El 21 de agosto del 2018, el Presidente Sebastián Piñera anunció en Cadena Nacional la firma de uno de sus proyectos estrellas de campaña: la modernización del sistema tributario.

Sin embargo, la propuesta sufrió algunos cambios. En un principio, la reforma tenía contemplado rebajar el impuesto a las grandes empresas de un 27 a un 25 por ciento, pero esta iniciativa fue desechada para abrir paso a una serie de modificaciones que, en sus bases fundamentales, significan un giro radical a la normativa que actualmente rige en el país.

 Un sistema integrado

Uno de estas modificaciones es la reintegración del sistema tributario, lo que en la práctica significa que los impuestos pagados por las empresas podrán servir como crédito para los impuestos que deban pagar las personas. Para Piñera, de esta forma, se podrá “lograr justicia tributaria, es decir, que independiente de cual sea la fuente del ingreso, las personas paguen lo mismo”.

El economista y académico de la Universidad de Chile, Nicolás Grau, da cuenta de un sistema opuesto al que propone Piñera. Es decir, un sistema desintegrado.

“Un sistema totalmente desintegrado significa que las empresas pagarían impuestos y ese impuesto no funcionaría como crédito tributario para los accionistas de las empresas. Es un impuesto que las personas pagan y no se devuelve nunca más”. Y agrega que, en la práctica, la reforma del gobierno “significaría que las empresas más grandes van a pagar menos impuestos”.

El punto “medio” entre ambas modalidades sería la actual normativa que rige en nuestro país y que fue implementada por Michelle Bachelet en el año 2014.

Dicha normativa dispone que tanto propietarios como accionistas solo pueden utilizar un 65 por ciento de los impuestos pagados por la empresa como crédito contra sus impuestos personales. A esto se le podría clasificar como un sistema semi-integrado. Con el proyecto de Piñera, este límite desaparecería. 

La carga de las pymes

Una de las razones por las que Sebastián Piñera justifica la reintegración tributaria hace referencia a los beneficios que podría significar para las pymes del país. Así lo indicó en cadena nacional.

“Los impuestos pagados por las empresas serán crédito para los impuestos que deban pagar las personas, lo que favorecerá a más de 150 mil pymes y a grandes sectores de la clase media, y además facilitará la vida a todos nuestros contribuyentes”.

Sin embargo, Nicolás Grau de la Universidad de Chile señala que las pequeñas y medianas empresas van a ser las sostenedoras de la menor carga tributaria que supone la integración de los impuestos.

“La reforma sostiene que aquello (disminución de impuestos) se va a financiar con la mejora de la recaudación del IVA  a través del uso de boletas electrónicas, y esa mejor recaudación vendría principalmente de las empresas más chicas”.

El uso de esta nueva boleta electrónica supone que la pérdida de 833 millones de dólares por concepto de integración se vería compensada por un mejor recaudo equivalente a los US$1.175 millones. En el informe de presentación del proyecto que fue debatido en la Comisión de Hacienda del Senado, se estipuló que “probablemente sean las pymes las que más evaden”.

Es decir, indirectamente, la reforma del actual gobierno reconoce a las pequeñas y medianas empresas como sus potenciales sostenedores, ya que, si bien, la modernización de las medidas anti evasión no dejan de ser una buena medida, esta se llevaría a cabo principalmente para compensar el derecho del sector empresarial más atribulado de pagar menos.

De todas formas, para el ex director del Banco Mundial, Andrés Solimano, la posibilidad de compensar la integración tributaria a través del IVA resulta poco confiable.

“Yo creo que esa esperanza está basada en supuestos optimistas ya que hasta ahora solo se trata de algo empírico. Es por eso que no estoy tan convencido. Todos sabemos que los agentes económicos se ajustan rápido a nuevas disposiciones y pueden inventar rápidamente nuevos mecanismos para la evasión”.

La modernización tributaria de Sebastián Piñera no deja de llamar la atención de los expertos debido a la carga que, indirectamente, transferiría desde las pymes hacia las grandes empresas. Efecto totalmente contrario al que el Mandatario anunció en su presentación. No obstante, todas estas suspicacias podrán ser resueltas en el Congreso, donde el proyecto volverá a ser discutido luego del receso legislativo.