La audiencia oral en la demanda contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación al pueblo mapuche en la aplicación de la Ley Antiterrorista se extendió dos días y en ella estuvieron presentes un grupo de estudiantes de Costa Rica, indígenas de diversas localidades y otras organizaciones que brindaron su solidaridad a los dirigentes chilenos.

Entre ellos estuvo Erika Lincango de Eco-Justice Abya Yala, portal electrónico encargado de monitorear casos del sistema jurídico que impactan a las naciones originarias del continente.

En ese marco, la nativa ecuatoriana comentó la situación que se vive en nuestro país: “Lo que están enfrentando los compañeros mapuches en Chile es muy grave, porque ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista por defender territorio es lo más antihumano que se puede hacer. Después de escuchar que la mayoría de los casos que se han dado, en primer lugar, no tienen pruebas, y luego están pidiendo a los compañeros que salgan de sus territorios. Todos los testimonios muestran una realidad que es muy triste, que se está juzgando a los compañeros en base a su etnia”.

Después de observar diversos conflictos, centrados principalmente en las tribus amazónicas y en las poblaciones indígenas norteamericanas la mujer afirmó que las luchas coinciden y se sustentan principalmente en la defensa de los recursos naturales, lo que explica la presencia de otros nativos en la audiencia a Chile en la Corte.

En esa línea, la indígena ecuatoriana indicó que “ellos están llevando una lucha que no sólo es de los compañeros mapuches, sino que de todas las naciones originarias del continente, porque lo que está ocurriendo en las comunidades de los compañeros mapuches no es el único caso en que un Gobierno está utilizando la violencia y violando los derechos humanos de los compañeros de las naciones originarias del continente. Se pudo ver el apoyo de la comunidad internacional”.

En ese sentido destacó la perseverancia del pueblo mapuche en la defensa de sus tierras, e indicó que es necesario zanjar pronto este tema en el tribunal internacional, ya que se sabe que el Estado chileno continúa aplicando leyes de excepción a los dirigentes indígenas. No obstante, se espera que la corte se pronuncie de aquí a un año.

Respecto del tiempo que va a demorar en salir la sentencia del caso, Erika Lincango afirmó que “siento que es muy largo el tiempo de espera para conocer la sentencia, entre seis meses a un año. Me parece mucho tiempo, considerando que mientras los compañeros están todavía en Costa Rica, se escucha la represión que está pasando en Chile, hay otros compañeros que están en huelga de hambre. Me preocupa porque siento que es mucho tiempo para esperar, ya que, este caso empezó en 2002, ya son más de 10 años, mientras sigue la represión y escala la violencia”.

Y efectivamente, las partes tienen hasta el 29 de junio para presentar sus alegatos por escrito. Desde ese día recién comenzará a correr el tiempo a la espera de una sentencia y se estima que la revisión de los datos sea lenta, ya que se trata de tres causas donde se aplicó la Ley Antiterrorista: El llamado “caso de los lonkos”, el caso Poluco-Pidenco y el del dirigente Víctor Ancalaf.