Son varios los parlamentarios que se verían afectados por una implementación del límite a la reelección parlamentaria que considere los períodos que ya han ejercido: al menos seis en el Senado y 37 en la Cámara Baja. No obstante, para algunos, el llamado de la ciudadanía ha sido claro y es necesario regular la reelección, con el objetivo de renovar la política y avanzar hacia una reivindicación de la labor parlamentaria, la que ha sido fuertemente cuestionada por el movimiento social en los últimos meses.

Entre los detractores, ha tomado fuerza el argumento de que la iniciativa no es una prioridad en el contexto de una pandemia y han alegado una intencionalidad política en sus promotores, quienes apuntarían a dejar afuera del tablero a figuras que podrían interferir en sus pretensiones electorales. La incumbencia también tomó protagonismo en un debate que terminó en una abstención masiva en el Senado, entre ellos, varios de los que se verían afectados por la norma. También hay otros que plantean que debe ser un órgano externo quien tome esa decisión, proyectando la mirada hacia un mecanismo constituyente.

El abogado constitucionalista, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y presidente de Fuerza Común, Fernando Atria, conversó con nuestro medio sobre el límite a la reelección parlamentaria que se discute en el Congreso, así como también sobre la retroactividad que se le busca aplicar a la norma y que tantos cuestionamientos ha generado en diversos sectores, tanto del oficialismo como la oposición.

¿Cómo ve el debate que se está dando en el Congreso y los argumentos que se ofrecen en contra de limitar la reelección parlamentaria?

Yo creo que éste es un debate que ilustra parte de las patologías que se han ido produciendo en estos 30 años, que explica el proceso de deslegitimación que llevó, entre otras cosas, al estallido del 18 de octubre.

Uno escucha los argumentos que se ofrecen en contra de esta regla que limita la reelección, diciendo que corresponde al pueblo decidir en elecciones si las personas han de ser reelegidas o no, pero eso podrá ser correcto o sonar bien en teoría, pero en la práctica, en la experiencia de los ciudadanos, es totalmente imaginario. Es decir, el sistema político que tenemos nosotros no es un sistema en el cual la reelección dependa del resultado contingente de las reelecciones.

¿Con qué tiene que ver entonces?

En buena parte, eso tiene que ver con las prácticas que se asentaron bajo la vigencia del sistema binominal, que era un sistema pensado para hacer irrelevantes a las elecciones. Entonces yo creo que, en buena parte, la indignación que suscitó lo que ocurrió en la cámara del Senado está relacionado con esto, con que los parlamentarios son vistos como un grupo que vela por sus propios intereses en vez de representar al pueblo de Chile. Y lo que todo esto demuestra es que, en nuestra situación política actual, la idea representativa que define a la democracia es puramente imaginaria.

Pero en general hay una mayoría que está de acuerdo con limitar la reelección, los principales argumentos apelan a la retroactividad…

Si este proyecto se aprueba sin afectar a los senadores y diputados que ya han sido elegidos, va a ser visto como una burla. Porque cuando se apruebe, se va a hacer un gran boato diciendo “por fin hemos logrado que se limiten las reelecciones, esto es un gran triunfo para la democracia chilena y se da un paso adelante”, y se ponen los pantalones largos, etcétera. Vamos a escuchar esos discursos que hemos escuchado tantas veces y los ciudadanos en la próxima elección parlamentaria van a darse cuenta que nada ha cambiado. Entonces, si se aprueba de modo que no afecte a las personas que están hoy día en los cargos en cuestión, yo creo que en definitiva va a tener el efecto precisamente contrario y va a ser tomado como una burla.

La Comisión de Constitución del Senado ha sido el principal escenario de la discusión del proyecto de ley que busca limitar la reelección de parlamentarios y otras autoridades con efecto retroactivo. Foto: Sebastián Cisternas.

Así y todo, hay quienes argumentan que esto tiene detrás una intencionalidad política de algunos parlamentarios para dejar “fuera del tablero” a su competencia…

Toda esta discusión sobre retroactividad está mal planteada. Es una de las ideas fundamentales de la democracia: las personas no tienen derecho a los cargos públicos, nadie tiene derecho a los cargos públicos. Eso es lo que distingue al Estado de Derecho y la idea democrática; de la monarquía o el Antiguo Régimen, en que se vendían los cargos públicos y entonces se podía tener derecho a los cargos públicos. Hoy día nadie tiene derecho a los cargos públicos porque son cargos cuya justificación es política.

Entonces, si hay una decisión de que no pueden reelegirse los parlamentarios, esa decisión naturalmente rige afectando a todas las personas, desde el momento en que esa decisión es promulgada. La idea de que una decisión de ese tipo, para proteger los derechos de los parlamentarios afectados, no puede regir inmediatamente sino sólo para el futuro, es una idea que es completamente ajena a la tradición democrática.

Otra de las demostraciones de las patologías de nuestra condición política, es que estas ideas totalmente ajenas a la tradición democrática, como que hay derechos subjetivos sobre los cargos públicos, hoy día se dan y se reciben como si fueran obvias. Nadie tiene derecho a los cargos públicos.

También hay quienes dicen que es un mal proyecto y que en países que se ha avanzado en esto se ha terminado retrocediendo…

Todas esas son excusas a éstas alturas, yo creo que la cuestión es mucho más clara que eso. Éste es un proyecto que viene requerido por el hecho de que hoy día el Parlamento es el paradigma de la deslegitimación de la política institucional. Entonces es muy simple, o el Parlamento le da relevancia a eso y trata de hacer algo para recuperar parte de su legitimación, o se muestra indiferente. Por eso yo creo que no aprobar este proyecto con argumentos de ese tipo, es una manera de mostrarse indiferente. Es decir “nos da lo mismo la situación actual de deslegitimación de la institución parlamentaria”.

