La Fiscalía Anticorrupción española desarrolla este miércoles una serie de interrogatorios a los principales involucrados en el Caso Bárcenas, revelado luego que se conociera un manuscrito según el cual, entre 1990 y 2008, se realizaron pagos periódicos a dirigentes del Partido Popular.

La existencia de sobresueldos fue confirmada públicamente por el ex diputado Jorge Trías Sagnier, quien también fue el primero en dar su testimonio ante la Fiscalía. “He cumplido con mi deber”, indicó al salir luego de dar de su declaración.

La ronda de interrogatorios continuó con Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular y a quien se le atribuye la autoría del escrito, pese a que él lo niega. A su llegada, el personero recibió gritos de “ladrón” y “sinvergüenza” por parte de las personas que se encontraban en el lugar.

También está programada la declaración de Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas e histórico tesorero del partido, quien también ha negado los hechos.

La Fiscalía espera contrastar las declaraciones obtenidas hoy con el libro contable de Bárcenas y la información oficial entregada por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas y al ministerio de Hacienda, con el fin de establecer si se puede abrir una causa antes de Semana Santa.

También se espera que en los próximos días se cite a declarar a una quincena de empresarios que aparecen en la información contable que se atribuye a Bárcenas-

El manuscrito de Bárcenas detalla donaciones que superan los cinco millones de euros, realizadas entre 1990 y 2008, provenientes en su mayoría de empresas constructoras, que han negado los hechos. Los montos son superiores a los límites establecidos por la ley.

La investigación, liderada por el fiscal del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, apunta a que, al superar el límite legal, los montos donados no podían declararse oficialmente. Además, infringían la ley de financiamiento de partidos, ya que tenían contratos públicos con la administración.

En ese sentido, los persecutores buscan establecer si los pagos fueron hechos a cambio de contratos públicos, lo que podría configurar delitos de tráfico de influencias, malversación y cohecho, entre otros.