En una deliberación que reabrió un debate que ha marcado la historia del país, el pasado 1 de febrero, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de norma que busca nacionalizar los bienes naturales, con el objetivo de que el Estado “en representación de los pueblos de Chile” tenga “el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescindible de todos los bienes estratégicos”. Así establece la moción que parafrasea el texto con el que Salvador Allende encabezó la reforma por la nacionalización del cobre en 1971.
En el articulado de la “Norma por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir” -que levantaron los y las convencionales de Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional y Popular- se dictamina que “las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, lo que generó una batería de críticas desde el circuito político y empresarial. Así, el titular de la cartera de Economía, Lucas Palacios, aludiendo a la iniciativa aseveró que “propuestas naftalínicas, trasnochadas y anticuadas no son buenas para Chile, ni tampoco para el planeta”.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, señaló que esta moción, así como otras ingresadas en la Convención, buscan redefinir la relación entre la sociedad y los recursos naturales a modo de reivindicar el concepto de “bienes naturales públicos”, que desde su óptica, se desvirtuó con la Constitución del 80 “a través de un sistema de concesiones que finalmente generó una cierta propiedad sobre los elementos de la naturaleza”.
De esa manera, señaló Moraga, la propuesta que persistentemente se instala es considerar los elementos de la naturaleza “ya no como propios de un individuo que respondan a su interés individual, sino como elementos que nos pertenecen a todos y que por ende responden a intereses colectivos”. No obstante, dijo necesario cuestionar si el Estado es el que representa esos intereses.
“Hoy día el Estado no es el que da garantías de responder a un desarrollo sustentable, muy por el contrario, si uno ve las demandas de conflictos socioambientales, un gran porcentaje se dirige contra órganos del Estado, entonces ahí hay quizás una vieja ideología de que el Estado es el mejor garante. Yo no digo que no, lógicamente el Estado debe velar por los intereses públicos, colectivos y que estos se respeten por los derechos de las personas. Ahora ¿Cómo lograr que eso se cumpla con una nacionalización solamente? No lo sé, quizás debería ir aparejada de muchas cosas para evitar que el Estado sea el principal contaminante”, sostuvo.
Y es que Codelco y Enap son precisamente las empresas más presentes en Quintero y Puchuncaví, reparó la especialista. Entonces, consideró una prioridad estudiar la realidad actual de todo el territorio nacional considerando que, en la actualidad, los recursos naturales se definen individualmente proyecto a proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto mientras aún no se cuenta, ejemplificó, “con priorizaciones del uso del territorio nacional”, que puedan dar luces de cómo ir logrando el equilibrio entre el uso de los elementos de la naturaleza y las actividades productivas.
“El desarrollo sustentable en el marco de un proyecto muy acotado es probable que se consiga, pero hoy día ya no es suficiente, es necesario ver el territorio en su conjunto. Hay que ver la región, la cuenca, cuál es su situación actual, cuáles son los escenarios climáticos futuros de cómo va a evolucionar esos distintos elementos de la naturaleza, agua, tierra, aire, en las próximas décadas y según eso ir definiendo las actividades. No puede ser estática una definición del uso del suelo hoy en día, tiene que ser dinámica e irse adaptando”, señaló.
Abordando a los detractores de la iniciativa aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, como lo fueron los gremios de la Minería -Sonami, Aprimin y el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino- Moraga dijo no comprender que aparentemente haya temas prohibidos de discutir en el marco de la Convención y es que a su juicio, “pareciera ser que mover o discutir sobre las estructuras ya instaladas genera en los grupos de interés un movimiento por desprestigiar el proceso”. Abundando en su asombro, criticó que el mismo nivel de escándalo no se produzca ante la evidencia de comunas y regiones sin agua potable, abastecidas mediante camiones aljibe en circunstancias que al lado se ubican plantaciones productivas que utilizan volúmenes considerables de agua.
“Acá hay mucha crítica de las iniciativas, pero a mí me gustaría saber cuáles son las propuestas que están al frente de estas iniciativas, como lo es la nacionalización de las empresas mineras ¿Cuál es la contrapropuesta? En términos de volumen de la actividad minera en Chile, de los beneficios de las comunidades, de la inserción de estas actividades dentro de los territorios, del uso del agua ¿Cuáles son las contrapropuestas de estos mismos grupos de interés respecto a estas escandalosas iniciativas, en respuesta a lo que podría ser la nacionalización de la minería en Chile? No la hay, ése es el problema, porque es muy fácil decir ‘esto se está llevando a un extremo’ pero bueno ¿Cómo avanzamos? Porque sabemos que el sistema que tenemos está agotado”.
Sin ir más lejos, Moraga subrayó que “en la misma explotación de litio, no se tiene resuelto el uso del agua en el norte del país y sin embargo es una actividad productiva que se está promoviendo, entonces ¿Cómo llevar este camino de equilibrio económico, ambiental y social?”, se preguntó la especialista.
Haciendo un parangón con otros países de Latinoamérica, la subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile rescató algunas características de Chile que representan, a su modo de ver, una oportunidad en términos de replantear el modelo extractivista en virtud de la sustentabilidad del medio ambiente.
“Nosotros no somos productores de combustibles fósiles que es algo que nos diferencia de otros países de la Región y que podrían estar en ese conflicto de generarlos en sus territorios sabiendo hacia donde va el mundo. Segundo, no tenemos problemas de deforestación en la magnitud que existe en otros países, al contrario, tenemos un gran potencial en materia de energías renovables, por ejemplo. Entonces creo que Chile tiene ciertas particularidades en su territorio que permiten pensar en un desarrollo de otro tipo que nos dirija hacia una economía baja en carbono pero que permita ciertos niveles de desarrollo que el país requiere para superar la pobreza, una mejor distribución y una generación de empleo”, señaló.
A eso, Moraga añadió el valor de patrimonios como la Patagonia, en cuanto se establece como un “controlador del clima, laboratorio natural, territorio prístino en muchísimos de sus sectores que podría permitir además posicionar ciertas zonas del territorios como refugios climáticos”, señaló abundando en las potencialidades que a su juicio, “pueden ser consideradas en esta transición” y pueden radicar en “actividades mucho más compatibles con las exigencias que se tienen hoy a nivel plantario”.
