Para la tarde de este martes estaba prevista la votación del proyecto de Ley Corta Antiterrorista en la Sala del Senado. Sin embargo, esto no pudo concretarse y se postergó para la sesión de este miércoles 7 de agosto, a petición del senador Juan Antonio Coloma.

A pesar de que durante todo el día el Gobierno había intentado llegar a acuerdos con la oposición, finalmente le fue imposible y solo logró un preacuerdo con la Democracia Cristiana.

En concreto, el Ejecutivo, representado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, inició negociaciones con el comité de senadores de la Democracia Cristiana, las que se querían extender al resto de la oposición. No obstante, desde el PS y el PPD se desmarcaron de ello.

Así fue como previo a la sesión, el presidente del Senado, Jaime Quintana, dijo que el acuerdo que la falange planteó suscribir era bastante general y que no eran parte de él. “Nuestra disposición siempre ha estado en poner este tema en discusión, independiente de que estoy convencido y creo que en esto interpreto a la oposición en general, de que este proyecto no va a permitir prevenir hechos de violencias tan grave como los que hemos conocido”, agregó.

De la misma forma, el legislador socialista, Alfonso de Urresti, dijo que “no estamos en condiciones de firmar un protocolo cuando simplemente el ministro hace generalidades y no dice compromisos específicos”.

Así el debate posterior en la Sala estuvo marcado por las intervenciones de los parlamentarios con llamados a favor y en contra de la aprobación de esta ley, pero por el paso del tiempo y la falta de acuerdo, la decisión final será tomada en una nueva sesión de Sala en la que la ley estará como segundo punto de la tabla.

La ley antiterrorista toma elementos de otras legislaciones para enfrentar hechos de violencia que se puedan considerar terroristas y permitiría, entre otras cosas, agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, la creación de la figura de cooperación eficaz y la interceptación de comunicaciones telefónicas.

El debate respecto de la ley se ha centrado en lo que esta podría ocasionar, pues varios senadores han llamado a aprobarla para, por ejemplo, combatir la violencia en La Araucanía, mientras que ese mismo tema es el que ha recalcado la oposición para no votar a su favor, ya que auguran que podría dar pie a que se siga criminalizando a la región.