Si uno hiciera el ejercicio de fijar imágenes sobre el inicio de la rebelión social en octubre del 2019, seguramente las más reiteradas serían: la masividad de las protestas en el centro de Santiago; la improvisada indumentaria de los/as jóvenes para defenderse de los proyectiles policiales y los piquetes de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, observando  que el protocolo de Carabineros se cumpliera y visitando comisarias y hospitales, es gracias a ese trabajo que la opinión pública pudo cuantificar la práctica constante de la policía de disparar bombas lacrimógenas y perdigones a los ojos de las y los manifestantes.

Fue a través del INDH, entre otros organismos, como pudimos dimensionar el ataque de Carabineros hacia quienes protestaban. Al 30 de diciembre el INDH contabilizaba 359 personas con daños oculares en el marco de las manifestaciones sociales.

¿Por qué el INDH informa que hay 172 personas con daños oculares?, cifra entregada en el Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH en su Informe Anual 2019.

¿Por qué se entrega una información parcial?, fundamentada en que los datos disponibles corresponden a las acciones judiciales del INDH, no obstante que comunicar fragmentariamente invalida el trabajo compilatorio que realizó in situ el mismo INDH.

En el citado Informe, la tabla número 4 indica que los datos se extrajeron considerando las acciones judiciales y víctimas. Entonces, si se consideró a las víctimas ¿por qué se redujo a menos de la mitad el recuento de personas lesionadas? ¿qué agrupación de víctimas de trauma ocular le entregó la información al INDH?

El problema de esta información proporcionada, no involucra al INDH como institución necesaria, no son sus comprometidos/as trabajadores/as, no es la metodología que arroja el conteo de víctimas; la dificultad es la información que la dirección del INDH entrega a la ciudadanía, a los organismos internacionales, al gobierno de Chile, referencias que minimizan la violencia del Estado en contra de la ciudadanía.

La entrega parcelada de la información en este Informe, se suma a otras declaraciones “confusas” del director del INDH,  en noviembre del 2019, Sergio Micco tras descartar que en Chile se violaban sistemáticamente los derechos humanos señaló:  “Nosotros no somos ni de Gobierno ni de oposición, pero tenemos un presidente que votó por el no; en segundo lugar, es un presidente que así como pidió el estado de emergencia, lo elevó; el toque de queda se acabó; el Ejército está fuera de las calles; se hizo un cambio de gabinete para el diálogo; las agrupaciones sociales están organizadas”, declaraciones propias de un dirigente político, no del director de un organismo que por ley debe “promover y proteger los derechos humanos de todos las personas”, sin valoraciones del presidente de la república, de quien debe mantener independencia.

Otro ejemplo vistoso, se publicó a principios de mayo del 2020 cuando Micco declaró “no hay derechos sin deberes”, desconociendo que los derechos humanos deben ser respetados y garantizados, protección reconocida en la Constitución y en los tratados internacionales que mandatan al INDH y no relativizada por el comportamiento de las/os ciudadanas/os.

En definitiva y a propósito de la denuncia sobre la parcialidad de las cifras sobre víctimas con trauma ocular, la dificultad del INDH es su director; autoridad que actúa como un político preocupado de la estabilidad institucional, las relaciones con el ejecutivo y un simulacro de “mesura” que desperfila el propósito del organismo, daña su imagen y su vínculo con la sociedad civil, redundando en mayores espacios de impunidad para los agentes del Estado que han violado y persisten en violar  los derechos humanos.

El autor es director de la Escuela de Periodismo del ICEI