Este martes 30 de marzo el ejército birmano desplegó operaciones militares en varios puntos de Rangún para impedir nuevas manifestaciones. Sin embargo, los operativos represivos no impidieron las protestas.

En los céntricos barrios de Sanchaung, Myaynigon, Kyaukmayaung, Thaketa, Kyauktan, montañas de basura y quemas de neumáticos fueron instaladas en las vías de mayor circulación.

Antes de las 9 de la mañana el Ejército ya se había desplegado para dispersar a los manifestantes. Los detenidos fueron obligarlos a despejar las vías y limpiar las calles. En varios sectores las confrontaciones continúan.

Según declaró a nuestro medio asociado RFI un funcionario de la OIT que prefirió mantener en reserva su identidad, este proceder de obligar a civiles a desmontar barricadas y limpiar las vías, va en contravía del Convenio No. 29 sobre el Trabajo forzoso.

Divisiones en la comunidad internacional

En respuesta a la represión, Washington anunció la suspensión inmediata de un acuerdo marco de comercio e inversión con Birmania firmado en 2013 hasta que se restablezca un gobierno “democráticamente elegido”.

Francia denunció la “violencia ciega y asesina” del régimen y exigió la liberación de “todos los presos políticos”, incluida Aung San Suu Kyi, que sigue incomunicada.

Londres, por su parte, pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebrará el miércoles a puerta cerrada.

China e India se negaron a condenar formalmente el golpe.

Rusia mantiene por su parte estrechos vínculos con la junta y el viceministro de Defensa, Alexánder Fomín, participó el sábado en el desfile anual de las fuerzas armadas birmanas.

El Kremlin expresó su preocupación por el “creciente” número de muertos, pero dijo que Birmania seguía siendo un “aliado fiable y un socio estratégico” con el que quiere reforzar las relaciones militares.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a mostrar una “mayor unidad” y un “mayor compromiso” para presionar a la junta.

Haciendo oídos sordos a las condenas y sanciones occidentales, los generales birmanos continúan con su mortífera represión en un intento de frenar las protestas y huelgas prodemocracia que sacuden el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi.

510 personas, entre ellas numerosos estudiantes y adolescentes, murieron por disparos de policías y militares en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

Con el corresponsal de RFI en Rangún, Ramón Vidales