Es la segunda vez que compite por ocupar el sillón de Bello y ya se adelantó a los otros seis precandidatos lanzando su campaña el miércoles 5 de marzo con un acto cultural en la Facultad de Derecho, Raúl Morales, ex decano de la Facultad de Ciencias, actual senador universitario y director del Centro de Ciencias Ambientales, postula la necesidad de una mayor participación del Estado en el financiamiento de nuestra Universidad, pero aclara que se debe conseguir ofreciendo alternativas para las políticas públicas que el país necesita. “Se acabó el tiempo de sólo pedir”, asegura.
El miércoles de la semana pasada usted lanzó oficialmente su campaña en la Facultad de Derecho bajo el lema “Más Universidad”, ¿Qué busca comunicar con este eslogan?
Más Universidad representa, en una síntesis, lo que nosotros vemos y pretendemos en nuestro programa en los próximos cuatro años. Creemos que la Universidad de Chile tiene que iniciar un cambio en lo que ha sido su política en los últimos 10 años. Creemos que debe crecer, tanto a nivel interno como externo, en su relación con el país, con el mundo. Y debe también crecer hacia el interior en una serie de valores que hemos ido perdiendo en el último tiempo, en una institución que se ha ido adecuando a las reglas del mercado en la educación, que han ido permeando nuestra base interna en la forma de administrarse, en la forma de conceptualizar nuestras relaciones internas, eso creemos que está dañando el alma de nuestra universidad.
Un tema que, precisamente, tiene relación con el ámbito interno y externo de nuestra Universidad es la situación del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, que captó la atención de la opinión pública durante los últimos meses del 2013 porque se había planteado la posibilidad de hacer una operación de lease back para solventar la deuda de cerca de 46 mil millones de pesos que lo aqueja, pero esta opción fue desechada por el Senado Universitario, pues ponía en riesgo la propiedad del hospital. ¿Cómo se resuelve el problema económico y administrativo del Hospital?
Primero hay que entender la situación que se ha dado en el hospital para poder plantear soluciones. A comienzo del 2000 se empiezan a fraguar una serie de situaciones que empiezan a hacer crítica la administración del hospital, como senador universitario he presidido la comisión Hospital y en estos tres años y medio hemos podido apreciar en profundidad lo que ahí está ocurriendo.
El hospital, desde el ‘84 se viene administrando desde Rectoría, ese es el primer elemento que afecta el desarrollo de un hospital clínico, formador de recursos humanos. La Rectoría no es el espacio más apropiado para ver el desarrollo de una actividad hospitalaria. Ahí hay un problema de fondo. He tenido muchas diferencias con colegas del área de economía porque ellos han planteado que el hospital está quebrado sobre la base de que el monto de la deuda actual es mayor que el monto del patrimonio. En esa concepción tan sesgada se podría decir que el hospital es un mal negocio, pero se está haciendo una evaluación solamente económica, sin embargo, como universitarios no podemos perder de vista que además cumple una labor académica, también hay un rol social a nivel nacional y metropolitano que debe tener una connotación trascendente para la Universidad.
La deuda de alrededor de 46 mil millones de pesos tiene dos componentes importantes: uno es una deuda blanda y otro una deuda dura. La deuda blanda, que es aproximadamente el cincuenta por ciento del total, es el capital de trabajo que el hospital requiere para realizar su labor. Cuando desde el Ministerio de Salud, desde Fonasa o desde las Isapres, les mandan pacientes, el hospital requiere capital de trabajo para realizar sus funciones, como no tiene, tiene que salir a pedirlo, ya sea a la Rectoría o a los bancos, pero a medida que se va facturando va recuperando la plata, en un plazo máximo de seis meses, que es el ciclo en que se van pagando las facturas. La otra parte de la deuda, corresponde a lo que históricamente viene arrastrando en un déficit anual, aproximadamente unos dos mil millones anuales que no alcanza a cubrir, pero el hospital mueve noventa mil millones de pesos al año.
Este es el único hospital estatal que se autofinancia, cosa que viene ocurriendo desde el ‘81, cuando se le quita a las universidades el financiamiento del Estado, y dado que era financiado por la universidad, automáticamente se le transfiere esta responsabilidad de autofinanciarse.
Todos sabemos que una empresa que produce más de noventa mil millones de pesos anuales, que la universidad le entrega menos del cinco por ciento de su presupuesto anual, y tienen que hacerse el 95 por ciento y quedan con un déficit de dos mil a dos mil quinientos millones, yo los felicito, es una gran empresa, es un déficit que representa menos de un tres por ciento del total. Cualquier empresa con un tres por ciento de déficit es un tema de gestión, que está asociado a liberar la administración del hospital desde la Rectoría. Yo soy partidario de que el hospital debe tener un reglamento autónomo que le permita administrarse como ocurre con las demás facultades de la Universidad de Chile.
