El 10 de diciembre de 2018, en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el gobierno de Chile ha informado que no firmará el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado en una conferencia intergubernamental en la ciudad de Marraquech, el día 9 de diciembre, por cerca de 150 estados del mundo. El objetivo del Pacto es analizar y proponer líneas de cooperación entre los estados que se hagan cargo de la migración desde todas sus dimensiones abordándola de forma íntegra. Al no firmar este Pacto, Chile solo fomenta el racismo que ya se ha ido desplegando, y, además, se reafirma el hecho de que el gobierno actúa de espaldas a la sociedad civil organizada a la hora de suscribir o no suscribir convenios internacionales que, aunque no vinculantes, dan marcos éticos de acción.

El Pacto pone el acento en la cooperación entre los Estados. Este Pacto, afirma el Preámbulo que “presenta un marco de cooperación no vinculante legalmente que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes fomenta la cooperación internacional entre todos los actores relevantes en materia de migración, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración por sí solo y respalda la soberanía de Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.

Se trata de un instrumento de cooperación que asume la complejidad del fenómeno migratorio y que propone 23 objetivos, cada uno con propuestas de líneas de acción surgidas de consultas nacionales, regionales y globales en 2017 y largas negociaciones durante 2018, destinadas a dar forma a una migración segura, ordenada y regular, donde se entrecruzan los derechos, el género, el interés superior del niño, entre otros principios acordados. Algunos de sus objetivos son: mantener y desarrollar bases de datos desagregadas que permitan conocer el fenómeno migratorio al interior de los países; minimizar las adversidades y los factores estructurales que desde sus países de origen conducen a las personas a migrar; salvar vidas y establecer coordinaciones internacionales en el esfuerzo para dar con el paradero de personas migrantes desaparecidas; prevenir, combatir y erradicas el tráfico de personas en el contexto internacional de la migración; gestiona las fronteras de forma integrada, segura y coordinada; establecer mecanismos para la portabilidad de los derechos de seguridad social de los que sean titulares las personas migrantes, son algunos de los 23 objetivos que los Estados asumen en este Pacto.

Ya han trascendido a los medios de prensa las descoordinaciones en la conducción de la posición de Chile frente a este Pacto, precedidas por un errático compromiso del país con una imperativa mirada compleja, humanista y solidaria respecto a la cuestión migratoria. La participación previa de nuestro país en las consultas y negociaciones del Pacto hace todavía más incomprensible su negativa a firmar. Lo mismo ocurrió en el caso del Acuerdo de Escazú, en materia ambiental, lo que hace pensar que estamos ante una conducción incoherente poco seria del Estado chileno en materia internacional.

Es sumamente llamativo que el nombre del Pacto se reproduzca en la Minuta Reforma Migratoria y Política Nacional de Migraciones y Extranjería de abril de este año, que establece un conjunto de medidas dirigidas al control de fronteras y que crea una visa de turismo para quienes provienen de Haití. Pero es una réplica vacía de contenido.

Es sumamente preocupante la política nacional e internacional que se está desarrollando en materia migratoria. Establece diferencias arbitrarías, racistas, con el acento en el cierre de fronteras y nula preocupación por los derechos humanos de quienes buscan en nuestro país construir un proyecto de vida digno, y que ahora, en este nuevo giro, se autoexcluye de cooperar en el ámbito de las Naciones Unidas para la construcción de un mundo mejor y consciente de sus desafíos. Llamamos al gobierno a ser parte del Pacto, porque las argumentaciones esgrimidas no son válidas y porque las conveniencias son muchas para el país, la región y las personas migrantes.