Trabajadores Pesqueros, de Flota y Planta, dependientes de la industria pesquera, y distribuidos desde Arica a Punta Arenas, plantearon que es imperativo que el gobierno y las autoridades, en general, comprendan que se debe proteger el recurso humano en las iniciativas legislativas que se están aprobando y debatiendo, las cuales, se sostiene, son para “preservar los principales recursos hidrobiológicos”.

“Hay que buscar las fórmulas de aplicación de las medidas restrictivas armonizadas con la paz social necesaria para quienes laboran normalmente en este sector productivo”, estiman los trabajadores, a nivel nacional. Plantean que “no resulta antojadizo pretender que la autoridad aplique medidas de regulación que también contengan elementos sociales protectores para los ciudadanos que se encuentran insertos en el sector”. “La forma más eficiente y real de mitigar la situación de los trabajadores es la jubilación con directa intervención del Estado considerando que los cambios al cuerpo legal que nos regula es de iniciativa del Ejecutivo”, puntualizaron.

Las Organizaciones Pesqueras de Trabajadores, si bien pueden, por ejemplo, compartir la idea de reformular la actual Ley de Pesca, “a la hora de los cambios deben tomarse en debida cuenta las consecuencias de estos en la clase trabajadora, por lo tanto es nuestra propuesta que las medidas que proponga la autoridad administrativa y las propiciadas por la legislativa, sean de carácter proteccionistas tanto para los recursos hidrobiológicos, como en materia de empleo”, aseveraron.

Los planteamientos están oficializados en una carta al ministro de Economía, José Ramón Valente, y son parte de los argumentos que presentarán en reuniones que comenzarán a sostener con autoridades y parlamentarios, una de ellas a fines de mes en Puerto Montt, la segunda en Iquique, a comienzos de mayo. La idea de estas reuniones es entregar información fundamentada respecto del actual problema del sector y el respaldo para su propuesta de la Plataforma Social.

Hugo Roa (Trabajadores Tripulantes de Naves Sardineras de la provincia de Concepción) recordó que “el proyecto de Ley Corta no tiene en su propuesta original, un artículo que proteja los intereses de los trabajadores de la industria pesquera, como forma de mitigación ante los efectos negativos que erosionan la expresión social del manejo de los recursos pesqueros, de ahí que elaboraron una propuesta y exigen sea incluida como parte fundamental del proyecto de modificación de ley en curso”.

Sergio Vera (Federación de Tripulantes de Naves Especiales de Chile) hizo ver que “el ámbito pesquero puede, responsablemente, manifestar que los temas no están siendo recogidos si no van con presión popular. Señaló que en el tema de la jibia y el cambio en el arte pesca propuesto por el legislativo fue aprobado por una mayoría aparentemente desinformada sin que tuviese la fuerza y carácter de parte del Ejecutivo para revertir el que una mala iniciativa se consolidara en una mala ley, a pesar de anticipar los problemas que acarrearía realizar esta modificación, su falta de valentía a no decir que no a este tipo de iniciativa, nos conduce a un futuro no muy auspicioso que lamentablemente tendrá graves complicaciones a los intereses económicos sociales y patrimoniales del país”.

Eric Riffo (Oficiales Motoristas de la Marina Mercante Nacional) indicó que “las organizaciones sociales que agrupan a los trabajadores de plantas y embarcados, desde ya hace mucho tiempo se han esforzado para que sus representados tengan hoy la ansiada estabilidad en el empleo, rentas dignas y acordes a las labores realizadas, garantías salariales justas en los tiempos de baja producción, contratos y convenios colectivos, etc., con el porcentaje de sindicalización más alto a nivel nacional. En síntesis las organizaciones sindicales representantes, en todo este tiempo han hecho ¨la pega¨ la cual no tuvo exenta de interminables luchas y discusiones que nos permitían hasta ahora estar tranquilos. Ahora el problema es que, después de todo lo construido, se ven enfrentados a lo que nuestros mismos representantes pretenden destruir”.

Los trabajadores y trabajadoras que se emplean en la industria pesquera del país, han debido enfrentar una serie de dificultades en especial en estas últimas dos décadas, las que principalmente tienen su origen en la disminución de las abundancias de los recursos hidrobiológicos, condición que generó en cantidad la disminución de las plantas de proceso en más de dos tercios, lógicamente esta disminución fue también en proporción a los puestos de trabajo.

Juana Silva (Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera) y Patricio Montealegre (Federación de Plantas de Proceso Macro Zona Norte) pidieron que quede claramente establecido que, “con o sin crisis pesqueras, con bajas en las capturas, disminución en la participación entre sectores, con o sin licitaciones, etc., nuestra labor ya es complicada y, por todo lo expresado y en justicia es necesario el apoyo de la autoridad, para quienes casi siempre terminan afectados en su único y más preciado capital económico como lo es el trabajo”.

Los Trabajadores Pesqueros del país ya entregaron al subsecretario de Pesca carpetas con los datos de todos los trabajadores, de flota y planta y de empresas de apoyo, que se verán afectados por la Ley Jibia. Ricardo Flores ( Tripulantes de Arrastre) reiteró lo que en han señalado todos los dirigentes: “que lo primero que piden es trabajo, pero, otra vez nos vemos forzados a aceptar las nuevas condiciones, nuestras intenciones siempre han sido y serán continuar desarrollando nuestro ancestral oficio, pero al vernos impedidos a esto esperamos que ¨el premio de consuelo¨ no sea tan malo, decir ante esto que en estricto rigor nuestra mejor Plataforma Social es la de un trabajo digno y formal”.

En la carta al ministro se explica que por los cambios que se están realizando a las normas reguladoras de la actividad y las que se proponen a futuro, se ha transformado en tema prioritario para los trabajadores, la puesta en discusión ante el gobierno, las formas de mitigación que en justicia la autoridad debe asumir y acordar para quienes pierdan su empleo por los cambios a las reglas que se proponen.