Eran como las cinco o las seis de la tarde y estaba media dormida. Habían ido por pizza más temprano al centro de la ciudad y ese día, 9 de enero, planeaba decirle que arreglaría su casa ese año, y que le gustaría que se viniese a vivir con ella.

A Mandu, que estaba a su costado, lo había conocido en 2019 por unos amigos que practicaban breakdance en un grupo llamado Deja Vu Style -uno de los más populares de Punta Arenas y que en 2015 representó a la región de Magallanes en una de las competencias de B-Boys más importantes del mundo, el Outbreak Europa-. Pero además, Marcelo, o Mandu, como le dicen sus amigos acortando su apellido, es estudiante de ingeniería civil mecánica en la Universidad de Magallanes, y le restaba solo un año para terminar la carrera.

Marcelo Mandujano fue detenido por la PDI ese día y arrebatado de todas las pertenencias tecnológicas que pudieran comprometer su participación en el delito por el que se le acusaba. Paralelamente, el allanamiento también se realizó en la casa de Sara, su polola desde hace seis meses, y que estaba de cumpleaños.

Encarcelación de Marcelo Mandujano en Punta Arenas.

—No creo que haya sido casual. Sobre todo por el ensañamiento que tienen contra nosotros —repite Sara, anónima para la publicación de este reportaje y que puede referirse a todo, menos a la seguidilla de hechos puntuales realizados el 12 de noviembre y por los que Mandu arriesga hoy hasta once años de cárcel por el incendio que destruyó un local de la AFP Hábitat, que está en la esquina de Magallanes con la Avenida Colón.

En las primeras horas de esa noche, a Mandu se le interpuso la prisión preventiva, que venía siendo en ese entonces el mecanismo inmediato solicitado por la Fiscalía a nivel nacional para la mayoría de los detenidos en el contexto del llamado estallido social. Si bien para el 20 de octubre, dos días después del inicio de la revuelta, Carabineros de Punta Arenas contabilizaba solo 46 detenidos, la cifra para el 14 de noviembre se incrementó a 280, esto sin contar aquellos a los que la PDI ya tenía en la mira principalmente por los dos días en los que Magallanes registró la mayor cantidad de hechos de violencia, el 28 de octubre y el 12 de noviembre.

Contra el tiempo, a Mandu se le hizo declarar ese mismo día frente al fiscal que llevaría el caso, Felipe Aguirre Pallavicini, y terminó confesando que el 12 de noviembre estuvo frente al local de la AFP afectada, y que, como la mayoría de las personas allí, había arrojado cosas al interior del inmueble.

Pero la tesis de Aguirre hoy abarca mucho más y sugiere que el incendio habría sido una acción “coordinada y conjunta”, con Marcelo Mandujano como cabecilla de una organización de carácter anarquista. Todo esto sustentado en tres pruebas que no distan de lo que se ha visto recientemente en otros casos similares a nivel nacional: likes en Facebook, apoyo a publicaciones en favor de las demandas de pueblos originarios, la supuesta participación de Marcelo en la manifestación del 25 de noviembre y que terminó afectando al mausoleo de José Menéndez -uno de los colonizadores de la Patagonia chilena acusado del exterminio selknam-, la declaración de un testigo anónimo proporcionado por la PDI, y un vídeo de seguridad grabado horas antes del incendio y que coincidiría con la apariencia de Marcelo en la manifestación de esa noche.

Toda esta hipótesis no cambió mucho en los seis meses que el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas decretó como plazo para la investigación de los hechos. En marzo, con los primeros casos de coronavirus en el país, Gendarmería tomó como medida de precaución ante posibles contagios dentro de los penales la prohibición de las visitas. Algunas familias, eso sí, podían facilitar teléfonos celulares para sus presos. Los gendarmes requisan los aparatos, todo está intervenido. El plazo de uso es de solo una hora, dos veces a la semana.

