La noche del miércoles en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta, se aprobó en general el llamado proyecto de ley “antiencapuchados”. la moción parlamentaria presentada en septiembre pasado por los senadores Felipe Kast, Andrés  Allamand, Felipe Harboe, José Miguel Insulza y Víctor Pérez pasó al siguiente trámite con  22 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

La iniciativa legal, que fue calificada con discusión inmediata por parte del Ejecutivo, establece que aquellos que turban gravemente la tranquilidad pública, en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años y 1 día). Asimismo en el caso de los delitos contra las personas, se reconoce como agravante el uso de capucha u otros elementos semejantes con el fin de ocultar la identidad.

Uno de los senadores que votó en contra de proseguir con este prenormativa fue  Alejandro Navarro quien señaló que la moción es inservible. Según el parlamentario, se trata de  “un vergonzoso proyecto de populismo penal. (…) La derecha fue incapaz, no sabe cómo enfrentar la delincuencia y hoy quiere criminalizar a los jóvenes que marchen con capucha, con pañuelos. No hay proyecto más aberrante que este. Hay vandalismo, hay delincuencia, esa es la realidad, un conjunto de delincuentes que se han aprovechado de esto, pero este proyecto no aporta nada”.

Por su parte la senadora DC Yasna Provoste aclaró que este proyecto tiene origen parlamentario y que ello implica que efectivamente en el Congreso existe preocupación por la seguridad, sin embargo criticó las medidas que ha implementado el Gobierno en estas semanas de crisis.  “Hemos condenado la violencia que deslegitima las movilizaciones que apoyamos. El Gobierno ha sido incapaz de tomar a tiempo las medidas que se requieren. Por eso hacemos un llamado a cambiar el eje de su agenda que ha sido la represión. Debemos pasar a una agenda de verdaderos cambios”, expresó.

En contraposición, quienes defienden el proyecto de ley antiencapuchados aseguran que éste ayuda a mejorar los estándares de seguridad. Así, el senador RN Francisco Chahuán calificó la iniciativa como de “suma importancia” y recordó el proyecto anterior que buscaba salvaguardar las manifestaciones como un derecho y prohibir encapuchados, con sanciones que iban desde reclusión menor en su grado mínimo. “Es absolutamente necesario avanzar en esta materia”, afirmó el congresista.

En ese mismo sentido se manifestó el senador Juan Antonio Coloma (UDI). “Se nos dice que se criminalizan las protestas sociales. Lo que vemos no es protesta social porque las ciudades arden en este minuto. Estamos en una etapa donde el orden público debe estar primero. Lo que hacemos es criminalizar la violencia y eso inspira este proyecto”. A la vez, hizo un llamado a dejar de responsabilizar al Gobierno por toda la crisis social del país.

El texto solo se discutió en general, pues según señaló el senador Felipe Harboe,  “se requiere hacer algunas modificaciones y escuchar a académicos en materia penal”. El representante  de la 13ª circunscripción, Región del Biobío, dejó constancia que la desigualdad ha sido uno de los factores fundamentales de la crisis social.