La reforma laboral que impulsó el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no dejó conforme prácticamente a nadie. Quizás los sectores asociados al empresariado pudieron celebrar con cautela los escuetos avances que significaron las nuevas normas laborales, pero las agrupaciones de trabajadores no pudieron aplaudir algo que, en el papel, había anunciado cambios sustanciales para su situación.

Los actores y expertos del mundo del trabajo y materia laboral coinciden en que el “deber ser” en el área dista bastante de lo que vaya a hacer efectivamente Sebastián Piñera y su ministro de la cartera, Nicolás Monckeberg. Laboral parece ser un área en el que la inclinación del futuro mandatario y de su gabinete está bastante definida y no precisamente en beneficio de los trabajadores.

Es lo que afirma César Toledo, abogado laboralista. El académico de la Universidad Diego Portales cree que existe una distancia significativa entre lo que debería ser el foco de atención del nuevo gobierno y lo que efectivamente se llevará su preocupación durante los primeros meses: “Hay un tema complejo, porque lo que tiene que ver con el “deber ser” yo creo que no va a ocurrir con el gobierno de Piñera.

El abogado cree que seguridad social se llevará más atención que una agenda de reformas laborales: “Lo que han insinuado los personeros cercanos a la coalición básicamente apunta a la seguridad social, más que al derecho del trabajo, pero temas sustantivos laborales dificulto que pase. Es difícil que quieran mover los cimientos de la reforma laboral, porque es beneficiosa para el empresariado. No creo que haya un escenario más favorable que el actual. Cuesta ponerse a pensar algún tipo de proyecto labora lque beneficie a los trabajadores concretamente. Básicamente porque el sector que apoya a Piñera es partidario de flexibilizar aún más el derecho del trabajo, más de lo que está”.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores tampoco tienen mucha fe en lo que puedan ser las políticas asociadas al área. Al ser consultados sobre el tema, la posición defensiva es lo que prima. Amalia Pereira, vicepresidenta de la CUT, reconoce que la postura de la multigremial será la de defender lo poco que se ganó a través de la reforma laboral, sobre todo en un contexto en el que los gobiernos de derecha de la región han tendido a restar derechos laborales más que a sumarlos: “Vamos a defender lo que hemos ganado en la reforma laboral. Como Central estamos claros de que en la región la tendencia ha sido perder los derechos laborales y sindicales. Nosotros consideramos que alcanzamos un avance. La negociación colectiva por sindicatos interempesas y limitar los grupos negociadores. La titularidad sindical y el fin al reemplazo es un avance, pero nos queda mucho aún para tener relaciones equitativas con el empresariado”.

A pesar de eso, creen que una prioridad para un nuevo gobierno debiese ser la titularidad sindical: “Tenemos que seguir profundizando en el tema de la titularidad sindical. El gobierno quedó al debe. Hay que avanzar en una nueva reforma que contenga los eliminados de los derechos fundamentales. El derecho a huelga todavía no tiene una verdadera relevancia en nuestro país”.

Uno de los temas que ha estado en boga durante los últimos meses ha sido la precariedad laboral de los trabajadores a honorarios. Hoy son cerca de 340 mil los funcionarios públicos que trabajan bajo esa condición. Muchos de ellos han sido traspasados a la figura de la contrata que, lejos de mejorar si situación laboral, la precariza aún más, obligándolos, por ejemplo, a cotizar. Jimena Aguirre, directora nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, así lo reafirma: “Ellos fueron traspasados desde honorarios a contrata en condiciones que no fueron las óptimas, porque se traspasaron de bruto a bruto, no respetando su sueldo líquido. Entonces se les obligó a pagar cotizaciones de su bolsillo. No respetaron los sueldos que los trabajadores venían ganando hace años. La situación de precariedad laboral de ellos es distinta, entonces se mira con el mismo prisma que se mira a todo el sector público, sin embargo sus condiciones son bastante más preocupantes”.

Una de las propuestas que ha generado ruido también es la disminución de la cantidad de empleados del aparato público. Sobre eso Aguirre también manifiesta su preocupación: “Uno ve claramente que en el área de desarrollo social hay programas que podrían ser afectados. El consejo de la infancia ya tiene fecha de término. Ahí hay trabajadores que se van a ver perjudicados. Como puede pasar en el consejo de la infancia, puede pasar en otros programas que tienen que ver con la entrega de servicios sociales a la población. Lamentablemente estos años post dictadura se han ido entregando beneficios en forma de subsidios para la gente, entonces el gobierno de Bachelet generó muchos programas que implicaban ayudas sociales, bonos, beneficios particulares, y no se generaron políticas de Estado que resolvieran los problemas de los derechos sociales”.

Sebastian Piñera ha insistido en que su prioridad es destrabar la economía y remar hacia el crecimiento económico. Que eso vaya de la mano con un beneficio hacia los trabajadores es una interrogante que pronto verá la claridad.