“Un gran diálogo ciudadano”, así se denomina el proceso de consultas que impulsa el Ejecutivo en 165 comunas del país para eventualmente escuchar las demandas de la gente y enfrentar la crisis social que atraviesa Chile.
Sin embargo, este jueves, dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores y los propios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y servicios asociados, denunciaron en las afueras de la propia secretaría de Estado, su rechazo a la idea de Gobierno.
En medio de una manifestación improvisada, el presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Claudio Breque, indicó que “diálogos ciudadanos” está condenado al fracaso.
Esto -argumentó- por su metodología, personal a cargo y exclusión en los temas que realmente importa resolver.
“La idea oficial que se despliega desde este ministerio, responde a una metodología preparada por agentes externos, con resultados preestablecidos, con nuevos contratos para personas cercanas al Ejecutivo para su aplicación. Todo lo cual redunda en un vano intento por impulsar y blanquear la agenda social promovida por el Presidente Piñera”, afirmó.
Los dirigentes sindicales del Ministerio de Desarrollo Social alertaron también sobre el acotado rango de participación de las personas en estos “diálogos ciudadanos”, solo 165 comunas de las 365 que existen en total.
Además, denunciaron que son 15 personas las designadas por el Presidente Piñera para convocar y desarrollar las reuniones, por lo que -agregaron- no da garantías de imparcialidad al momento de analizar los temas y plasmar conclusiones.
Los funcionarios temen que esta idea impulsada por dicha secretaría de Estado se convierta en un nuevo y fallido proceso de “consulta indígena”, donde hasta conscriptos de apellido mapuche fueron obligados a participar, deslegitimando finalmente todo el proceso.
En este sentido, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, expresó que el motivo es no abordar temáticas que se relacionan un cambio a la actual Constitución emanada en dictadura.
“No queremos conversatorios restringidos, queremos cabildos auto convocados abiertos, y con resultados que apunten a zanjar problemas estructurales, no soluciones basadas en un Estado subsidiario que sigue entregando recursos a privados, por eso, estas instancias de diálogo se deben construir junto a la ciudadanía movilizada”, argumentó.
En varias comunas de la región de la Araucanía y en Talca donde ya se desarrollan “diálogos ciudadanos” han surgido voces de los residentes denunciando que alcaldes afines al Gobierno y los propios intendentes están seleccionando a las personas participantes, que, en un acotado número, han rechazado la idea de una nueva Constitución. Incluso revelan que los propios gobernadores provinciales y seremis actúan como consultados. “Un montaje para la foto”, dicen desde las organizaciones locales que se han movilizado durante esta crisis social.
El representante de la comunidad Coihue – Painemán, David Painemán, informó lo que sucede en la comuna de Cholchol, donde el alcalde Luis Huirilef, ha convocado entre otros, a grupos evangélicos que se oponen a modificaciones estructurales.
“Es bastante obvio que acá existe una intervención política deliberada y decepcionante también la información dada por la municipalidad. Por ejemplo, acá en Cholchol, Galvarino, Carahue y Nueva Imperial, lo único que han hecho es sacar la opinión de la gente sobre temas impuestos por las autoridades, y todas estas personas seleccionadas, partidarias del Gobierno”, subrayó.
Hay que recordar también, que este miércoles el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, aseguró que en los encuentros “no hay temas vetados” y que el proceso se extenderá por 60 días, en el que, según indicó, se considerará los cabildos realizados en el proceso constituyente ejecutado durante el mandato de Michelle Bachelet.