A través de un comunicado, las Escuelas y Colegios Particulares Subvencionados de Quintero manifestaron su postura ante los graves incidentes ambientales que se han registrado en la zona, tras un nuevo episodio de intoxicación producto de la actividad industrial.
Según detalla el documento “a más de 50 años de la instalación de las primeras industrias contaminantes en la Bahía de Quintero, nuevamente la salud de nuestras comunidades educativas ha sido afectada por los químicos emanados desde el cordón industria”.
Asimismo, recuerda que en 2019 “la Corte Suprema fue categórica, la responsabilidad no es sólo de las industrias contaminantes sino también de los órganos estatales dependientes del Poder Ejecutivo, quienes han desatendido por largos años la integridad de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. En palabras sencillas, la acción inconsciente de las empresas y la inacción del Estado, han puesto en riesgo la salud y el futuro de todos nosotros”.
“Con un complejo industrial de aproximadamente 500 hectáreas (uno de los más grandes en Chile), con cuatro unidades termoeléctricas a carbón, dos a gas, una antigua fundición y refinería de cobre y otras empresas de químicos, lubricantes, combustibles, asfalto y cemento, y a tan solo cuatro años del último y más grave episodio de contaminación, con todos los antecedentes a la vista, las industrias no han dejado de contaminar y no se ha cumplido cabalmente con las exigencias indicadas en los fallos del poder Judicial”, agrega.
Es por ello que los establecimientos educacionales acusaron que “nadie protege a nuestra población y es un círculo vicioso que afecta permanentemente a nuestros estudiantes y a sus familias, año tras año se va mermando el futuro de todos nosotros”.
Es bajo ese contexto que exigieron a las autoridades tomar las siguientes medidas “de manera inmediata para no seguir hipotecando el futuro de nuestros estudiantes”:
1.- El Estado, a través de sus más altas autoridades, debe hacerse cargo del daño causado, implementando normas más estrictas y fiscalizaciones más certeras para proteger la salud de nuestros estudiantes frente a nuevos incidentes ambientales y poner plazos fijos para que cada una de las empresas se reconvierta de forma sustentable su producción.
2.- Las empresas deben construir junto a la comunidad un plan de remediación ambiental significativo y de alto impacto, para palear el retraso académico que han provocado las constantes cadenas de incidentes ambientales y que ponen en grave riesgo el futuro de nuestros alumnos.
3.- Las autoridades del Ministerio de Educación deben informar de manera formal y oportuna a todas las comunidades educativas, incluidos los 8 Colegios y/o Escuelas particulares subvencionados que no pertenecemos a la administración municipal, acerca de las emergencias y las decisiones administrativas tales como suspensiones de clases u otras para no tener que enterarnos mediante puntos de prensa o redes sociales, además de considerar a este importante conglomerado de Estudiantes, Apoderados y Funcionarios para consultar y buscar en conjunto posibles soluciones en el ámbito educacional en tiempos de crisis.
4.- Después de más de 50 años de olvido, de aquí al futuro nuestros estudiantes deberán transformarse en el foco de interés y preocupación de las autoridades a nivel nacional, directorios y altas gerencias de las industrias públicas y privadas del cordón y asegurar a todos los establecimientos educacionales de nuestra comuna, sin distinción, reales oportunidades de superación para los estudiantes y sus familias, en el camino de la reparación y la remediación por el terrible daño causado.
“Creemos que llego la hora de actuar, de participar y de exigir para no permitir que el futuro de nuestros estudiantes sea la Crónica de una muerte anunciada”, cierra el comunicado.
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