Diversas falencias en temas de transparencia, fiscalización y acceso a información pública presentan el Senado y la Cámara de Diputados, en relación a normas y exigencias aprobadas por los mismos parlamentarios.

Ambas cámaras cuentan con deficientes sistemas para pedir información pública, se han retrasado en la entrega de informes sobre la fiscalización de las asignaciones y no publican los acuerdos que toman las comisiones de régimen interno, que regulan su funcionamiento administrativo.

Aunque las dos corporaciones aparecen equiparadas en los niveles de cumplimiento, presentan diferencias en distintos aspectos. El Senado, por ejemplo, no cumple con información adecuada sobre el trabajo de las comisiones legislativas y las resoluciones de su comisión de ética, mientras que en la Cámara no existe total claridad sobre los asesores de los diputados.

Estas falencias fueron detectadas de acuerdo a criterios establecidos por las organizaciones Chile Transparente y Ciudadano Inteligente, en un reportaje publicado este sábado por La Tercera.

Para Manuel Aris, jefe de Incidencia de Ciudadano Inteligente, hay dos puntos que resultan especialmente preocupantes: “La falta de claridad en la forma en que los ciudadanos pueden hacer solicitudes de información pública y el secretismo en las sesiones de las comisiones parlamentarias, son dos de los desafíos más importantes que tiene el Congreso en materia de transparencia. Esos dos temas pendientes impiden que la ciudadanía pueda incidir y participar en el debate legislativo. Es necesario que se abran esos canales de información, para que la ciudadanía pueda ejercer una participación mucho más informada”, dijo.

Esto tiene directa relación con la forma en que trabajan los parlamentarios. Por ejemplo, la falta de información sobre las comisiones impide que la ciudadanía participe realmente en la redacción de las leyes, que “es donde se ‘cocina’ una ley”, señaló Manuel Aris.

“Ahí es donde los diputados y senadores transan, negocian y redactan los artículados. Restringir el acceso a la comisión, tanto de manera presencial como al material de registro, es un elemento que atenta contra la transparencia, porque impide que los ciudadanos podamos conocer lo que están transando los parlamentarios para lograr consensos que permitan la redacción de una ley. En las comisiones es importante que pueda asistir y participar el público y que el resto de los ciudadanos podamos conocer, de manera textual, qué se argumentó y transó cuando esta ley se ‘cocinó’”, explicó.

Hace más de un año que una comisión de ambas cámaras, presidida por el senador UDI Hernán Larraín, trabajar para homologar los criterios en asuntos de ética y estandarizar los sistemas de transparencia activa.

Sin embargo, según el director del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP), Nicolás del Valle, esta iniciativa debería ir acompañada de reformas más amplias: “Faltan leyes de lobby y financiamiento de los partidos y falta una especie de superintendencia o elemento fiscalizador, como un Servel mucho más poderoso, para fiscalizar las relaciones con los partidos o, por ejemplo, el tema de las firmas que apareció ahora. Es posible mejorar la regulación de transparencia, pero en las condiciones actuales es más factible avanzar en las reformas políticas, en las leyes de lobby y financiamiento de los partidos, para mejorar los niveles de transparencia y fiscalización de la autoridad”, indicó.

Se espera que la comisión entregue sus propuestas a las salas del Senado y la Cámara en marzo del próximo año, para que los parlamentarios electos en los últimos comicios se integren al Congreso con los nuevos estándares de transparencia.