En una sesión que se extendió entre las 10:30 horas hasta las 13:00 horas, este jueves el pleno de la Comisión Experta recibió a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, en el marco de las audiencias que el organismo compuesto por 24 representantes desarrollará con las distintas instituciones del Estado.

La titular de la Segpres dio a conocer en la instancia su opinión sobre los aspectos que, siendo de competencia del Poder Ejecutivo, se debieran considerar en la propuesta de nueva constitución.

En ese sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno de acompañar el proceso desde su rol institucional e insistió en que para el Ejecutivo esta nueva fase constitucional no le es indiferente ni neutro, por lo que les interesa que llegue a buen puerto.

De esta manera, la secretaria de Estado –junto con destacar la tradición presidencialista en la historia constitucional del país- defendió, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para presentar proyectos que irroguen gasto fiscal, puesto que permitiría, a su juicio, el cumplimiento efectivo de la base institucional que declara a Chile como un Estado social y democrático de derecho, el cual se encuentra sujeto al principio de responsabilidad fiscal.

“Este es un punto que destacamos porque nos parece una clave en el fortalecimiento de la democracia. Los populismos se sustentan sobre la base de la irresponsabilidad en promesas incumplibles en cuanto a la mantención del equilibrio fiscal”, señaló Uriarte.

Asimismo, manifestó la necesidad de una relación simétrica entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, de modo que el Estado sea capaz de implementar los distintos derechos sociales en el tiempo, por lo que apuntó a la construcción de una cultura democrática de acuerdos.

También mencionó que desde La Moneda ven como un aspecto central la existencia de un buen Gobierno y una correcta administración del Estado, por lo que planteó que “nos parece fundamental que los principios que deben orientar la función pública estén presentes en una definición de carácter constitucional que marque ese acuerdo en que todos nos encontremos para hacer tanto la evaluación como el escrutinio público de esa función pública”.

“Desde ese punto de vista, probidad, transparencia, integridad pública, derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas y participación, prevención de los conflictos de intereses y lenguaje claro y un gobierno abierto, nos parece que es un tema verdaderamente central a la hora de pensar en este buen Gobierno y este correcto desempeño de la función pública”, expresó.

Además, otro de los aspectos que relevó la ministra dice relación con la modernización del Estado. “Es decir, ser capaces como país de tener un aparato estatal que vaya respondiendo a la dinámica del comportamiento social, político y también de innovaciones que nos llegan por el área de las tecnologías y el conocimiento. Creemos debe constituir un deber para el Poder Ejecutivo el mantenerse al día e ir incorporando esos avances en su gestión”, aseveró.