El próximo 22 de diciembre vence el plazo para que las instituciones de educación superior declaren si adscriben o no a la gratuidad propuesta por el Gobierno, a través de una glosa en la Ley de Presupuestos.

Sin embargo, un día después se cumple el plazo para que el Tribunal Constitucional (TC) dicte sentencia sobre el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de la oposición, recurso que busca dejar sin efectos dicha glosa.

Además, entre el 27 y el 31 está programado el proceso de postulaciones a las universidades del Consejo de Rectores y a aquellas adscritas al proceso de admisión mediante la PSU.

Un escenario complejo en el que, en caso de que efectivamente el TC fallara a favor del requerimiento de inconstitucionalidad, significaría una importante reducción de los beneficiarios, según lo anunciado por el Ejecutivo, puesto que quedarían fuera varias universidades, así como los institutos profesionales y los centros de formación técnica.

“Si se restringe la glosa, si se cae la glosa, se nos pueden quedar instituciones afuera. Igual con los mecanismos que tenemos, puede que no podamos hacerlo para todos”, ha reconocido el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Desde la oposición, en tanto, el diputado de la UDI Jaime Bellolio ha planteado que “el Gobierno está intentando presionar al TC y hacer una venganza política contra nosotros, perjudicando a miles de estudiantes y amenazando con dejarlos fuera de la gratuidad”.

En ese contexto, desde el Ejecutivo ya anticipan otra posibilidad. La idea sería entregar recursos directamente a las universidades del Consejo de Rectores. Esto, considerando que se trata de los únicos planteles legalmente autorizados para recibir aportes basales.

“Nos preocupa que nuestros compañeros no tengan la información necesaria para postular. Puede que muchos postulen a una casa de estudios pensando que serán beneficiados con la gratuidad y verse, en el momento de la matrícula, con la postulación hecha y aceptado en una casa de estudios, que en realidad nunca tuvieron ningún derecho, por lo que tendrán que funcionar con créditos o con otros medios de pago”.

La advertencia de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Marta Matamala, apunta a que no solo se trata de algo poco serio, sino que “se está jugando con las expectativas de miles de jóvenes que están seguros que el próximo año podrán estudiar gratuitamente”.

La incertidumbre la lleva a anticipar ciertas situaciones, como que “podría ocurrir el caso que universidades firmen y que posteriormente ni siquiera estén incluidas dentro de la glosa, porque el Tribunal Constitucional las pueda sacar. Por ejemplo, partir con las del Cruch, que es algo que se sabe que podría ocurrir. En ese caso podríamos tener acciones legales de parte de universidades que ya tendrán contratos firmados con el Estado y que no podrán ser cumplidos durante el año 2016”.

Como vocera de la Confech, anticipa que “haríamos todavía más judicial y legislativo un asunto que debería ser de políticas públicas”.

“Tenemos más incertidumbres que certezas. Hasta este momento nadie se atreve a decir cuál será el resultado final”, asegura por su parte el académico Mario Sobarzo, del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile.

Un complejo escenario en el que anticipa que “si el TC llega a negarle la posibilidad de acceso al sistema que está proponiendo el Gobierno, se pasa a las becas, con lo cual, hay personas que hoy habrían tenido el sistema de financiamiento, más de 200 mil estudiantes, que no lo tendrán”.

Asimismo, el también investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) se detiene en las incertidumbres respecto del Consejo de Rectores.

“Tampoco tenemos tan claro qué universidades aceptarán el tema de la gratuidad, ni tampoco cómo el Estado transferirá los recursos extras que no se alcanzarán a cubrir, por efectos de que los aranceles son mayores que lo que el Estado está ofreciendo”.

En ese sentido, agrega que “no es tan claro que vaya a ser positivo para los estudiantes. Además, tiene el costo para el Gobierno de que no hizo una ley, sin lograr un acuerdo dentro de su propia coalición”.

Sí hay certezas, asegura el académico, en que las perspectivas no son las mejores para los estudiantes, para sus familias ni tampoco para el resto del país. “Sería interesante que la derecha se lo explique a los estudiantes de las universidades que quedarán fuera de la posibilidad de acceso a la gratuidad”.

Por ahora, al menos, el mensaje del Ejecutivo insiste en que la gratuidad en educación superior se implementará en 2016 de todas maneras, independiente del fallo del TC.

“Si bien no me gusta cómo está funcionando, sería peor echar pie atrás. Hay universidades que están funcionando en base a proyecciones presupuestarias, pensando en la gratuidad. Así se ha venido trabajando en los últimos meses”, explica Marta Matamala.

La misma que ejemplifica el problema en “planes de crecimiento por infraestructura y otros temas que deben planificar las universidades cada año, los que se pueden ver afectados por esto, por intentar remediar algo que ya viene mal. Si tenemos un 2017 con la misma situación de hoy, quizás cuántas generaciones de estudiantes se verán afectadas, porque nadie sabe cómo terminarán pagando su educación”.

Mario Sobarzo, por su parte, reconoce que se trata de una buena alternativa para los estudiantes de las universidades del Cruch, al considerar que son las mejores del país, donde se concentra la mayor cantidad de doctores y magíster, así como donde está la mayor cantidad de investigaciones. “Qué bueno que sean esas las instituciones que reciban el dinero. Pero mal por el lado de los estudiantes que se habían hecho las expectativas”.

Su advertencia radica en la necesidad de que exista un mecanismo “remedial” respecto del tema del puntaje PSU. “De lo contrario, esto terminará siendo una repetición de los criterios de discriminación social que siempre han existido en Chile y que se han incentivado mucho más desde el neoliberalismo”.

En lo inmediato, este miércoles y jueves se desarrollarán las audiencias donde los interesados presentarán sus argumentos ante los integrantes del TC respecto del requerimiento de inconstitucionalidad por la gratuidad.