La transnacional Endesa Enel, que controla el grupo Enersis en Chile, pretende desarrollar una central hidroeléctrica que es rechazada por comunidades indígenas de la región de Los Ríos.

El proyecto contempla la construcción de una bocatoma para captar las aguas del río Fuy, que luego serán conducidas hasta la caverna de máquinas mediante una obra de aducción subterránea de unos 10 kilómetros de longitud y cuyas aguas serán descargadas en el lago Neltume, a unos 100 metros de la Pampa de Nguillatún, que forma parte del complejo ceremonial de lago Neltume y de las comunidades mapuche.

Las comunidades exigen que los estudios de impacto ambiental del proyecto se atengan al Convenio 169 de la OIT, que contempla consultas a los pueblos originarios cada vez que las afectaciones modifiquen drásticamente sus modos de vida.

Las comunidades interpusieron un recurso de protección contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la Corte de Apelaciones de Valdivia, luego que fueran rechazadas tres propuestas de consultas que consideran estudios de impacto ambiental, grados de afectación a las tierras mapuches y solicitud de consentimiento de las comunidades y organizaciones afectadas.

Actualmente se están desarrollando dos procesos de consulta simultáneos y que están conectados: central Neltume y línea de alta tensión Neltume Pullinque. La comunidad Valeriano Cayicul de Lago Neltume está participando en ambos simultáneamente, con lo cual no se estaría respetando la condición de que las consultas se realicen respetando los tiempos y formas de organización de las comunidades.

Además, el SEA de Los Ríos ha excluido al Parlamento de Koz Koz, organización ancestral del Territorio de Panguipulli, contraviniendo el artículo 6 del convenio internacional, sobre el respeto a las organizaciones representativas del territorio.

Jorge Hueque, dirigente de la organización, reprochó además que la consulta se lleve a cabo junto a la empresa propietaria del proyecto: “Siguen comprando las conciencias, porque la empresa no debería participar de la consulta. Debería ser el Gobierno, a través del Sistema de Evaluación Ambiental, para que la empresa pueda tener opiniones sobre cómo se deberían hacer las cosas”, dijo.

Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, que acompañó a las agrupaciones de pueblos originarios a la Corte, aseguró que se necesita un proceso más participativo, con opinión, y difusión de información del proyecto en la consulta a las comunidades.

“A nuestro entender, no cumple con el estándar del derecho a la consulta, por cuanto más que considerar instancias por medio de las cuales las comunidades afectadas puedan incidir directamente en los términos de la Resolución de Calificación Ambiental o en la aprobación o rechazo del proyecto, solo contempla instancias de entrega de información respecto al proyecto o a la determinación de compensaciones económicas producto de la afectación que vivan las comunidades”, afirmó.

El recurso de protección busca suspender el actual proceso de consulta porque no cumple con los estándares internacionales y que el SEA acceda a las propuestas planteadas por las comunidades, indicó el abogado.