Un rotundo rechazo ha generado el reconocimiento hecho por fiscales chilenos de haber recibido preparación en el extranjero sobre técnicas para hacer frente al terrorismo por parte de Estados Unidos, según consignó El Diario Austral, filial de El Mercurio.

Alberto Chiffelle, fiscal jefe de Temuco y quien lidera la investigación del Caso Luchsinger-Mackay, causa que se reactivó este año y que mantiene en prisión preventiva a diez comuneros, reconoció que participó en cursos en Centroamérica donde aprendió “diversas técnicas” de “entrevista o interrogatorio”.

Esta información se entrega un mes después de que el único testigo del caso denunciara presiones de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para dar falso testimonio.

Por otro lado, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Arroyo, participó recientemente de un taller en Colombia donde recibió “una intensa preparación en el extranjero en técnicas antiterroristas”. Entre otros casos emblemáticos, Arroyo investiga el supuesto vínculo de organizaciones mapuches con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que ha sido ampliamente difundido en medios sin que se haya aportado ninguna prueba concreta.

También Miguel Ángel Velázquez, ex fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) y el propio Fiscal Regional, Cristián Paredes, han recibido este tipo de capacitaciones.

Radio Universidad de Chile se comunicó con la Fiscalía, donde confirmaron toda esta información, pero no se pronunciaron al respecto.

En ese sentido, la abogada del Centro de Investigación y Defensa SUR (CID-SUR), Karina Riquelme, una de las defensoras en la nueva investigación por la muerte del matrimonio de agricultores el 2013, recordó el perfil de ambos persecutores.

“Hay cosas que en realidad es importante mencionar. Ellos son los mismos fiscales que iniciaron persecución de los 23 mapuche que fueron procesados el año 2010 y que fueron acusados por la Ley Antiterrorista, que fueron todos absueltos. Ellos mantuvieron en prisión preventiva a estos dirigentes, hablaron de las FARC, dijeron que había descubierto a los líderes de la CAM y toda esta parafernalia que se generó el 2010 y que llevó a juicio a todos ellos, y luego, al dejar en libertad a los dirigentes, el Ministerio Público (es decir el Estado) tuvo que pagar más de 400 millones de pesos en costas”, sostuvo.

La abogada sostuvo que estos fiscales tienen un marcado perfil anti-mapuche y añadió que estas capacitaciones cuestionan el ejercicio del debido proceso. Sin embargo, son incentivadas por la propia Fiscalía, que dispone de “cupos”, los que suele priorizar en La Araucanía.

Con esto coincidió Marta Cisternas, de los Observadores de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, quien manifestó su preocupación por el rol que está cumpliendo el Ministerio Público.

“Nos preocupa porque lo que hemos visto en otras zonas es que los fiscales, en este caso, son arte y parte en las investigaciones. Por un lado, están como acusadores de mapuche que se les procesa por haber cometido algún delito y, por otro lado, cuando los mapuche presentan querellas, son los fiscales los que investigan a los mismos perpetradores que estuvieron como testigos de ellos anteriormente. Esto genera la duda de hasta dónde está la imparcialidad y hasta donde están investigando de una manera ética”, afirmó.

La Casa de Memoria ha mantenido un fuerte trabajo con dirigentes del sector de Cañete y Tirúa, donde se han registrado graves denuncias de tortura en el marco de procedimientos, por lo que se ha hecho parte el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En ese sentido, Marta Cisterna afirmó que existen denuncias de comuneros que sostienen haber visto a fiscales mientras sufrían vejaciones, tal como lo hizo José Manuel Peralino, quien denunciara el procedimiento por el que se obtuvo su confesión en el caso Luchsinger-Mackay.

Para Juana Aguilera, presidenta del Comité Ético Contra la Tortura, es impresentable que se capacite en estas materias ignorando todos los pronunciamientos de Naciones Unidas: “Es muy grave que los fiscales, quienes conducen los procesos contra los dirigentes mapuche, vayan a estas capacitaciones sabiendo expresamente que Naciones Unidas ha dicho expresamente que las acciones de los comuneros no son de carácter terrorista. Hay como un desencuentro de dos mundos”.

Las organizaciones están preocupadas por el aumento de casos de tortura. De hecho los observadores, se reunieron este martes con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y se les informó que el proyecto que tipifica este delito, está entrampado en el Congreso Nacional.

En tanto, se siguen registrando casos y se conocen noticias como ésta que, afirmaron las organizaciones, ponen en duda el funcionamiento del sistema judicial chileno.