El tema de fondo es el capital de trabajo. Es ahí donde la U. de Chile tiene que tomar decisiones y saber enfrentar en su relación con el gobierno cómo financia este capital de trabajo, porque si la Universidad le transfiere recursos para desarrollar su rol asistencial, va a dejar de invertir en investigación, en docencia, en infraestructura. Ese rol, que es atender la propia demanda del Estado, debiera ser cubierta por el propio Estado, ni siquiera pidiendo plata, sino que lo que yo he propuesto es generar un fondo fiduciario del Estado que no se gasta en el hospital sino que se usa para adelantar los recursos y cuando se pagan las facturas se devuelve.
¿Cómo prevé el apoyo que se puede lograr para el financiamiento del hospital durante el gobierno de Michelle Bachelet, una ex alumna de la Universidad de Chile, quien probablemente se formó en el hospital?
Tengo mucha confianza en que efectivamente las nuevas autoridades traen una sensibilidad distinta a la que ha tenido este último gobierno, y de alguna manera una sensibilidad distinta a lo que ha sido la Concertación, que profundizó los ejes que quedaron establecidos desde el punto de vista de la educación y la salud desde la dictadura. La experiencia de lo que hoy se llama la Nueva Mayoría reenfoca lo que ha sido el clamor popular y social, en lo que hemos visto que la sociedad ha cambiado, y que la gratuidad de la educación no está en tela de juicio. Durante 30 años quienes vinimos planteado que la educación pública tenía que ser gratuita no fuimos escuchados, sin embrago, hoy han cambiado las condiciones.
En ese contexto, tenemos que abrir un espacio de conversación con las nuevas autoridades y ver cómo la Universidad de Chile ofrece su capacidad para poder atender las necesidades de las políticas públicas que se están trazando en este gobierno. La salud es un eje crítico igual que la educación en la sociedad actual.
En eso la Universidad de Chile tiene mucho que aportar, y es a través de ofrecer nuestras capacidades donde este gobierno va a atender los requerimientos que están asociados a las capacidades complementarias de la Universidad.
Y en su relación con el Estado, también ha estado en el foro público la discusión acerca de la diferencia entre universidades estatales y públicas. Hay quienes plantean que existen universidades privadas que, al cumplir una importante labor social, se pueden catalogar como públicas, aunque no reciban financiamiento del Estado ¿Coincide con esta distinción?
Durante estos últimos años se ha producido un aprovechamiento de la noción de lo público. Quienes han querido sacar partido a través de recibir recursos del Estado es que a sus entidades privadas le adjudican un rol público. Hay que ser claros, la ley establece qué es un organismo privado y qué es un organismo público y, por lo tanto, es allí donde debe estar la diferencia. La Universidad de Chile es una entidad de derecho público, estatal, lo que está establecido en su estatuto, por ley.
Sabiendo nuestro origen y la relación que debemos tener con el Estado, tenemos que trabajar y ayudar a las instituciones privadas. La educación es un tema del país y, por lo tanto, la U. de Chile, dentro de su ámbito jurídico, también debe contribuir a establecer un diálogo apropiado con las otras instituciones. En la medida en que hemos querido hegemonizar áreas de lo público se producen estas discusiones que no llevan a ningún lado.
A pesar de ser una casa de estudios estatal, la U. de Chile se ha adecuado a las leyes del mercado para sobrevivir, pues sólo el diez por ciento de su financiamiento proviene de aportes directos del Estado ¿Cuánto se ha privatizado?
En el año ’81, cuando se define que las universidades del Estado deben autofinanciarse, se marca un antes y un después en lo que va a ocurrir en su dinámica administrativa y financiera. La Universidad de Chile, a pesar de todas las pérdidas de las unidades académicas a lo largo del país, a pesar de la deuda histórica que queda en Santiago, a pesar que nos encontramos con una universidad que pierde gran parte de su patrimonio, enfrenta esa situación adversa en plena dictadura. De ahí que debe salir a buscar los recursos a través de diferentes modalidades que le permiten, a la larga, transformarse en una entidad autónoma, pero que de alguna manera va perdiendo parte de su espíritu público y estatal.
El costo lo vemos al interior de la Universidad. Hay unidades académicas que han sabido sobrevivir muy bien a este cambio externo, en donde han podido, con las leyes del mercado, conseguir recursos. Eso ha ido transformando el interior de la universidad en una realidad dispareja, en donde hay facultades que las llamamos ricas, otras las llamamos pobres, vemos que hay una gran dispersión de los recursos, sin que haya un criterio de equidad, donde los sueldos son de mercado, siendo que su actividad es académica y debieran estar en función de las jerarquías de las carreras académicas. La Universidad debe volver a su cauce natural, debiéramos terminar con este proceso que la está aniquilando, la integración es fundamental. La deuda se dice que es del hospital, no de la Universidad y que se la arregle como pueda, que venda su edificio, sin embargo, la Universidad tiene capacidad de endeudamiento. Tenemos que retomar la integración como un eje central, y la equidad que le entregue a los académicos dignidad, independiente de la facultad.
