos pudieron presentar sus descargos; la realización de medidas probatorias anexas, como la exhibición de fotos y videos que daban cuenta de los hechos ocurridos; y, finalmente, la información de las sanciones aplicadas”.

Asimismo, se destaca que de los 29 alumnos a los que se le formularon cargos, “solo 24 de ellos serán sancionados, ya que hubo cinco alumnos que fueron sobreseídos”.

De esta manera también se informa que aquellos alumnos cuya sanción sea apelable según el Reglamento aplicado, “tendrán 5 días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la Resolución que los sanciona, para apelar ante la Comisión de Apelación del Consejo Superior, última instancia de estos procesos”.

Sin embargo, el sumario ordenado por el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, no solo fue rechazado por la comunidad estudiantil, que desde un principio no estuvo de acuerdo con el homenaje al ideólogo de la Constitución de 1980, sino también por la FEUC, desde donde manifestaron el año pasado que además de tratarse de una medida “desproporcionada”, se trata de “un proceso que no cumple con las garantías para que sea justo y transparente”.