En medio de la discusión del proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales y ante una eventual aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Ejecutivo están barajando la opción de recurrir, una vez más, al Tribunal Constitucional para detener la iniciativa, que deberá ser votada después de Fiestas Patrias.

Lo anterior, considerando el apoyo de aproximadamente 20 parlamentarios oficialistas a la moción, entre ellos los diputados de Renovación Nacional Jorge y Eduardo Durán y Paulina Núñez.

Sin embargo, las conversaciones en La Moneda todavía serían tibias e, incluso, habría una división de opiniones entre algunos asesores del Segundo Piso, quienes no estarían de acuerdo con presentar un requerimiento, y ministros del comité político, que son de la idea de ir al TC. Esto, porque piensan que podrían tener una recepción favorable del organismo considerando las ayudas económicas estatales para abordar la pandemia, tales como la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia y el IFE Laboral, según consignó La Tercera.

Recordemos que han sido dos los requerimientos que ha ingresado el Presidente Sebastián Piñera al TC. En el primer proyecto de retiro el mandatario no concurrió al organismo; mientras que, en el segundo, sí lo hizo y fue acogido, pero tuvieron que presentar su propia medida. En tanto, en el tercer retiro, la institución no acogió a trámite el recurso del mandatario, con siete votos en contra y tres a favor.

El diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Leonardo Soto, apuntó a las dificultades del Gobierno y expresó que “los problemas hoy día políticos que tiene la coalición son mucho más graves que los problemas o diferencias constitucionales que pudieran tener con el proyecto. Así que lo primero que tienen que hacer es ordenar su coalición y solo si logran ese propósito podrán tomar alguna decisión como la que está planteando”.

Asimismo, el parlamentario de oposición sostuvo que “la decisión que tome el Gobierno respecto de este cuarto retiro, de ir o no al Tribunal Constitucional, es una bomba gigantesca de Sebastián Sichel”.

En Chile Vamos, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, también miembro de la instancia, defendió la idea de un eventual requerimiento del mandatario al Tribunal Constitucional. “El Presidente de la República tiene ciertas facultades, él está en su derecho de ocuparlas o no. En este caso, como hemos visto lo dañino que es el cuarto retiro, porque lo han explicado los economistas de todos los colores políticos, que no se trata del cuarto retiro, sino que del acumulado del uno, dos, tres y el cuatro. Por eso el daño (a las pensiones) es exponencial. Yo pienso que él (Presidente) debiera ocupar todas las herramientas”, manifestó.

Sin embargo, en RN llamaron a la cautela, considerando la eventual aprobación del proyecto en la Cámara, donde se requiere un quorum de 3/5, es decir, del respaldo de 93 diputados. El diputado Eduardo Durán señaló que “el Gobierno debiera tomar esta situación con mucho cuidado, de tal manera que no se produzca un boomerang político” y agregó que “yo invitaría al Ejecutivo a ser parte de la discusión, a mejorar el proyecto y que también tenga un componente de parte del Presidente, porque se ve que cuenta con los votos. Entonces sería un revés muy duro de que el TC lo fuera a invalidar en su requerimiento”.

Por su parte, el abogado constitucionalista de la Universidad Central, José Ignacio Núñez, señaló que, si bien podría haber un cierto optimismo respecto a un fallo favorable del TC, el escenario sería más complejo dados los costos que podría traer más allá de los términos jurídicos.

“Considerando que este es un proyecto presentado por diputadas y diputados, tienen tal vez un pronóstico favorable para impugnarlo frente al Tribunal Constitucional, pero también está detrás que esto es un tema político. La institución cada vez más está en una situación incómoda porque se va dando cuenta de que va a ser un punto de tabla su existencia en el proyecto de nueva Constitución”, sostuvo el académico.

Mientras que el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, explicó que “la idea de que una reforma constitucional es contraria a la Constitución es una idea que nunca se había usado en la historia de Chile hasta el año pasado. Esa es una doctrina muy nueva y muy activista. Es una doctrina que en el país solamente en el derecho comparado se usa cuando un presidente, por ejemplo, quiere alterar el régimen político y perpetuarse en el poder, pero no para algo tan técnico”.

Además, otro de los escollos que tocaría enfrentar el gobierno de impulsar un eventual recurso ante el TC sería la de su defensa, aunque fuentes de Palacio señalan que es probable que no se repitan abogados, tales como Gastón Gómez y José Francisco García en los retiros anteriores.