El Tribunal Ambiental de Santiago se constituirá este jueves en Antofagasta, para realizar una visita de inspección a las instalaciones y sectores aledaños al puerto.
La medida se enmarca en el análisis de la reclamación que la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI) interpuso contra la resolución en que la Superintendencia del Medio Ambiente la multó por ochocientos millones de pesos y le ordenó limpiar la zona afectada.
Juan Pablo Caiceo, integrante fundador de la organización “Este polvo te mata”, que ha llevado adelante las denuncias en contra la empresa ATI, calificó la reclamación como incomprensible y explicó que los informes de la estación de monitoreo de la Seremi de Salud, ubicada frente al puerto, arrojaron altos niveles de contaminación
“El discurso que ha tenido ATI es que la contaminación es histórica. Nosotros hace dos semanas con las estaciones de monitoreo les demostramos que las mediciones durante diciembre reventaban los niveles de contaminación en su sector, que es el sector centro de la ciudad. Al frente de estas operaciones mineras en el centro hay clínicas infantiles, hospitales, gente viviendo, entonces nosotros ya no entendemos qué es lo que quiere esta empresa”
El dirigente agregó que ya cursaron una demanda en contra de la Superintendencia de Medioambiente “por su ineptitud frente al tema” e interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por los altos niveles de metales pesados en el sector del puerto. Ahora esperan que el Tribunal ratifique su demanda y anunciaron nuevas movilizaciones para este mes.
Por ahora los estudiantes y profesores están exigiendo exámenes que puedan corroborar su estado de salud frente a estos altos índices de contaminación, pero de manera extraña los organismos que deberían velar por nuestra salud se niegan aún hasta la fecha a hacer exámenes a la ciudadanía aledaña que tiene altos niveles de contaminación
Cabe recordar que las sanciones que estableció la Superintendencia de Medio Ambiente corresponden al segundo procedimiento sancionatorio que el ente fiscalizador lleva contra la empresa