Y si el Parlamento le notifica al pueblo que le da lo mismo la deslegitimación, entones no tiene muchas razones para sorprenderse si de vuelta recibe más deslegitimación”.

¿Es el Congreso el único culpable o afectado por este proceso de deslegitimación? Hay parlamentarios que dicen no ser parte de aquella élite tan cuestionada durante el estallido social.

“Ese proceso ha afectado a todas las instituciones políticas, pero de modo especialmente evidente a las que están más identificadas con la operación normal de la democracia representativa, que son los partidos políticos y el Parlamento. Ambos hoy en día son instituciones respecto de las cuales las personas comunes y corrientes tienen tirria. Algunos senadores y diputados podrán decir que es injusto, que les dicen que no trabajan pero trabajan tanto. Está bien, a lo mejor es injusto, pero ésa es la condición política actual. Así, yo creo que lo razonable es dar las señales que correspondan, de modo de contribuir por lo menos a compensar ese proceso de deterioro, y yo creo que lo que pasó el martes en el Senado va exactamente en la dirección contraria”.

Para el senador Letelier, socialista, este proyecto no es suficiente para resolver un problema tan profundo. De hecho, ejemplificó con el voto voluntario y lo que se creía que iba a generar en la ciudadanía, pero fue justamente lo contrario.

Es cierto que el problema de la deslegitimación es más profundo que una sola medida, en eso tiene razón y la solución para eso es una política distinta, y esa política distinta es una nueva Constitución. De hecho, hay un proceso constituyente, tendremos un plebiscito en octubre y se elegirá una convención constitucional en abril del próximo año. Esa es la solución definitiva, por cierto.

La pregunta que deben hacerse es, dado que hay un proceso que esperamos nos lleve a la solución definitiva ¿podemos en el tiempo intermedio ignorar todo esto, hacer como que todo esto no existiera y darnos la gran vida? Pueden, es razonable. Pero yo creo que es una manera bien poco inteligente de plantear las cosas.

A mi me parece que entendiendo que el problema es profundo, porque es una crisis política que se ha ido gestando por 30 años y entonces no se puede enfrentar con una medida en particular de modo completo. Eso no quiere decir que no puedan hacerse cosas que vayan transmitiendo el mensaje que hoy día importa, de relegitimación democrática. Yo creo que rechazar un proyecto como éste o promulgarlo de modo tal que sólo tenga efecto en casi dos décadas más, es una manera de negar una contribución importante a enfrentar este problema.

Fernando Atria es abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es, además, presidente del partido político en formación y en proceso de inscripción en el Servel, Fuerza Común. Foto: @fotografoencampana.

Justamente otro de los argumentos en contra, en específico el del senador independiente Carlos Bianchi, era que esto debiese resolverlo el eventual órgano constituyente ¿Qué le parece esa idea?

Ése es un argumento que tampoco tiene sentido porque si después se quisiera cambiar la regla, ¿habría que convocar a una nueva Asamblea Constituyente? O sea, ¿cada vez que se quieran cambiar las reglas del sistema electoral que afecta a los parlamentarios es necesario una Asamblea Constituyente? ¿Cómo fue posible hace cinco años cambiar el sistema electoral que afectaba a los parlamentarios? Por el propio Parlamento. Ese claramente es un argumento antojadizo y aprovechador, que no va al fondo del asunto.

El Parlamento está para legislar. Es también una parte fundamental de la idea democrática, que al que dicta las reglas se le aplican las reglas que dicta también. Entonces, el hecho de que las leyes afecten a los parlamentarios no es una razón para decir me abstengo y no participo.

Claro, finalmente se rechazó la norma con 22 votos a favor y siete en contra. Pero fueron 12 abstenciones, un senador que no votó y otro que se inhabilitó los que impidieron la aprobación. ¿Qué le parece eso?

Bajo esta Constitución, prácticamente todas las decisiones de cierta importancia se toman por mayorías que se calculan no sobre los presentes, sino sobre los en ejercicio, aún cuando los que votan son muchos menos. Eso creo yo que tiene dos consecuencias muy nefastas y que ayudan en este proceso de deslegitimación. Una es que permite que los parlamentarios escondan sus votos como pasó el martes: doce senadores se abstuvieron o no votaron con el argumento de que, como tenían un conflicto de intereses, entonces la probidad exigía que no votaran. Todos los que se abstuvieron en realidad votaron en contra, pero votaron escondidamente. No dijeron votamos en contra, escondieron su voto en contra detrás de una abstención. Evitan ser responsabilizados de las decisiones que toman y eso es algo que no es aceptable, las reglas tienen que estar para que los parlamentarios que están ahí no por derecho propio, sino porque representan a alguien, respondan de cada decisión que toman.

¿Qué señal está dando el Congreso de cara a la ciudadanía con esta votación?

Lo que el ciudadano ve es que, en este caso, 22 senadores votaron a favor de la retroactividad y siete en contra. Es decir, tres cuartos votaron a favor de la retroactividad y un cuarto votó en contra. Sin embargo, la retroactividad se perdió. Porque claro, lo que importa no son solamente los que votan, también importan los que se abstienen y si uno toma en cuenta los que se abstienen no es siete contra 22, es 21 contra 22. Pero lo que el ciudadano ve es que aquí hay una decisión que obtuvo una mayoría aplastante y que sin embargo no se pudo tomar. O sea, lo que el ciudadano ve es que, para la institucionalidad, el principio democrático de la regla de mayoría es, también, un juego, es una mentira. Eso también contribuye a esta sensación de que la política da lo mismo, porque no importa ganar o perder, porque todo el que quiere mantener las cosas como están siempre gana, aunque pierda.

Foto en portada: Agencia UNO.