Luego que el lunes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, entregó al Gobierno el informe que sistematizó, analizó y describió las “graves violaciones a los derechos humanos” ejercidas por agentes del Estado, el jefe jurídico de la institución, Rodrigo Bustos, analizó la cifra de querellas y cómo está se ha triplicado en los últimos dos meses en relación a todos los años anteriores.
El informe realizado por el Instituto de Derechos Humanos da cuenta que Carabineros de Chile ha tenido conductas lesivas a las garantías fundamentales en forma reiterada, como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamiento en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos.
El jefe jurídico de la institución, Rodrigo Bustos, explicó que el aumento de querellas presentadas por el INDH en los últimos dos meses en comparación con años anteriores, se ha triplicado y que el informe abarca solo hasta el 30 de noviembre, pues a la fecha actual, el número se acerca a las 900 querellas.
Consultado respecto de querellas presentadas por el Gobierno por violaciones a los derechos humanos, el abogado señaló que ellos no tienen conocimiento de que el Ejecutivo haya iniciado acciones por este tipo de hechos, a diferencia de lo que sí ha sucedido con la presentación de acciones judiciales invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado por delitos relacionados con saqueos, sin embargo, el profesional expresó que en el paso este mismo Gobierno si se hizo presente en investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
“En 2018, el Gobierno sí se querelló por el homicidio de Camilo Catrillanca, por lo tanto sí es posible que ejerzan acciones judiciales por casos de violaciones a los derechos humanos. Acá las autoridades de gobierno han sido más cautas en no presentar acciones judiciales por los casos de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos dos meses que son graves, numerosas y persistentes. Hay algunos tipos de violaciones de Derechos Humanos que se repiten una y otra vez como los de lesiones oculares o los de tortura con violencia sexual”.
“En un Estado democrático de Derecho lo que corresponde es que las policías sean absolutamente sujetas al poder civil y aquí han habido altos grados de autonomía. Nosotros como INDH hemos planteado que efectivamente Carabineros de Chile depende del Ministerio del Interior, por lo tanto, cuando siguen ocurriendo casos de personas que reciben perdigones en su rostro y ojos y que pierden la visión, deben adoptarse medidas inmediatas, urgentes y fuertes para que ello no siga ocurriendo y la verdad es que el 10 de noviembre, luego de una reunión entre el Ministro del interior con el General Director, se había asegurado que esto dejaría de ocurrir, sin embargo continuó sucediendo”.
En cuanto a lo que se ha denominado como “autonomía indeseable” de Carabineros, el profesional señaló que el Gobierno ha manifestado la intención de hacer cambios a la institución. “Se han establecido comisiones de trabajo coordinadas tanto por la Subsecretaría de DD.HH del Ministerio de Justicia como por el propio Ministerio del Interior y nosotros como INDH hemos estado participando y colaborando en ellas. Creemos que se debe avanzar para reformar la Policía y que de aquí en adelante haya un marco normativo y practicas que sean coherentes con los DD.HH. Hemos dicho una y otra vez que el orden público no puede entenderse como en contradicción con el respeto a los DD.HH., pero a la vez lo que no puede suceder es que se trabaje en comisiones de reforma a la Carabineros de Chile pero que día a día a sigan ocurriendo graves casos de violaciones a los DD.HH. Se requiere que más allá de las mesas de trabajo hayan medidas urgentes por parte de la autoridad para que no sigan ocurriendo violaciones a los derechos humanos”.
En cuanto al atropello del que fue víctima un manifestante por parte de un carro lanzagases de Carabineros, Bustos expresó que el INDH participó de la audiencia de formalización contra Mauricio Carrillo, el carabinero conductor del vehículo y que tipificó el hecho en el marco de un accidente de tránsito. “Discrepamos de la evaluación jurídica de la Fiscalía y presentamos una querella por homicidio frustrado porque consideramos que el acto de ese funcionario de carabineros podía llegar a conducir a la muerte de esa persona y además nos parece que establecer como cautelar solamente la firma mensual en un caso tan grave no parece proporcional. No puede ocurrir que en los casos de violaciones a los derechos humanos, cuando han muerto personas o ha habido torturas, o se ha afectado gravemente su integridad física o integridad sexual, el Estado no responda adecuadamente investigando estos casos o sancionándolos como corresponde”.
Respecto de las sugerencias que el Instituto de Derechos Humanos realizó al Estado, Bustos señaló que lo más importante es que, en el corto plazo, el Ministerio del Interior realice cambios en materia de protocolos y también en sistema de controles de los mismos, en orden a evitar que sigan ocurriendo violaciones a los derechos humanos.
“También hemos planteado recomendaciones para el sistema de justicia de modo que las violaciones a los derechos humanos ocurridas estos dos meses no queden en la impunidad. También creemos que deben adoptarse medidas por parte del Gobierno en materia de reparación porque hemos tenido casos graves de malos tratos y tortura con connotación sexual, hemos tenido personas que han perdido la vista. Para esas reparaciones no cabe esperar un año o dos a que terminen los procesos judiciales, el Gobierno debiera avanzar desde ya”.
En cuanto a si existe o no violación sistemática de los derechos humanos, Bustos señaló que ninguno de los informes internacionales planteó una conclusión de sistematicidad, lo que no implica descartarla y así lo ha hecho el Instituto. “Nos quedan aún miles de denuncias que analizar y presentar acciones judiciales y por lo tanto no se descarta una eventual sistematicidad, pero hasta ahora la conclusión del INDH es que no se trata de casos aislados ni de simples excesos, sino de graves violaciones a los DD.HH. que han sido persistentes y repetidos. Hemos puesto el énfasis en eso y en la importancia que se adopten medidas para terminar con esas violaciones a los DD.HH. y que no haya impunidad” concluyó el abogado.
