Diversas novedades se han registrado durante los últimos días en los diferentes procesos que se encuentran abiertos en contra de Julio Ponce Lerou y otros ejecutivos en el Caso Cascadas.

Esto luego que la Superintendencia de Valores y Seguros, en la arista administrativa del caso, decidiera levantar la información que posee respecto de la indagación, para que los accionistas y probables inversionistas de SQM y las cascadas, posean la información necesaria antes de involucrarse en el negocio.

Esta decisión del Superintendente, Fernando Coloma, se toma luego de los aumentos de capital de dos de las cascadas: Norte Grande y Oro Blanco.

A juicio de Coloma, “esta información podría tener incidencia en la decisión de inversión que deban adoptar los accionistas que suscriban los respectivos aumentos de capital y se requiere que los accionistas y el mercado cuenten con información suficiente para su decisión de inversión”.

Decisión que se conoce además en medio de rumores de que se imputen nuevos cargos a los involucrados: Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon. En concreto se evalúa investigar un posible uso de información privilegiada.

Para el abogado representante de los accionistas minoritarios, Mauricio Daza, la Superintendencia debe ir paso a paso en esta investigación para que se logren determinar responsabilidades.

En este sentido, indicó que “debe ir de forma ordenada, de menos a más con la finalidad de obtener sanciones concretas y ejemplares en este caso y que no ocurra situaciones análogas en casos anteriores en los cuales básicamente esto ha quedado en nada”.

A esto se suma la posibilidad que se formalice una investigación en contra de otros posibles involucrados en las operaciones cascadas de SQM, como los operadores financieros, en este caso, los responsables de la corredora de bolsa Larraín Vial, que sirvió como puente para efectuar las transacciones cuestionadas.

De hecho Leonidas Vial ya tuvo que entregar la información de sus sociedades al fiscal que investiga la arista penal del caso, José Morales, en condición de imputado.

Esto podría retrasar aún más la investigación que lleva a cabo la SVS, lo que algunos cercanos a Fernando Coloma atribuyen a la intención del Superintendente de retrasar cualquier resolución en el caso hasta la próxima administración.

Para el abogado Mauricio Daza, esta sería una decisión “lamentable” dada la urgencia de conocer responsabilidades en este caso.

Además, aseguró que ya existen antecedentes suficientes para determinar el rol que jugó Leonidas Vial en las operaciones: “Esto no fue realizado por Julio Ponce Lerou sólo, aquí el requirió de la ayuda de un conjunto de personas y entidades las cuales le dieran cobertura a estas operaciones irregulares y entre ellas obviamente nos encontramos a un conjunto de corredoras de bolsa que participaron activamente en estas operaciones, sabiendo o no pudiendo menos que saber de qué estábamos frente a acciones irregulares, y aquí aparece con claridad Leonidas Vial y obviamente la corredora Larraín Vial, por lo tanto, ya existen antecedentes para poder formular cargos no sólo en lo administrativo, sino también en lo penal”.

Daza además calificó de “acción desesperada” la querella que recordemos, presentó Julio Ponce Lerou en contra de Fernando Coloma por irregularidades en la investigación que lleva la Superintendencia.

Respecto de esta arista, el Contralor se pronunció este lunes y aseguró que está evaluando solicitar los antecedentes de la indagación de la SVS para verificar su legalidad.

Para Mauricio Daza cualquier pronunciamiento que tenga Contraloría no debería afectar la investigación penal que se lleva en este caso, por lo mismo le restó importancia al hecho.