Este lunes el Tribunal Constitucional dará a conocer los fundamentos de su decisión de objetar la titularidad sindical y la extensión de beneficios en la reforma laboral, luego del requerimiento presentado por la oposición.

Por su parte, el Gobierno anunció cuál será su estrategia luego del rechazo del Tribunal Constitucional a la titularidad sindical y a la extensión de beneficios automática vía afiliación. Dos puntos considerados por algunos sectores como los únicos avances en una Reforma Laboral que ha sido calificada como tímida y que no apunta a cambios profundos.
El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, confirmó que la Moneda ingresó un  veto presidencial supresivo a algunos aspectos de la reforma y anunció que enviarán un nuevo proyecto de ley para corregir otros puntos, luego que este lunes se conozcan los argumentos de la decisión que tomó el Tribunal.

“No podemos descartar no sólo que se comprometan algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores. Para evitar tales riesgos se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto, asimismo una vez que conozcamos todos los fundamentos del Tribunal Constitucio0nal, enviaremos un proyecto de ley al parlamento que adecúe el texto a dichas consideraciones en materia de titularidad sindical”, afirmó el ministro.

Además, Díaz agregó que a través de estas acciones intentarán reestablecer condiciones, para “avanzar en relaciones laborales más justas entre trabajadores y empleadores, y que faciliten los acuerdos al interior de las empresas”.  A través del veto el Gobierno revisará las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, así como un nuevo quórum sindical para negociar.

Desde Chile Vamos calificaron como “oscura e irresponsable” la acción del gobierno. El diputado de la UDI, Patricio Melero, criticó que el tema se ha manejado con poca transparencia, en tanto aún no se da a conocer el contenido detallado de esta acción.

“Nos parece que tiene más un sentido de revancha frente al fallo del TC al eliminar algo tan fundamental como es la adaptabilidad, es decir, que lo trabajadores puedan junto con la empresa adaptar las jornadas de trabajo en virtud de las necesidades de la empresa y de los trabajadores. Nos parecía que eso era algo muy importante en la reforma y lamentamos que  se haya eliminado por la vía de un veto superviso al igual que los porcentajes de trabajadores para formar un sindicato con el fin de ir a la adaptabilidad”, señaló.

 El parlamentario pidió que el Gobierno defina pronto el proyecto de ley corta que anunció para que “se genere un mayor grado de certidumbre en materia de reformas laborales”.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló desacreditó las críticas de la oposición y recordó que “ellos recurrieron al Tribunal de manera ilegítima, porque fueron incapaces de ganar el debate en el parlamento”.

Aguiló consideró la acción como indispensable y explicó que el veto presidencial eliminará la facultad que el proyecto entregaba a trabajadores y empresarios, para negociar adaptabilidad en las jornadas de trabajo. Una medida que había sido acordada por la CUT y los empresarios, bajo la condición en que el titular de los trabajadores sería el sindicato, lo cual fue desestimado por el Tribunal.

“Es decir, si una empresa tiene un sindicato y quiere generar adaptabilidad, hacer jornadas largas de trabajo, superiores a las que permite la ley actual y después en otro periodo de menor intensidad tener jornadas más breves y compensarlas, eso se puede hacer siempre que los trabajadores tengan un genuino representante en el sindicato, pero como se eliminó la titularidad sindical, entonces el empleador lo que puede hacer es formar él en cinco minutos un grupo negociador, de pocas personas financiadas incluso por el propio empresario. Pueden a nombre de todos los trabajadores llegar a un acuerdo de adaptabilidad, lo que sería un completo retroceso para los trabajadores del país”, sostuvo el parlamentario.

“Moderado y temeroso”

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, calificó la acción del gobierno como “moderada” y añadió que “se hizo con temor”. En ese sentido dijo que esperaban “que se hubiese vetado servicios mínimos y la materia de descuelgue”.

“Creo que era a todas luces imprescindible que el gobierno operase con el veto, creo que fue un veto demasiado moderado y temeroso y creo que en eso mucho peso tuvieron las opiniones de algunos ministros que pareciera ser que les incomoda que hayan sindicatos fuertes en este país y que estaban muy contentos con el fallo del tribunal y que parece que hubieran esperado que no se moviera una hoja del proyecto de ley”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, dijo que el gobierno debe esperar el fallo del Tribunal en su integridad para dar a conocer los detalles del proyecto de ley corta que buscará reponer la titularidad sindical.  Además, el diputado pidió “coherencia para que se revise de inmediato el proyecto de ley sobre los trabajadores del turismo, donde se aprobó la titularidad sindical y el pacto de adaptabilidad con el sindicato. Al respecto señaló que “es probable que el gobierno también tenga que vetar algunos aspectos de este proyecto”.

Durante la jornada de este lunes el Tribunal Constitucional dará a conocer los argumentos jurídicos del fallo que objetó la titularidad sindical y la extensión de beneficios, luego de lo cual se podrán redactar los detalles del veto y el proyecto de ley corta con el que el Gobierno pretende reponer algunos aspectos de la reforma.