¿Espera que esta situación que vive la Universidad de Chile se recoja dentro de la reforma educacional anunciada por Michelle Bachelet o solamente debiera enfocarse en conseguir la gratuidad en un primer momento? ¿Qué papel debe cumplir nuestro plantel en el marco de esta reforma?
La Universidad de Chile tiene que abrir espacio de conversación y entendimiento con el Estado de Chile a través de saber definir claramente con el Ejecutivo y con el Legislativo cuáles son las tareas que corresponden. A la Universidad no solamente le resulta significativo el tema de la asignación de recursos, también hay otro tema que ha pasado inadvertido, que tiene que ver con los procesos administrativos. La Universidad de Chile tiene abrir espacios en el Legislativo para poder establecer nuevas condiciones administrativas para poder conducir el sistema universitario estatal. Nosotros tenemos una serie de leyes restrictivas para las universidades estatales que las dejan en desventaja frente a las universidades del sistema nacional privadas. Allí es donde hemos planteado un trato de simetría, no es posible que deba cumplir con todos los estándares que el Estado requiere para recibir recursos públicos, pero las otras, aunque reciben los mismos recursos, no lo hacen. Un noventa por ciento de nuestros recursos los obtenemos de manera privada y debiéramos tener la posibilidad de administrarlos de acuerdo a las leyes que ocupan las otras universidades.
En materia de recursos públicos, también queremos un trato simétrico. Cuando uno analiza los recursos que recibe por ley, el Aporte Fiscal Directo, el Consejo de Rectores, uno observa que las universidades estatales reciben del orden del cuarenta por ciento de los recursos, en cambio, las universidades privadas reciben el sesenta por ciento. Esa señal tenemos que darla, tenemos que conversar con las autoridades.
No es función del Rector relacionarse con el Patrono de la Universidad o con el Poder Legislativo a través de los medios de prensa. Tienen que establecerse los canales que la academia considera que son los apropiados, que es saber entenderse en los espacios públicos y políticos que corresponde. Tenemos que saber dialogar, entender el entorno en que la Universidad de Chile se ubica, es la mayor universidad, pero no es la única, y debemos tomar un liderazgo que hemos perdido en los últimos ocho años, en donde en vez de contribuir a instalar un referente nacional, intelectual y académico con nuestras universidades pares, y le ofrezcamos al país soluciones al sistema educacional, aparecemos discutiendo y separando posiciones, cuando este país, siendo tan chico, requiere de todo su capital humano.
La Universidad de Chile tiene que ser ese ente que llama a resolver las políticas públicas. La Universidad de Chile tiene más que ofrecer que pedir. En forma natural los recursos van a aflorar porque ahí van a estar las propuestas que le van a permitir al país mejorar sus estándares de calidad en educación y mejorar las oportunidades que hoy no tienen grandes segmentos de la sociedad chilena. No es posible que cada vez nos transformemos más en una universidad de elite económica, y eso atenta contra el alma de la institución. Nosotros somos, como dijo Bello, una universidad para Chile y su gente.
Precisamente, se ha criticado mucho la elitización de la Universidad de Chile, pues se dice que debido al sistema de selección de ingreso sólo pueden acceder a ella los alumnos provenientes de los sectores con mayores recursos. ¿Cuáles son sus propuestas específicas para democratizar el acceso a una educación de excelencia?
La Universidad de Chile tiene que empezar a hacerse cargo de esta realidad, que nosotros pensábamos que se iba a entender a comienzos de los ’90, cuando creamos el programa de Bachillerato. En primer lugar, no puede seguir siendo la única universidad regional del país, hasta las universidades regionales tienen sede en Santiago. Tiene que entrar en un diálogo con el gobierno respecto del rol de las universidades estatales regionales y saber cuáles son las reglas del juego para abrirse a regiones. Hay muchos estudiantes de regiones que no pueden venir a la Universidad de Chile, entonces debe ir a los estudiantes y recuperar su rol nacional y territorial.
La PSU es hoy día una prueba estandarizada que permite seleccionar a los estudiantes que más conocimientos tienen, pero ese no es el único método de selección que debe tener una universidad estatal como la nuestra, porque sabemos que hay una segregación que afecta a los sectores más bajos. La Universidad de Chile tiene que abrir un mecanismo alternativo que esté basado en la captura de esos talentos que, dados los malos estándares de sus colegios, no pueden alcanzar los conocimientos que se requieren. Ellos debieran ingresar al programa de Bachillerato, que debiera ser más amplio.