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Según un balance de la Coordinadora 18 de octubre proporcionado a solo un mes del primer aniversario del estallido social, eran aproximadamente 250 las personas a nivel nacional que se encuentran con prisión preventiva acusados de delitos de desórdenes y violencia. Esta información, por supuesto, viene siendo actualizada periódicamente y repetida en cada pronunciamiento de dicha organización desde el inicio de la pandemia. Días después del plebiscito del 25 de octubre y que terminó con una jornada de celebración apoteósica en la Plaza Baquedano, una de las personas integrantes de la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP) declaró a Diario y Radio Universidad de Chile que la sensación de dichas personas al ver esas imágenes era de humillación, de sentirse “pasados a llevar” porque en ninguna mesa del llamado “Acuerdo por la paz” del 15 de noviembre se les había considerado.

“Está bien este jolgorio por el plebiscito, porque ganó el apruebo. Bienvenido sea eso, pero jamás se nos ha considerado ni a las familias ni a los presos”, manifestó.

Esa misma semana, algunos partidos políticos firmantes de dicho acuerdo empezaron a levantar iniciativas que buscaban la liberación de los que ya para ese entonces, y con más fuerza en los medios masivos, empezaban a llamarse “presos políticos”. Pero la aceptación del término tuvo que ver principalmente con lo ocurrido a partir de un caso que implicaba a un adolescente y a su tío en la quema del metro Pedreros en los primeros días del estallido.

El martes 3 de noviembre, después de casi 10 meses de prisión preventiva, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago absolvió a Daniel Morales, de 35 años, y al adolescente de iniciales B.E.S.M, de 16 años. Rodrigo Román, abogado de ambos casos, declaró para nuestro medio:

“Quedó al descubierto que la policía en concomitancia con la Fiscalía, presentaron una versión a los tribunales, que quedó al descubierto en el juicio oral. Con un video editado quisieron demostrar la culpabilidad de B.E.S.M y su tío, lo que no fue posible porque el Tribunal pudo desmentir esa ilegalidad y en consecuencia lo que hizo fue dictar un contundente veredicto absolutorio”.

Rodrigo Román.

Pero Román aún no canta victoria y dice que esperará la consolidación de la sentencia, que debería estar lista en no más de un mes. Después de eso, además, se planea interponer demandas civiles al Estado por el tiempo que sus representados perdieron sometidos a la prisión preventiva.

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Tenía 16 cuando robó un teléfono celular. Era un LG color negro que Carolina Contreras, su profesora en el Liceo Industrial de Punta Arenas, había dejado olvidado en una mesa en plena celebración del plantel. Por esto fue recluido en un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Punta Arenas, y allí mismo, un año después y poco antes de cumplir 17, Rayo golpeó con una regla metálica y un tazón a uno de los monitores de la comunidad.

La justicia lo absolvió de esto último, pero no se libró de ser trasladado a otro hogar de menores fuera de la ciudad en donde había vivido desde los 10 años. Natural de la ciudad costera de Buenaventura, en Colombia, Anderson Rayo vino a Chile para vivir con su papá, que en ese entonces trabajaba en el área de construcción, en la última región del país. “Pero me portaba mal”, dice ahora, por eso lo trasladaron hasta Concepción donde pasaría un año en el CREAD Nuevo Amanecer.

Terminó tercero medio y se quedó allí hasta cumplir los 18, el 9 de mayo de 2019. Entonces, Rayo tuvo que salir del Sename y regresó a vivir con su padre a Punta Arenas. Pero en no más de medio año allí, el 20 de octubre exactamente, se vio enfrente de la oficina de BancoEstado de la plaza Muñoz Gamero, con una turba de gente a su costado. No recuerda por qué, dice, pero tomó un palo que encontró en el suelo y enfurecido, y casi como cobrando revancha con una ciudad que poco o nada le había dado, le pegó dos golpes al vidrio que mira hacia la avenida 21 de mayo y que es parte de un edificio declarado monumento histórico en el año 2015.

