Este mes se cumplirán cuatro años del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, un cataclismo que irrumpió en el gobierno de Sebastián Piñera a pocos días de asumir. A cuatro años, la reconstrucción es un tema que aún levanta críticas contra la actual administración.

Entre los puntos positivos, se destaca la modernización de equipos de emergencia. Un ejemplo es el Centro Sismológico Nacional, que reemplaza al departamento de Sismología y que hoy depende de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Esto deriva de un convenio con la Oficina Nacional de Emergencia, que desde marzo de 2013 deriva mayores recursos y herramientas para obtener información óptima. Esto implica la instalación de nuevos puntos de monitoreo y se espera traspasar la información vía satélite y desistir de la fragilidad de la comunicación de datos a través de internet.

Sergio Barrientos, director del Centro, indica que el trabajo posterior al 27F va por buen camino pero a baja velocidad y destaca este convenio con la Onemi, el que debió ejecutarse mucho antes: “Recién establecimos esto en marzo de 2013, una demora sustancial. Es un trabajo desarrollado en conjunto con al Onemi, y permite ver con optimismo al futuro para responder a exigencias tanto para las autoridades, como de la comunidad. El camino es adecuado, ojalá hubiese comenzado antes”.

Una de las críticas del proceso de reconstrucción es la falta de facultades de la Onemi, además de no instalar equipos almacenados en bodega. En esta línea, el diputado Cristián Letelier, quien dirigió la comisión investigadora de hechos posteriores al terremoto, indicó que la Universidad de Chile requiere de mayores recursos para potenciar el trabajo de estas entidades.

“El director del departamento de Sismología indicó que no habían recursos necesarios para implementar los trabajos requeridos, que el país necesita. Para que la coordinación sea total, debe ser una política pública en materia de sismos”, dijo.

En materia política, Letelier lamentó el cierre de investigaciones parlamentarias para establecer responsabilidad en el Gobierno ante una emergencia de este tipo. Por otro lado, subraya que la ciudadanía no castigó la administración en ejercicio durante la madrugada del 27 de febrero.

“En las zonas más afectadas, la presidenta electa sacó un amplio apoyo, lo que deja claro que no le ven responsabilidad política alguna. La nuestra es una opinión en el contexto que se dio, y las responsabilidades políticas se van a extinguir porque están prescritas, y la ciudadanía tampoco la castigó con el voto, muy por el contrario”, indicó.

Los analistas destacan un proceso de modernización del monitoreo sismológico, en paralelo a políticas públicas destinadas a educar a la ciudadanía respecto de este tipo de emergencias.