En mayo de este año, la Presidenta Michelle Bachelet comprometió el ingreso al Parlamento, durante el mes de octubre, del paquete de proyectos que formaran parte de la Reforma Laboral que encabezará la ministra de Trabajo, Javiera Blanco.

Si bien todavía no se ha adelantado nada del proyecto, sí está claro que parte de las demandas que ha levantado la CUT serán incorporadas.

Titularidad sindical, fin del reemplazo de los trabajadores en huelga y la ampliación de la negociación colectiva aparecen como el “corazón” de este proyecto, manteniendo lo comprometido en el programa de Gobierno, pero surgen dudas.

Por ejemplo, la idea original del Ejecutivo no contemplaba un escenario económico tan incierto como el que se prevé para los próximos meses y la posibilidad cierta que el desempleo aumente durante el último trimestre del año ya estaría siendo utilizada como excusa por el empresariado para poner trabas a los cambios.

A esto hay que agregar lo complicado que ha resultado para el Gobierno llevar adelante la discusión por las reformas Tributaria y a la Educación, que han provocado costos políticos a la actual administración.

Por lo mismo, desde el ministerio de Trabajo se ha llevado el tema con cuidado. Incluso la reunión que tuvo la secretaria de Estado, Javiera Blanco, con la directiva de la CPC, fue tratada con sigilo para evitar la posibilidad de nuevos flancos de conflicto.

Además, está fresco el recuerdo de la “cocina” que terminó por modificar el contenido de la Reforma Tributaria en el Congreso, lo que hace temer en el algunos sectores que algo similar vaya a pasar con este proyecto.

El diputado y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, el PPD Tucapel Jimenez, espera que no se repita esa experiencia: “En la comisión tengo las puertas abiertas, se va a invitar a todo el mundo, habrá una discusión transparente en donde recibamos no sólo a los trabajadores sino que a los empresarios y a todos quienes aporten con ideas”, señaló.

El parlamentario concordó con lo propuesto por la multisindical respecto de los énfasis que tiene que tener la reforma y se abrió a la posibilidad de incorporar otros aspectos: “Se planteó, por parte de la CUT, el tema de las multas. Hoy hay muchas empresas que han optado por seguir pagando multas y continuar con los abusos, hay varios temas que pueden ir de la mano con esta reforma”, agregó.

Pero no solamente el temor a un nuevo acuerdo con el empresariado y la derecha complica a algunos actores. También la discriminación a la que se han visto expuestas algunas organizaciones de trabajadores molesta dentro del mundo laboral.

En efecto, las conversaciones del Ejecutivo al respecto sólo contemplan a la CUT, cuya directiva está integrada por militantes de la Nueva Mayoría, desplazando a otras como la CAT o la UNT.

Para Óscar Olivos, presidente de la CAT, el Gobierno debe escuchar a todos los sectores: “El Gobierno tiene la obligación de juntar a todos los actores para poder elaborar aquellas reformas profundas y no hacerlo entre cuatro paredes, entre tres y cuatro personas. El país está un poco cansado de estos acuerdos”, sentenció.

La posibilidad de que este proyecto genere nuevos conflictos a la administración de Michelle Bachelet ha derivado en que se evalúe la posibilidad de postergar el ingreso en el Parlamento hasta el mes de noviembre.

El texto debe ser redactado además con cuidado para evitar un distanciamiento con la CUT que hasta ahora ha apoyado irrestrictamente la reforma.