Atrás de él, recuerda, venía otro tipo, y de reojo, notó que traía un fierro.

Rayo se escabulló hacia un costado y su antecesor lo traspasó. La baranda metálica también siguió su curso.

Llovía ligero esa tarde, el vidrio resultó hecho añicos a sus pies. Anderson pasó despistado la mirada por una de las cámaras de grabación que le pertenecía a la municipalidad, y fue capturado por la PDI un día antes del fin de mes. Estaba en el centro con unos amigos, dice, y quedó sorprendido, con la única seguridad de que al Sename no volvería más.

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OFAPP es una organización que, si bien ha tenido bastante relevancia desde su conformación a solo meses de iniciado el estallido social, ha sabido guardar hermetismo respecto a las declaraciones que brindan sus integrantes. La mayoría de estas, por ejemplo, siempre son en conjunto y en público, a través de puntos de prensa que han organizado frente al Centro de Justicia de Santiago, la cárcel de Santiago 1 o el Palacio de Tribunales, y que deben ser de las pocas manifestaciones in situ que jamás cesaron con la pandemia.

Aunque en un principio no tenían denominación propia, los primeros integrantes decidieron plegarse a las actividades realizadas por la Coordinadora 18 de octubre porque desde allí se les hizo parte de sus demandas, facilitándoles incluso herramientas jurídicas para atender los casos de sus familiares o amigos, además de acompañamiento emocional constante. Una de las cosas que también sumaron a este vínculo fue que, a diferencia de otras organizaciones nacidas en el mismo contexto, ésta no daba muestras de tener injerencia política alguna. No obstante, pese al distanciamiento de la Coordinadora con dicho sector, desde allí se respeta y apoya, por ejemplo, la construcción de una mesa técnica entre OFAPP y los parlamentarios impulsores de la llamada ley de amnistía.

Incendio en el metro Pedreros.

Justamente, el caso de las personas absueltas por la quema del metro Pedreros ha suscitado incluso que en este mismo escenario, la denominación “presos políticos” vuelva a estar vigente, y por ende, algunos partidos de oposición barajan alternativas para encontrar una salida al problema.

“Desde un principio hemos dicho que no estamos a favor de violencia, la hemos condenado de cualquier forma, pero nada justifica que haya personas que sigan en prisión preventiva, con la vulneración al debido proceso, y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”, ha declarado, por ejemplo, el senador socialista, Rabindranath Quinteros.

Su par de Revolución Democrática, Ignacio Latorre, opinó similar: “En Chile se suele usar y/o abusar de la herramienta de la prisión preventiva para castigar políticamente a determinados grupos sociales; se ha abusado de la prisión preventiva con muchos presos mapuches y también con jóvenes que legítimamente salen a protestar”.

Rabindranath Quinteros.

Por otro lado, el caso mencionado aumentó también las esperanzas de personas que como Sara esperan la liberación de sus familiares y amigos. En Punta Arenas, por ejemplo, ella misma ha tomado la cuenta de presos similares que compartieron módulo junto con Marcelo Mandujano, y llegó a ocho, incluyendo al colombiano Anderson Rayo. Todos hasta el momento allí, han sido liberados, con excepción de Mandu. Sin embargo, según afirma OFAPP y Sara, el número podría ser aún mayor.

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Rayo y Mandu se conocieron en el Módulo D del Centro Penitenciario de Punta Arenas, con aproximadamente dos meses de diferencia. No se trata de un pabellón especial para “presos políticos”. Al igual que en cualquier cárcel de Chile, conviven con personas que han cometido crímenes de violencia que van desde asesinatos hasta violaciones. Marcelo, según cuenta Sara, pasa los días haciendo retratos para los otros presos: les dibuja a sus madres, esposas, hijos, o a ellos mismos, y dicta clases de breakdance a los más jóvenes. Una vez a la semana, además, como todos los presos, tiene acceso a un computador donde se ha propuesto, aunque despacio, avanzar con la tesis que tiene pendiente, y si lo logra, será el más joven de su promoción al graduarse.

