En la Fiscalía Metropolitana Oriente, en la comuna de Ñuñoa, se reunieron los dirigentes de la CONFECH, Diego Vela (PUC) y Andrés Fielbaum (FECH), con el fiscal Carlos Gajardo, quien aclaró que el lucro no es un delito tipificado penalmente, por lo que su investigación se encamina a reunir antecedentes sobre los delitos de fraude al Fisco (porque el dinero destinado al Crédito con Aval del Estado no se usaría para los fines correspondientes), y delitos tributarios, a través de la movida contable de la triangulación de utilidades mediante empresas relacionadas, como inmobiliarias. Las instituciones investigadas son doce: las universidades de Las Américas, AIEP, Andrés Bello, del Mar, Central, Finis Terrae, Autónoma, Santo Tomás, del Desarrollo, San Sebastián, Bernardo O’Higgins, y La República.
Por el tema del fraude al fisco, el fiscal Carlos Gajardo puso en antecedente al Consejo de Defensa del Estado (CDE), y por el tema de evasión tributaria informó al Servicio de Impuestos Internos (SII): “Básicamente la fiscalía investiga si existe delito en las conductas que se denuncian. En general hemos dicho que la sola conducta del lucro no está tipificada, sin embargo estamos investigando si existen otro tipo de conductas, apuntando a fraude al Fisco o delitos tributarios. La Fiscalía ha recopilado antecedentes ante el CDE y el SII para que puedan querellarse”.
El fiscal Gajardo detalló que los avances del caso se refieren a los años 2010 y 2011, respecto de montos retirados de las universidades por sostenedores o familias propietarias, y subrayó que “se han abierto aristas por cada una de las universidades denunciadas. En ello lo que se ha hecho es determinar cuánto es el monto de dinero relacionado a personas relacionadas, y en eso hay harto avance, con información de 2011 y 2012. Se apunta a que los controladores tienen sociedades relacionadas, y cuánto es el monto de dinero obtenido de cada una de las universidades”.
Por su parte, luego de entregar al fiscal el informe titulado “El poder económico social de la educación superior en Chile”, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Andrés Fielbaum, especificó que el documento relaciona las platas que entran a las universidades por concepto de aranceles y matrículas versus la inversión en calidad de educación.
Fielbaum indicó que “los insumos que se miden son investigación, libros, y la cantidad de profesores a jornada completa o parcial, además de los que son contratados por horas”.
Adicionalmente, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (FEUC), Diego Vela, cuestionó que el Ministerio de Educación sea cómplice del lucro: “En este ministerio hemos visto la misma conducta del ministro Beyer, que también esperamos que venga a la fiscalía. Hemos visto complicidad en no investigar, por ejemplo en el caso de Universidad San Sebastián, que no hay investigación. En el caso de Universidad del Mar, que uno ve que el convenio desconoce el lucro, por lo que hay complicidad del Mineduc”.
El archivo titulado “El poder económico social de la educación superior en Chile”, que se entregó a la Justicia, puede ser revisado en la página web: www.fech.cl
