La comunidad de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile desea expresar, mediante esta Declaración Pública acordada en su Consejo de Facultad, lo siguiente:
1) Nuestro más decidido rechazo al actual proyecto gubernamental de Ley de Reforma de la Educación Superior, enviado para su tramitación al Congreso Nacional el 05 de Julio recién pasado. Este rechazo está basado en la constatación, luego del estudio de dicho proyecto, de que esta iniciativa no resuelve los problemas actuales del sistema de Educación Superior, creando además otros nuevos y faltando a los compromisos que este Gobierno asumiera con los universitarios y la ciudadanía, luego de los acontecimientos, declaraciones, tomas de posiciones, manifestaciones y movilizaciones de la sociedad civil en los últimos diez años.
2) La situación de crisis denunciada por las comunidades universitarias y de las instituciones de educación superior, así como por personalidades del mundo científico, social, profesional y económico, está caracterizada por el fuerte debilitamiento progresivo de la educación superior pública y estatal chilena, reafirmándose en los últimos cuarenta años un modelo de mercado y de privatización, lo que provoca una trasferencia de recursos estatales hacia estos sectores, con mínimas regulaciones y controles, modelo que es único y una rareza en el contexto internacional. Esta exclusividad chilena no se relaciona con la disponibilidad de recursos sino en cómo son distribuidos, privatizando la educación terciaria y haciendo pesar en una cifra superior al 75% del costo de ésta en los hombros de las familias chilenas, como constaría en el informe “Education and Glance” (2014), de esta forma, nuestro país se habría convertido en uno de los países de mayor inversión privada en educación superior de la OCDE. Este estado de cosas se habría hecho intolerable e ineficaz, como se demuestra por los últimos cierres dramáticos de universidades, con el consiguiente daño a los estudiantes y sus familias. Esto ha sido repudiado por más del 86 % de la opinión pública de Chile, como ha sido ampliamente evidenciado por encuestas y sondajes de opinión.
3) Dicha política ha redundado en la disminución del aporte estatal a sus universidades y planteles de educación superior, lo que traído consigo la disminución de las matrículas de pregrado, la que en los últimos cinco años ha descendido en un 5,6 %. Pensamos que es equivocado pretender que las oportunidades de inversión y negocios privados se deban fomentar debilitando y destruyendo el sector estatal y público. Lo único que se ha conseguido con estas políticas es empobrecer nuestra formación profesional y de investigación, aumentando quizás su cobertura pero a la vez atentando contra la calidad de esa formación. El estado, por otra parte, ha visto disminuida su capacidad de gobierno y planificación del desarrollo social y económico de nuestro país, produciéndose desequilibrios y crisis sectoriales, que atentan a los recursos naturales, a la ecología y a la vida sana de los chilenos.
4) Creemos que, como recientemente opinara nuestro rector, Ennio Vivaldi, dicho estado de cosas revela que: “No se ha acogido ninguna de nuestras propuestas, se reafirma un modelo de mercado financiado por el Estado y que está hecho para mantener los privilegios de la universidades privadas fuera del CRUCH”. Así , sin consultar a los especialistas, a las comunidades universitarias o profesionales, el actual proyecto ha sido redactado entre cuatro paredes, en el más absoluto secreto y no contempla mecanismos de fortalecimiento de los planteles estatales y públicos, lo que hace impensable que, a mediano o largo plazo, estos puedan convertirse en el eje y pilar de un Sistema de Universidades Públicas, base para la formulación y el diseño de los planes necesarios para un desarrollo nacional sustentable y la generación de políticas de bien público, como es expresamente declarado en los Estatutos y Declaraciones de Misión y Visión de las universidades estatales y públicas.
5) El proyecto enviado al Parlamento contempla además artículos que dañarían fuertemente la autonomía de los planteles universitarios públicos, requisito inalienable para una sana formación académica y profesional, para la obtención de logros estables y duraderos y para una contribución equilibrada e independiente, pluralista y democrática a la vida nacional. La autonomía en la vida universitaria ha protegido su quehacer de las presiones indebidas, económicas, políticas y raciales que intereses parciales y de grupos puedan generar. Debemos recordar que esta autonomía ha sido un derecho histórico de las universidades estatales, por la defensa del cual las comunidades universitarias han debido pagar duros costos en el pasado reciente y ha constituido el espacio necesario para la libertad de creación e investigación y el piso sobre el cual se construye la conciencia democrática de nuestra nación, la base para una unidad nacional y para la superación de desequilibrios, discriminaciones e injusticias.
6) En este cortoplacismo mercadista del actual proyecto, que sigue favoreciendo el incentivo a la demanda, no existe espacio para una razonada planificación universitaria, para el necesario equilibrio entre disciplinas y saberes, castigando fuertemente toda iniciativa de desarrollo de proyectos universitarios regionales, las especificidades y el futuro académico de las regiones y penalizando la formación en el ámbito artístico, de ciencias humanas y sociales, las que han sido orgullo y prestigio de nuestras universidades a nivel internacional. Solo mediante una meditada y razonada inversión en la oferta universitaria pública se puede invertir la tendencia al centralismo y la monoproducción exportadora, diseñando políticas de fomento de un desarrollo sustentable, de creación e investigación en nuevas tecnologías e integrando el aporte de las artes y la creación a la cultura e identidad nacional.
7) Denunciamos, finalmente, que este proyecto contradice los compromisos y promesas que el supremo gobierno había establecido con la ciudadanía, de fortalecer las universidades y la educación superior pública, disminuyendo y penalizando el lucro, garantizando la calidad y equidad en la oferta universitaria, garantizando la gratuidad y la educación superior como un derecho, sustrayéndola a los apetitos voraces y desregulados de una educación de mercado. Llamamos a las comunidades universitarias a estar alertas y a construir un proyecto alternativo que pueda dar cauce a las más sentidas necesidades y aspiraciones de formación en educación superior de las familias chilenas, garantía de un desarrollo nacional justo, democrático y sustentable.