A Rayo también le pasaban el computador en la semana, y dice no haber evitado revisar las redes sociales y lo que decían los periódicos locales sobre su situación. Uno de sus favoritos, confiesa, era El Pingüino, y se enteró allí, por ejemplo, que posterior a los incidentes del 20 de octubre, diversos comerciantes de la ciudad presentaron un recurso de protección en contra del Estado de Chile por los daños provocados. El fiscal del caso de Anderson y otros del mismo tipo, Felipe Aguirre, llamaba a la calma y recordaba que el Ministerio Público y las policías continuaban con su trabajo. Todos buscaban a un culpable, y Rayo arriesgaba hasta seis años de prisión.

Juicio en contra de Anderson Rayo.

Mientras tanto, en las afueras de la cárcel, los amigos cercanos de Mandu organizaron una campaña de recolección de firmas solicitando su liberación, y escribieron una carta en conjunto, que publicaron en algunos medios independientes, y en donde criticaron, entre otras cosas, el cargamontón mediático que los medios tenían en casos como el de Marcelo o Anderson Rayo.

En la cárcel, además, según asegura Rayo, si bien los llamados presos de la revuelta no tenían mayores conflictos con los demás reclusos, en su caso era distinto. Le decían negro, dice, “negro culiao”. Un día se llegó a agarrar a golpes con uno de los que siempre lo insultaban, pero terminó siendo trasladado lejos de sus compañeros a otro módulo de la cárcel. A Rayo, a diferencia de Mandu y los otros presos, no le habían facilitado un teléfono celular, por lo que el contacto con las personas de afuera, principalmente con sus tres hermanos menores, era a través de un computador.

El día que fue detenido y llevado al local de la PDI, Rayo confiesa no haber llamado a nadie, y que su padre recién apareció algunos días después porque se enteró de la noticia a través de los medios.

—Mi papá se dio cuenta de que yo no estaba en la casa, pero no sabía que yo estaba preso. Se dio cuenta dos días después porque vio la noticia en redes sociales y porque unos amigos le dijeron. Como nos llamamos igual, pensaban que era él el que estaba preso.

Intervención de los amigos de Marcelo Mandujano en la Costanera de Punta Arenas.

Sara y algunas otras personas de la OFAPP empezaron a llevarle cosas a Rayo, que se las pasaban a través de Mandu; y el lunes 2 de noviembre, posterior a escuchar la sentencia que le otorgó la libertad por haber pasado ya 370 días de los 300 a los que fue condenado, Rayo no llamó a nadie de su familia y fue recibido por un grupo de amigos de Mandu, incluida Sara.

Marcelo Mandujano enfrentó el cierre de su juicio oral este sábado 7 de noviembre, con la esperanza de que los próximos días pueda recibir una sentencia que lo libere, como sucedió con Anderson o los acusados de la quema de metro Pedreros; que en este caso tendrá que ser dictaminada por el juez José Octavio Flores, el mismo que estuvo a cargo de la investigación por la desaparición del adolescente Ricardo Harex y que ha sido acusado por la familia de la víctima de mantener sospechosos vínculos con los demandados.

Rayo, por su parte, viviendo por ahora en la casa de su padre, dice que dentro de sus metas para antes de cerrar el año está encontrar trabajo, arrendar algo propio y terminar el cuarto medio el año entrante. Quiere estudiar mecánica automotriz en algún momento, pero mientras, deberá buscar trabajo en alguna panadería o negocio de restaurantes. “No hay más cosas para hacer aquí en pandemia”, dice. Ha vuelto a ir a la plaza con sus amigos también y con el frío de estos días recuerda a veces la tarde del 20 de octubre, la escarcha en el suelo y el sonido del vidrio quebrando algo afuera y dentro suyo.